jueves, 29 de septiembre de 2011

NO TIENEN ARREGLO POSIBLE

Este Gobierno que padecemos ha carecido siempre de la más elemental decencia política, moral y ciudadana. Ya lo demostró con creces durante la campaña electoral del año 2004. Los máximos responsables del PSOE de entonces, haciendo gala de un gran cinismo, utilizaron desvergonzadamente  los graves acontecimientos de aquellos días con la exclusiva intención de obtener réditos electorales. Quién no recuerda a Rubalcaba, por ejemplo, en aquella jornada de reflexión, saltándose a la torera hasta las normas más elementales que impiden toda propaganda electoral. Y seguro que fue Alfredo Pérez Rubalcaba el inventor de aquel “pásalo” famoso, en cuyos mensajes se incitaba de manera insidiosa al ataque directo a las sedes del Partido Popular. En esos mensajes sibilinos, además de  acusar al Gobierno de mentiroso, se vinculaba el atentado de los trenes de Madrid a la dichosa guerra de Irak.

Toda aquella calumniosa propaganda surtió inesperadamente el efecto buscado y el pueblo, contra todo pronóstico,  votó mayoritariamente al PSOE y ahora lo está pagando muy caro. La crisis financiera mundial, por la incuria de un Gobierno torpe e inepto, cobró entre nosotros nuevas dimensiones y se extendió con extrema rapidez a todos los ámbitos de nuestra economía. Como nuestro Gobierno no ha sabido o no ha querido poner remedio a tiempo, se dispara el paro hasta porcentajes estratosféricos e inasumibles, lo mismo que el déficit y la deuda pública y privada. El gasto desmedido e irracional del sector público, en el que tienen mucho que ver también  las Autonomías y los Ayuntamientos,  ha dado pie a ese descomunal y asfixiante déficit.

Es cierto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha intentado poner freno a tan preocupante situación, pero lo ha hecho a destiempo y utilizando exclusivamente parches de sor Virginia. Y no es posible que Rubalcaba tenga la solución en sus manos, como se cansa de repetir una y otra vez. Él sabe muy bien que se hubiera cubierto de gloria si, en su etapa como vicepresidente primero del Gobierno, hubiera aportado las medidas precisas para salir de tan complicada situación. Además del  tremendo recorte social llevado a cabo, el mayor de toda nuestra historia, mediante el cual se rebajo notablemente el salario de los trabajadores públicos y se congelaron las pensiones, siguen pidiéndonos sacrificios un día sí y otro también.

Pero estos sacrificios y restricciones  en los gastos solamente afectan a los ciudadanos de a pié. Los miembros del Gobierno, por lo que parece,  continúan con sus privilegios y siguen dilapidando alegremente los dineros de nuestros impuestos. Ahí tenemos el caso reciente  de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde que, tal como aparece en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 5 de septiembre, abre su tómbola y reparte nada menos que 5.625.000 euros en subvenciones para incrementar la oferta legal de contenidos culturales en Internet y para promover la modernización, innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas, correspondientes al año 2011.

La mayor parte de estas subvenciones son tremendamente superfluas. Y mucho más en estas circunstancias críticas de crisis económica profunda. A la empresa BUBOK PUBLISHING, S.L., por ejemplo, se le conceden 100.000 euros para “anotación semántica y Publicación de libros electrónicos”. CROMOSOMA, S.A. se lleva un pellizco de 94.000 euros para el desarrollo del videojuego de Las Tres Mellizas.  DIGITAL BOOKS, S.L. se hace con un donativo de 96.000 euros para incrementar la oferta legal de contenidos culturales en internet. La empresa LIMITADA ILUSA MEDIA, S.L. es agraciada con 99.000 euros, sin que se especifique claramente el proyecto a desarrollar. 

Y así podríamos seguir hasta completar la importante cifra de 5.625.000 euros. Hay partidas nada despreciables, entre otras cosas, para poner en práctica un desarrollo que permita a los usuarios de publicaciones electrónicas ( ePubs), visualizarlas on-line desde cualquier dispositivo con conexión. También hay dinero para el desarrollo de infraestructuras tecnológicas para la difusión y venta de contenidos digitales en la producción de videojuegos y, faltaría más,  para el desarrollo de pantallas auto-estereoscópicas para visualización de publicidad en 3D sin gafas. El Ministerio de Cultura se ha mostrado sumamente  generoso con empresas que se dedican  al desarrollo de sistemas de gestión de descargas electrónicas de música y películas on-line. Llegados a este punto, no estaría más investigar cual es la orientación política de las empresas, tan magníficamente  agraciadas. Con seguridad que nos encontraríamos  con más de una sorpresa.

Barrillos de las Arrimadas, 11 de septiembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

sábado, 24 de septiembre de 2011

DEL SOCIALISMO A LA POBREZA

Es sobradamente conocida la preocupante frase que, según nos cuenta Dante en su Divina Comedia,  está grabada en el dintel de entrada al vestíbulo del infierno: "Lasciate ogni speranza voi ch'entrate", abandone toda esperanza, el que aquí entre. Actualmente son muchos los que, como  aquellos que jamás hicieron algo bueno en su vida, deciden imitar a Dante y su guía para que Caronte los transporte en su barca al duro infierno de la pobreza y de la miseria, a donde lleva  siempre el socialismo. Se dejan llevar inocentemente por los acicalados cantos de sirena que, sin complejos y sin miramiento alguno, elaboran cuidadosamente los falsos redentores de los pobres.

La historia se repite y no nos hace falta salir de España para comprobar fehacientemente que, cuando los socialistas manejan a su antojo los resortes del Poder, se multiplica el paro y, en consecuencia, aparecen de inmediato amplias bolsas de pobreza. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo ha descrito perfectamente: “Cuando el socialismo entra por la puerta, el empleo sale por la ventana”. La obsesión enfermiza de los socialistas por limitar la iniciativa privada, planificando absurdamente cualquier tipo de actuación individual, tiene estos enormes costes sociales. De ahí el fenómeno evidente de que la mendicidad, que parecía ya erradicada, aparezca de nuevo, y se extienda cada vez con más fuerza, en aquellos pueblos fieles  a la opción izquierdista.

Se da la circunstancia de que los socialistas, además de sus exagerados tintes  intervencionistas, son proclives a establecer elevados impuestos pretendidamente progresistas y, cómo no, tremendamente totalitarios. Con estos ingredientes, no es de extrañar que la pobreza se enseñoree de aquellos pueblos donde gobiernan. Para colmo de males y para perjudicar aún más a los sectores más débiles de la sociedad, se empecinan absurdamente en establecer un igualitarismo imposible a golpe de decreto, sin tener en cuenta la necesaria libertad. Y ya se sabe, la igualdad sin libertad se convierte  necesariamente en una tiranía manifiesta.

Si no hubiera pobreza, los socialistas tendrían que inventársela para subsistir, pues el socialismo sin pobreza real sería prácticamente impensable. Y como los mandarines de turno del PSOE lo saben, procuran mantener anestesiada a toda esa turba de menesterosos que sigue esperando inútilmente la llegada del santo advenimiento laico. Y para conseguir esto, los socialistas utilizan magistralmente los resortes que ofrece el populismo más extremo y siniestro. Se da, además, la circunstancia de que cuanto más pobre es un pueblo, más de izquierda son los gobiernos que salen de las urnas. Y si ese pueblo es radicalmente pobre, sus gobiernos serán, con toda seguridad,  de una izquierda tremendamente radical.

El comportamiento de los socialistas, cuando llegan al poder, es siempre el mismo. Reparten subsidios, sin control alguno, entre aquellas personas que carecen de medios económicos. Se olvidan intencionadamente del sabio proverbio chino que dice así: “no des peces al que tiene hambre; enséñale a pescar”. Y hacen esto porque saben que así tienen comprada su voluntad para futuras contiendas electorales. Por el mismo motivo, despilfarran alegremente enormes cantidades de dinero en subvencionar multitud de proyectos, a sabiendas de que la inmensa mayoría de ellos son  claramente inútiles y sin aplicación  práctica alguna.

Con toda esta serie de gastos, la mayor parte de ellos evidentemente superfluos, lejos de solucionar el problema, lo agravan de manera notable. Dirán una y otra vez que son ellos los que, de este modo, mantienen en exclusiva el bienestar social y que es esta la mejor manera para que, con el tiempo, los pobres dejen de ser pobres. Pero lamentablemente la realidad es muy distinta. Toda esta parafernalia de subsidios y subvenciones a lo loco no hacen otra cosa que generar más pobreza, hipotecando aún más el futuro de nuestra economía. Y como las estadísticas adversas les molestan, tratan siempre de paliar esta situación, por lo que crean cantidad de puestos de trabajo, pero eso sí, todos ellos improductivos. Ahí está, por ejemplo, la multiplicación abusiva de plazas de funcionarios o cargos similares en las administraciones controladas por los socialistas, lo que a la larga se traducirá en una mayor pobreza y, por consiguiente, en más paro y necesidades más acuciantes.

Con el tiempo y como consecuencia de la pésima actuación de los gobernantes socialistas, la situación de muchos parados se agrava de tal manera, que se ven abocados a la mendicidad. Los sindicatos no harán nada por ellos, ya que están centrados casi exclusivamente en asuntos políticos y en acaparar subvenciones. El Gobierno tampoco ya que carece de medios porque los dilapidó tontamente y sin miramientos. Los indignados del 15-M pasan olímpicamente de ellos, pues tienen bastante con sus asambleas laicas en Puerta de Sol o en otras plazas de las grandes ciudades. Así que estos nuevos pobres de solemnidad no les quedan más recursos que las puertas de las iglesias, Cáritas o hurgar en los contenedores de basura situados en las proximidades de los grandes centros comerciales. Quizás esto le de una pista al ex alcalde de Getafe,  Pedro Castro, y comprenda de una vez por qué hay tanta gente que vota a la derecha.

Barrillos de las Arrimadas, 7 de septiembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

martes, 20 de septiembre de 2011

LOS DESMADRES DE JOSÉ BLANCO

Cada vez que José Blanco aterriza en una de las emisoras que ideológicamente están en línea con el Gobierno y da rienda suelta  a su verborrea disparatada, me acuerdo de aquel fragmento de La vida es sueño donde Calderón de la Barca, dirigiéndose a los cielos, pregunta qué delito pudo cometer naciendo. Y es que, dejando a un lado el delito de haber nacido, algo muy grave habremos hecho  para que se nos condene a escuchar impávidos las tremendas bufonadas de  Blanco. Y es que en su discurso no hay ideas, ni hay propuestas coherentes que sirvan para solucionar alguno de los muchos problemas que padecemos. Para hacer más odioso su discurso, no hace más que repetir, una y otra vez, las habituales diatribas con que obsequian diariamente al Partido popular.

Hoy fue en Radio Nacional de España, pero pudo haber sido en la Cadena SER, en Punto Radio  o en cualquiera de las televisiones que siguen fielmente los dictados de La Moncloa. El portavoz del Gobierno y ministro de Fomento, José Blanco, se desmelenó en las críticas y fue elevando su tono en cada acusación que lanzaba contra el Partido Popular. Contribuyó a ello la actitud parcial del conductor del programa que no hacía más que jalearle, incitándole a ir cada vez más lejos. Los reproches más ácidos  fueron dirigidos contra Mariano Rajoy, al que acusa de “defender a rentistas” con su posición en contra del impuesto de patrimonio, justificar los recortes sociales en las Comunidades donde Gobierna el Partido Popular y, como no, impulsar con el tiempo el copago sanitario.

Según José Blanco, es intolerable que el presidente del Partido Popular haya "salido a defender a un amigo rentista y a justificar los recortes en educación y en sanidad" que se están aplicando ya en varias comunidades autónomas regidas por el Partido Popular. Dice que el Partido Popular está enseñando “un poco la patita” y que los ciudadanos no tardarán mucho en darse cuenta "poco a poco de lo que hay detrás de su pensamiento". Y Blanco eleva su tono cuando afirma que con Rajoy "los que tienen más no pagarán más aunque eso suponga tener menos profesores y una sanidad con recortes”.

Las andanadas de Blanco van dirigidas también contra la Fundación FAES, “el laboratorio de pensamiento del PP”, por haber elaborado el documento que recomienda la próxima introducción del copago sanitario. Dice que se ha hablado poco de este documento porque Mariano Rajoy  ha pedido “que se meta en el congelador”. Pero para Blanco "el informe está ahí" en el que se establece claramente que "por ir al médico habrá que pagar una cantidad, y eso se llama copago". Acusa al líder popular de ser muy poco preciso en las propuestas que hace y en las opiniones que emite, porque está convencido de que "la indefinición le puede llevar a la victoria electoral".

Llama la atención  la dureza empleada por José Blanco para criticar la actuación de Esperanza Aguirre en Madrid y de María Dolores de Cospedal  en Castilla-La Mancha. Habrían iniciado ya, de acuerdo con Rajoy, su particular acoso y derribo del estado de bienestar, imponiendo duros recortes en sanidad y educación. Además del evidente deterioro de la sanidad pública que van a sufrir en breve los usuarios de la misma, el aumento de horas lectivas para el profesorado, según Blanco,  afectará directa y negativamente a la calidad en la educación, ya que disminuirá drásticamente el número de profesores interinos.

Se olvida José Blanco, sin embargo de lo que se cuece en la Junta de Andalucía. Fue esta Comunidad, y no Madrid, la primera que pasó de 18 a 20 horas lectivas y no se levantó ningún revuelo. Las protestas y hasta la huelga aparecen ahora en la Comunidad de Madrid, cuando en realidad no ha hecho más que copiar lo que ya se había hecho en Andalucía un año antes. Ahora la Junta de Andalucía, aunque se vanagloria de no haber efectuado “ningún recorte”,  ha ido más lejos y aparta  a unos 500 profesores interinos de su trabajo como profesores en la Educación Infantil, en Primaria y en Educación Especial. Y tampoco esto ha dado lugar  a ningún tipo de protesta.

Aunque José Blanco lo silencie, es bastante más sangrante lo que tenía preparado para Castilla-La Mancha el inefable José María Barreda. Según revela El Mundo, el ex presidente Barreda había preparado un plan, en connivencia con el Ministerio de Economía,  mucho más draconiano que el de María Dolores de Cospedal, y que hubiera aplicado sin duda alguna en Castilla-La Mancha si no hubiera perdido las elecciones. Lógicamente él lo negará ahora, pero las evidencias cantan. Si los manchegos le hubieran renovado su confianza, Barreda tenía previsto, ahí es nada,  hasta privatizar colegios y residencias de mayores y  pasar a régimen de peaje las autovías y autopistas de la Comunidad.

Para el ministro de Fomento, José Blanco, lo mismo que para todo el PSOE, el bienestar social únicamente está en peligro cuando gobierna la derecha. Con los socialistas no hay problema. Como mucho, pueden hacer algún ajuste menor, pero solamente para preservarlo. La historia, que es terca como la realidad, nos dice todo lo contrario, que los mayores recortes, y los más incomprensibles, los han protagonizado siempre los Gobiernos de izquierda. Ahí están, por ejemplo, los recortes del Gobierno de Zapatero con la reducción de los salarios a los trabajadores públicos y la congelación de las pensiones. Y no se lo recuerdes, porque te acusarán de que les estás atacando de un modo absolutamente despiadado y furibundo. No obstante esto, va Blanco y dice: “somos un país serio”

Gijón, 19 de septiembre de 2011

José Luis Valladares Fernández

viernes, 16 de septiembre de 2011

AHORA VIENEN LAS PRISAS

Yo he leído, no sé si en El Mundo, una bonita frase de Albert Boadella, en la que deja entrever el bajo concepto que tiene de nuestro presidente. Con la gracia que le caracteriza, el genial dramaturgo catalán nos dice: "Primero, creía que Zapatero se lo tomaba en serio. Después, pensé que no se enteraba. Y ahora pienso que tiene un morro monumental”. Creo sinceramente que Boadella, a pesar de lo fuerte de la expresión utilizada,  se ha quedado un poco corto a la hora de enjuiciar el comportamiento de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues es más que innegable que nuestro presidente, además de tener un morro que se lo pisa,  no se entera absolutamente de nada. Es el típico diletante de la política que, sumamente engreído y sin mayores luces, piensa que ha sido llamado para redimir a la sociedad española.

Como si fuera un nuevo Eneas a su llegada al Lacio, Zapatero se creyó investido por los dioses para interpretar las diversas exigencias del espíritu democrático de cada momento. Ilusionado con tan extraordinaria misión, enarbola decididamente la bandera del bienestar social. Para facilitar el desarrollo de su política, decide comprar a los sindicatos la paz social a cambio, eso sí, de ingentes cantidades de dinero público. Decidido a pasar a la historia como el presidente que más protegió los derechos de los trabajadores, no hubo mitin, entrevista o comparecencia que no prometiera solemnemente que jamás haría recortes sociales para salir de la crisis.

Fueron tremendamente llamativas las promesas formuladas en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga el 21 de febrero del pasado año de 2010. Ante más de 16.000 personas volvió a repetir, con toda solemnidad, que pondría en marcha un plan de “máxima austeridad”, dejando muy claro que los trabajadores no se verían sorprendidos.  “Lo vamos a hacer bien, garantizando que el gasto social no se va a recortar”, precisó. Y para levantar el ánimo de los oyentes, agregó decididamente: “con migo de presidente jamás habrá en este país recortes sociales. Los trabajadores no van a perder derechos en la reforma laboral”. Pocos días antes había repetido, en el Congreso de los Diputados, prácticamente la misma cantinela; habría recortes en las políticas  de gasto, sin que estos afectaran, en modo alguno, “a ninguno de los programas de protección social".

Pero todo esto, como era de suponer, terminó como el cuento de la lechera. Apenas dos meses después, en mayo de 2010, y ante el riesgo de una inminente bancarrota de España, José Luis Rodríguez Zapatero no tuvo más remedio que  desdecirse y presentar en el Congreso, con carácter de urgencia, un paquete de recortes que dejaban en nada todas sus anteriores promesas. La seria advertencia que le llegó de Bruselas fue determinante para que el presidente del Gobierno, entre otras medidas, pusiera en práctica el mayor recorte social de la historia española, congelando inesperadamente las pensiones y rebajando, de manera notable, el salario de los trabajadores públicos.

En este pasado mes de agosto de 2011 se ha vuelto a repetir la rocambolesca  historia, demostrando palpablemente que, o estamos intervenidos de una manera discreta y encubierta, o somos claramente un protectorado del Banco Central Europeo (BCE). Ante la disparatada y peligrosa subida de la prima de riesgo en Italia y en España, y para reducir el riesgo que esto comporta, el BCE decide comprar de inmediato importantes cantidades de bonos de ambos países. A los pocos días de la primera adquisición, el Gobierno de Berlusconi, por lo que parece, recibe una carta del BCE, exigiendo la adopción de determinadas medidas. El Gobierno italiano contesta a los pocos días con un plan de ajuste determinado, en línea con lo estipulado por Bruselas.

Nuestro Gobierno, aunque con muy poca convicción, quiere dar a entender que no ha recibido ninguna carta, remitida por el BCE, similar a la recibida por el Gobierno italiano.  Se empeñan en hacernos creer que las medidas propuestas últimamente desde La Moncloa no responden, en absoluto, a ninguna exigencia procedente del exterior. Son fruto, según nos dicen,  de una decisión personal y responsable de Zapatero y de su equipo económico. Semejante afirmación resulta muy poco creíble, pues nos encontramos con los mismos problemas, si no más graves, que los italianos y no es pensable que Bruselas nos trate a nosotros de manera más  deferente y con una mayor benevolencia.

Es, además, tremendamente sospechoso que se produzca el anuncio de estas reformas, la reforma constitucional, la laboral y la fiscal,  en plena compra de bonos por parte del BCE. Y más aún al comprobar que se trata de unas medidas extremadamente polémicas y contestadas dentro del PSOE. No olvidemos que la reforma de la Constitución, para limitar el déficit público, es una vieja propuesta de Mariano Rajoy que ha sido reiteradamente rechazada por los socialistas y que Alfredo Pérez Rubalcaba intentó ridiculizar entonces. Por otra parte, resulta muy extraño que el Gobierno comenzara a plantearse esta reforma constitucional solamente unas horas después de que el BCE anunciara la compra de bonos españoles.

La reforma laboral que el Gobierno pretende imponer ahora, va a levantar verdaderas ampollas entre los sindicatos de clase y hasta en las mismas bases del propio partido socialista. Siendo esto así, si Zapatero mantiene tercamente semejante medida, es que ha recibido de Bruselas algún requerimiento claro y contundente en ese sentido. En líneas generales, la reforma propuesta ahora anula  algunos puntos que habían sido consensuados con los sindicatos en la reforma anterior. Los sindicatos mayoritarios ya han puesto el grito en el cielo, al comprobar que se intenta suspender durante dos años el límite actual que impide encadenar contratos temporales.

Juntamente con la reforma constitucional y a la reforma laboral, el Gobierno intenta también imponer una reforma fiscal que comportaría un nuevo aumento tributario. Y como las exigencias recibidas de fuera son tan apremiantes, la tramitación de todas estas reformas hay que hacerla obligatoriamente por la vía de urgencia. Es la única manera que le queda a este Gobierno para mitigar urgentemente los problemas económicos, generados por su torpe manera de actuar a base de bandazos  inverosímiles e improcedentes ocurrencias.

Barrillos de las Arrimadas, 30 de agosto de 2011

José Luis Valladares 

lunes, 12 de septiembre de 2011

OCURRENCIAS MALINTENCIONADAS

El partido socialista aquí en España, como en los mejores tiempos de Pablo Iglesias, sigue valiéndose de la mentira y del engaño para conseguir sus fines. Si analizamos el famoso debate, protagonizado por Pedro Solbes y Manuel Pizarro en vísperas de las elecciones generales de 2008,  veremos que el antiguo Ministro de Economía y Hacienda mintió a discreción, ocultando cantidad de datos interesantes y desfigurando otros muchos. Se empeñaba desvergonzadamente  en desmentir a Manuel Pizarro que era el que, de manera descarnada, decía la verdad y exponía honradamente las situaciones dramáticas que viviríamos si de manera urgente no se tomaban las medidas oportunas.

El pueblo desoyó las prudentes advertencias de Pizarro y creyó mayoritariamente  a Pedro Solbes y, en consecuencia, el PSOE ganó las elecciones, llevándonos a este tremendo fracaso económico que padecemos. Una gran parte de los que entonces votaron alegremente a Zapatero, hoy se han dado cuenta de su tremendo error y, aunque tarde, se han dado cuenta de que se trata de un  personaje tan sumamente incapaz como incompetente, que ni ha sabido ni ha querido adoptar las medidas precisas para evitar nuestra más que posible quiebra económica. Cuando la crisis económica ya estaba haciendo verdaderos estragos en nuestro tejido industrial, Zapatero insistía en que estábamos en la “champions league” de la economía mundial.

Ni “champions league”, ni gaitas. Estamos padeciendo una terrible crisis económica, agravada innecesariamente por la tozudez de un Gobierno incompetente que, en vez de coger el toro por los cuernos, se ha limitado a ensayar simples y torpes ocurrencias. Según dice Alfredo Pérez Rubalcaba, con toda la mala uva de que es capaz semejante personaje, “Se puede salir de la crisis por la izquierda, todos juntos, o por la derecha, con recortes y privatizaciones”. Ni que fuera de derechas todo el Gobierno de Zapatero, incluido el propio Rubalcaba que fue vicepresidente primero del mismo hasta hace muy pocas fechas, pues han intentado salir de la crisis “con recortes y privatizaciones” exclusivamente.

En vez de ajustes presupuestarios serios, Zapatero y los suyos han elegido el camino más fácil y menos efectivo: los recortes sociales a las personas más necesitadas.  Ahí está, por ejemplo, la supresión de aquellos 420 euros iniciales, que percibían los parados de larga duración cuando habían perdido el derecho a la prestación por desempleo. Tenemos también la reducción salarial aplicada sin contemplaciones a los trabajadores públicos y, cómo no,  la escandalosa congelación de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación. Sin embargo no han querido meter la tijera al dinero destinado a la sospechosa ayuda al desarrollo, que es por donde se van cantidades ingentes de euros. Tampoco quieren recortar lo empleado en el sector público y siguen empeñados en gastar o, para ser más exactos, en malgastar lo que no tenemos, fundiendo siempre más de lo que se ingresa.

Pedir al equipo de José Luis Rodríguez Zapatero que llegue a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular ha sido siempre misión imposible. Y aún es mucho más difícil que hubieran aceptado alguna de las sugerencias procedentes del entorno de Mariano Rajoy. No olvidemos que los socialistas, dando muestras de una evidente inmoralidad política, aceptaron entusiásticamente  lo del cordón sanitario propuesto por los titiriteros del NO a la guerra, y fueron los principales promotores del vergonzoso Pacto del Tinell. Ahora, sin embargo, piden árnica porque se ven ya en una dura y larga travesía por el desierto de la oposición. Y como no soportan un prolongado alejamiento de las áreas de poder, quieren concertar, a toda costa, algún tipo de acuerdo con el Partido Popular que les permita seguir participando de alguna manera en las decisiones oficiales del próximo Gobierno.

El primero en levantar la voz fue José Bono, actual presidente del Congreso, pidiendo claramente un Gobierno que llama “patriótico” de los dos grandes partidos nacionales. Dice que el PP y el PSOE deben entenderse y gobernar juntos para hacer frente, de una manera fiable, a la grave crisis que padecemos. No lo dice, pero fundado en uno de esos mantras absurdos, tan frecuentes en la izquierda española, seguro que piensa que ese Gobierno de coalición debe ser dirigido por alguien del PSOE. En todo caso, Bono está seguro que, con adelantar aún más las elecciones, no se solucionarían en absoluto nuestros problemas. Sí “sería bueno”, en cambio, que los mercados percibieran que el PSOE y el PP marchen juntos y unidos y den una sensación clara de que se entienden entre sí.

También Ramón Jáuregui,  ministro de la Presidencia, se decanta por la conveniencia de que el PSOE y el Partido Popular consensuen, en la próxima legislatura, grandes acuerdos colectivos “en todo” que nos ayuden a salir de esta crisis. "España  -dice- está llamada a abordar algunas reformas profundas e importantes, porque llegan nuevos tiempos". Y sin acometer decididamente amplias reformas estructurales, consensuadas entre los dos grandes partidos, que agilicen la administración y eviten duplicidades, nuestra economía continuará siendo poco competitiva y, en consecuencia, no habrá solución posible para el enorme problema del paro que padecemos.

Más o menos, Ramón Jáuregui, en el tema de las diputaciones provinciales, está en la misma onda de Alfredo Pérez Rubalcaba. Según Jáuregui, el acuerdo entre el PSOE y el PP debiera servir para reformar las diputaciones. Es éste un tema que exige valentía para plantear “una reforma profunda” y "suprimir una exagerada estructura institucional". Quieren que desaparezcan, de una tacada, las 38 diputaciones provinciales de las que prácticamente han sido barridos los socialistas, y se librarían de la quema, eso sí,  las forales, los cabildos y los consejos insulares, donde aún conservan cierto protagonismo. Sería un Consejo de Alcaldes, según Rubalcaba el que sustituiría a las diputaciones en la administración de las provincias. Dicen que así, nos ahorraríamos unos mil millones de euros.

No sé si es obra de José Luis Rodríguez Zapatero, o es una aportación de otra mente privilegiada. El caso es que el Consejo de Ministros del pasado viernes, 19 de agosto, se descuelga con una última ocurrencia, tan luminosa o más que las anteriores y aprueba un Real Decreto Ley en el que, además de otras medidas, se obliga a las grandes empresas a liquidar anticipadamente el impuesto de sociedades. De este modo el Ejecutivo recaudaría en 2011 unos 2.500 millones de euros por adelantado. Aparte del perjuicio indudable que, con esta medida, se ocasiona a las empresas, es dinero que se dejará de recaudar en 2012. Dan por supuesto, claro está, que para esas fechas estarán ya fuera del Gobierno y serán otros los que apenquen obligatoriamente con esa complicada situación

Barrillos de las Arrimadas, 23 de agosto de 2011

José Luis Valladares Fernández 

martes, 6 de septiembre de 2011

¿GOLPE BAJO A LA JUSTICIA?

A medida que avanzaba el juicio sobre los trágicos sucesos del 11-M, crecía aceleradamente la consideración por el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez. Fuimos muchos los que nos ilusionamos con su manera de enjuiciar los hechos que, por otra parte, ponía tan nerviosos a cuantos defendían interesadamente la versión oficial. Cada nueva petición de pruebas, hecha por el juez Bermúdez, se convertía en un duro golpe en la moral de los funcionarios implicados en la alteración de pruebas, por su posible responsabilidad penal. Hasta casi una semana antes de producirse el fallo, el presidente del tribunal daba a entender que habría deducciones de testimonio para alguno de los mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Está muy claro que el juez Bermúdez sabía perfectamente que el explosivo que reventó los trenes no pudo ser Goma 2 ECO por la presencia evidente en el mismo del dinitrotolueno, que es un componente evidente del titadyn. Las cintas de la pericia sobre los explosivos utilizados en los atentados del 11-M, que tenía en su poder, reflejaban claramente las expresiones espontaneas de los técnicos encargados de los análisis. Estos técnicos, tanto los policiales como los de las partes, dieron a entender, de un modo u otro, que la Goma 2 ECO, procedente de la mina asturiana, no fue lo que estalló en aquellos trenes de cercanías. Más aún,  el juez Bermúdez comprobaría fehacientemente por sí mismo, que dichos técnicos se olvidaban de lo grabado en su día en las cintas y se inventan una nueva versión, más acorde con las pretensiones de la Fiscalía, dando por buena  la versión oficial.

Llegó la hora de dictar sentencia, y  Javier Gómez Bermúdez, contra todo pronóstico, cambia también de opinión frustrando y decepcionando a los familiares de las víctimas masacradas en los trenes y a cuantos habíamos creído en su imparcialidad. Poco antes de hacer pública la sentencia, según nos dice el químico Antonio Iglesias en su libro Titadyn, Gómez Bermúdez trasmitió confidencialmente a otro magistrado las claves del fallo, según las cuales, quedaría sin establecerse la autoría intelectual del atentado, Emilio Suarez Trashorras sería condenado exclusivamente por tráfico de explosivos y habría deducciones de testimonio para algunos mandos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Según testimonio de Federico Jiménez Losantos, no solamente dio a entender a un grupo de periodistas “con absoluta claridad que iba a deducir testimonio”. Dijo, además, a las víctimas que “se irán caminito de Jerez”, haciendo así referencia al penal de El Puerto de Santa María. Poco tiempo después, para desilusión de muchos y sin que sepamos los verdaderos motivos, el presidente del tribunal cambia de opinión inesperadamente y dicta una sentencia que, al menos de manera aparente, guarda muchas similitudes con la versión oficial y con las conclusiones aducidas machaconamente  por la Fiscalía. En la sentencia definitiva no se determina, como ya había anunciado, la autoría intelectual del atentado, pero tampoco hubo deducciones de testimonio para ninguno de los mandos policiales implicados. Suarez Trashorras, eso sí, cargaría con una condena de 40.000 años de prisión por aportar la Goma 2 ECO que, a pesar de todo,  no pudo estallar en los trenes.

No sabremos nunca si el juez Gómez Bermúdez tomó esta decisión a última hora a cambio de alguna prebenda ofrecida por el Gobierno, relacionada naturalmente con su carrera profesional, o actuó así de manera interesada, con el ánimo de agradar al Gobierno, esperando que éste sepa agradecérselo generosamente con algún nombramiento interesante. En cualquier caso, se trata de un golpe bajo a la credibilidad de la Justicia, tanto si la redacción definitiva de la sentencia responde a una transacción con el Gobierno, como si es simplemente un intento personal de agradarle. Es normal que, con esta problemática sentencia, Javier Gómez Bermúdez perdiera toda su buena reputación anterior.

Y,  por lo que parece, continúa esa sospechosa armonía del juez Gómez Bermúdez con los responsables del Gobierno. De ahí que Gómez Bermúdez, utilizando sus competencias como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, intentara echar un capote a los miembros del Ejecutivo español, con su chocante decisión sobre el caso Faisán. En principio, correspondería a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional resolver los recursos interpuestos por el ex director general de la Policía y dirigente del PSE, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros. El juez Gómez Bermúdez en cambio, quizás para ayudar a todos los implicados, resuelve que sea el pleno de la Audiencia Nacional el que resuelva, en apelación, los recursos interpuestos contra los tres altos mandos policiales procesados por el chivatazo a ETA.

Da la sensación de que Gómez Bermúdez, al igual que el Ministerio Fiscal, se ha adherido igualmente al recurso planteado por los acusados, centrado básicamente en que no puede haber colaboración con ETA para lo que se exigiría “como punto de partida una mínima afinidad, adhesión o sintonía ideológica". El juez Gómez Bermúdez no solamente va contra el parecer del juez Pablo Ruz, instructor del chivatazo, y del dictamen aportado  por los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que ven en el caso una colaboración manifiesta con la banda terrorista; va incluso más lejos y se posiciona contra su propia doctrina, reflejada en su polémica sentencia del 11-M, donde señala con rotundidez que "el delito de colaboración con banda armada ni siquiera exige que el colaborador comparta los fines políticos o ideológicos de los terroristas, sino que basta con saber que se pone a disposición de esos criminales un bien o servicio, que se les está ayudando o facilitando su ilícita actividad".

Lo que escribió Gómez Bermúdez para fundamentar jurídicamente aquella sentencia del 11-M, parece pensado para el caso del chivatazo a ETA en el Bar Faisán. De acuerdo con la doctrina aquí expresada, tienen toda la razón  los jueces de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional y del propio Pablo Ruz. Pero los tejemanejes y compadreos con el Gobierno,  como los protagonizados por el juez Javier Gómez Bermúdez, perjudican seriamente a la Justicia. Si hace tiempo Pedro Pacheco, con muchos menos motivos se atrevió a decir que “la Justicia es un cachondeo” ¿qué no diría hoy a la vista del desenlace de la sentencia del 11-M y el giro que se pretende dar al procesamiento de los implicados en el caso Faisán?

Barrillos de las Arrimadas,  14 de agosto de 2011

José Luis Valladares Fernández

viernes, 2 de septiembre de 2011

EL DESPRESTIGIO DE LA JUSTICIA


La Justicia española, desde hace ya mucho tiempo, es una de las instituciones del Estado más desprestigiadas. Cada vez son más los ciudadanos que piensan que funciona mal, e incluso muy mal. La principal causa de esa creciente desconfianza hacia la Administración de Justicia está en la falta manifiesta de independencia. Con la reforma  de la Ley Orgánica del Poder Judicial, llevada a cabo por el PSOE en 1985, se puso fin a la división clásica de poderes y comenzó la mediatización de la misma por parte del Gobierno y de los partidos políticos. Alfonso Guerra anunció gráficamente este hecho, diciendo que “Montesquieu ha muerto”.

Esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no deja de ser una modificación encubierta de nuestra Constitución, ha servido lamentablemente para que los partidos políticos puedan controlar al Poder Judicial, rompiendo así las normas más elementales de una auténtica democracia liberal. Como consecuencia de esto, los jueces difícilmente administraran justicia sin mirar de soslayo al Gobierno de turno. Pues saben muy bien que es el Ejecutivo el que les nombra para esos cargos de prestigio que mejoran su carrera judicial, y también el que los destituye, si su sumisión  al poder político no es efectiva.

A esta falta de independencia de los diferentes órganos judiciales, que tanto influye en el desprestigio actual de la Justicia, se une la actuación irresponsable de algunos miembros, jueces o fiscales, que pertenecen al entramado de ese mundo judicial. Es muy conocido el comportamiento deshonesto del hoy ex juez Pascual Estevill, tan dado a las extorsiones y a las denuncias falsas. No menos llamativo, aunque en otro orden, es el caso de Baltasar Garzón, el famoso juez estrella que, en todas sus actuaciones, buscaba afanosamente el espectáculo y la notoriedad, y no siempre cumpliendo de manera escrupulosa con la legalidad vigente. Además de Garzón, hay otros jueces y otros fiscales igualmente responsables de que los ciudadanos pierdan su confianza en la justicia.

Para acabar de desprestigiar a la Justicia, hasta hay policías que se prestan voluntariamente a los torpes enjuagues del Gobierno. Y, en consecuencia, tratan de manera mucho más benevolente a los presuntos corruptos que son afines o pertenecientes al partido del Gobierno que si son de la oposición. Cuando se trata de miembros del Partido Popular, se les esposa a las primeras de cambio y se avisa a las cámaras de televisión para mostrarlos públicamente a los televidentes.  Y después se filtran a la prensa datos pertenecientes al secreto del sumario, sometiéndoles así a un juicio paralelo. Es extremadamente grave, si es verdad lo que contó La Gaceta hace ya tiempo, el caso de una sobrina segunda del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por su posible implicación en el caso “Malaya”. Después de consultar al Ministerio de Interior, la policía abandona una línea de investigación para evitar que dicha sobrina apareciera en las diligencias del caso.

El Gobierno actual, con su manera de administrar los nombramientos y los ascensos de jueces y fiscales, ahonda esa desconfianza que los ciudadanos sienten hacia la Justicia. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es ya irrecuperable. Es verdad que hay muchos jueces y fiscales, la inmensa mayoría,  que administran justicia responsablemente. Pero el daño que hacen esos pocos, que evitan encausar a ciertas personas porque se las estigmatiza, invalida la labor callada y comedida de los que prescinden de politiquerías y procuran hacer su labor lo mejor que saben, de acuerdo con los escasos medios de que disponen.

Para recuperar credibilidad entre los ciudadanos, es preciso que los partidos políticos renuncien, de manera inmediata, al sistema actual de cuotas en los diferentes órganos judiciales. Solamente así, con la recuperación de su independencia, volverían los ciudadanos a creer plenamente en la Justicia. Si se restituyera la separación de poderes,  el prestigio de la Justicia volvería de nuevo y podría volver a contar con toda seguridad con la confianza de los ciudadanos. Necesita recuperar de nuevo la famosa venda que tapaba sus ojos, para no tener más datos de referencia que el fiel de la consabida balanza.

Barrillos de las Arrimadas 13 de agosto de 2011

José Luis Valladares Fernández