domingo, 26 de febrero de 2012

LA IZQUIERDA PIERDE LOS PAPELES

Son muy significativos los sucesos violentos que alteran gravemente la paz social en Valencia. Todo comenzó con unas concentraciones de naturaleza aparentemente espontanea y pacífica, de los alumnos del instituto valenciano Luis Vives que protestaban ruidosamente por la supuesta falta de calefacción en las aulas y por los recortes en educación. El carácter pacífico de estas manifestaciones se rompió muy pronto por la actuación de grupos radicales de izquierda, que nada tienen que ver con los estudiantes. Los alborotadores profesionales calientan sin el menor rubor a los estudiantes hasta que consiguen “reventar” la calle.

Cuando esos grupos violentos logran cortar el tráfico y tiene lugar el enfrentamiento violento con la policía, si pueden, se quitan de en medio para que sean los incautos alumnos los que reciban los golpes y así tener una disculpa más para organizar nuevas algaradas callejeras, como en realidad sucedió. Aprovecharon esta circunstancia para contagiar a otras ciudades, principalmente a Madrid y a Barcelona, y para ampliar el objeto de la protesta. Ahora se manifiestan  airadamente contra los recortes, la corrupción y la violencia policial. Piden además la dimisión de Paula Sánchez de León, delegada del Gobierno en Valencia.

Las protestas estudiantiles valencianas no son en absoluto espontaneas, como quieren hacernos ver. Responden a una verdadera estrategia, urdida intencionadamente por fuerzas radicales y violentas de extrema izquierda, entre las que tienen un papel muy destacado Compromis,  los anti sistema, perroflautas, ocupas y demás ralea  que en su día integraron el Movimiento del 15M y la colaboración de algún profesor desaprensivo. Y a esta alteración del orden público lo llaman “primavera valenciana”. Queda muy claro que, con estos altercados callejeros, buscan directamente provocar a la policía para que ésta responda, para acusarla después de violenta. Hay que hostigar al nuevo Gobierno y no darle el más mínimo respiro. Y  
para eso, nada mejor que airear la brutalidad policial, sea ésta real o simulada.

Toda esa patulea perroflautera aprovecha unas protestas estudiantiles para subvertir el orden y la convivencia pacífica de la sociedad. Siguiendo al pie de la letra consignas dadas por internet, provocan a la policía y, a la vez, tratan de pasar por ciudadanos corrientes. Se trata de una especie de manual de guerrilla urbana, para aparentar ser víctimas en el enfrentamiento con los agentes del orden, y granjearse así la simpatía de la opinión pública. “Como Grecia arderá Valencia” repetían desaforadamente una y otra vez, y se entusiasmaban ante las soflamas del impresentable Alberto Ordoñez, que les animaba a mantener la lucha con frases tan torpes como esta: “hay que arrasar Valencia a sangre y fuego”.

Esta caterva de impresentables, debidamente adiestrada, ha salido de aquellos grupos de gentes que se decían “indignados”. Entonces ocupaban impunemente las plazas más importantes de las ciudades de España con la aquiescencia malévola de Alfredo Pérez Rubalcaba, a la sazón vicepresidente primero del Gobierno y Ministro del Interior. Disimulaban su verdadera intención, protestando simplemente contra el sistema político en general. Lo que en realidad hacían de aquella estas falanges de Rubalcaba, aparece hoy muy claro: ensayaban ya entonces futuras actuaciones contra el Partido Popular por si, como se esperaba, ganaba abrumadoramente las elecciones generales. Se trata de una tropa despreciable, manejada a placer por los socialistas y dispuesta a formar comandos de agitación permanente en la calle, para obstaculizar la labor del Gobierno de Rajoy y provocar su desgaste prematuro.  

También cuentan  los socialistas con la inestimable ayuda de los sindicatos de clase. La segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero resultó ser extremadamente complicada. El enorme despilfarro de dinero durante los años de las vacas gordas y la tremenda crisis económica surgida posteriormente, ponían en peligro  la estabilidad de su Gobierno. Para hacer frente a semejante problema, necesitaba ante todo asegurar la paz social. De ahí que el Gobierno socialista intentara ganarse la confianza de los sindicatos obreros, comprando obviamente su silencio y su renuncia a las manifestaciones y, sobre todo,  a las huelgas  y a cualquier tipo  de revueltas.

Y esto lo hizo el Gobierno socialista a base de cuantiosas subvenciones. Desde el año 2008 hasta el año 2011, CC.OO y la UGT se llevaron más de mil millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado. Como ahora el Gobierno es de derechas, los sindicatos de clase se sienten obligados  a devolver al PSOE sus antiguos y generosos favores. Y la mejor manera de hacerlo es ocupando la calle, o incendiándola, o arrasándola a “sangre y fuego”. No importa que para esto tengan que seguir dando la espalda a los trabajadores y, sobre todo, a los parados. Y los socialistas aprovechan, sin el menor reparo, la incendiaria disponibilidad de los  sindicatos.

La izquierda es así y no tiene arreglo posible. Es incapaz de digerir sus derrotas y, cuando pierde, traslada inmediatamente a las calles lo que no puede ganar en las urnas. Considera que son ellos los que deben gobernar y cada vez que la sociedad les aparta del Poder es porque se equivoca gravemente. Cuando sucede esto, la izquierda se ve perdida y, sin pensárselo dos veces, se lanza a la calle para  protestar airadamente por tan tremenda injusticia. Consideran descabellado que gobierne la derecha aunque, como en esta ocasión,  obtenga en las elecciones una mayoría aplastante.

Lo malo, lo verdaderamente preocupante es que la derecha participa de ese mismo sentimiento y se siente inferior a la izquierda. Cuando la derecha  gana las elecciones, se acompleja y gobierna con prevención y miedo, pidiendo prácticamente perdón por las decisiones que pueda adoptar.

Gijón, 26 de febrero de 2012

José Luis Valladares Fernández

miércoles, 22 de febrero de 2012

EL PARO Y SUS PROBLEMAS


Los datos sobre paro de enero de 2012, suministrados por los Servicios Públicos de Empleo el pasado día 2 de Febrero, son altamente preocupantes. A los 4.422.359 desocupados que venían de atrás, hay que sumar ahora otros 177.470 más, lo que eleva la cifra de personas que quieren trabajar y no pueden a la espeluznante cifra 4.599.829 parados, un 4,01% más que en diciembre de 2011. Todo un record en la vida laboral española y una enorme tragedia para todas aquellas personas que no encuentran la manera de trabajar.
El paro femenino creció en enero en 98.815 mujeres, lo que representa un 4,47 más en relación con diciembre. Según el antiguo INEM, son 2.311.436 las mujeres paradas. El paro masculino aumentó 78.655 en el mismo periodo, lo que representa un 3,56%, y suma un total de 2.288.393 hombres parados. Si comparamos el paro de enero de 2012 con el registrado en enero de 2011, las diferencias son bastante más abultadas, ya que el paro masculino subiría en 183.154 personas, un 8,70% más y el paro femenino se incrementaría en 185.672 mujeres, un 8,73% más. Datos sumamente escalofriantes para uno y otro sexo, pero que aún se agravan más si tenemos en cuenta que la Seguridad Social perdió 283.684 afiliados.
Es más sangrante aún la situación laboral de los jóvenes entre 16 y 25 años. El desempleo juvenil bate todos los records del mundo civilizado. En España, al finalizar diciembre de 2011, un 48,70% de nuestros jóvenes carecían de un puesto de trabajo. Este colectivo duplica con creces la media europea, que está en  un 21,0%. Se llevan indudablemente  la peor parte de la crisis del desempleo. Y para colmo de males, muchos de ellos han perdido ya hasta la esperanza de encontrar un día un puesto de trabajo. No es de extrañar que muchos de esos jóvenes, los mejor preparados, piensen seriamente en emigrar al extranjero en busca de mejores oportunidades.
Todos estos datos sobre el paro en España, como ya hemos indicado, provienen de los Servicios Públicos de Empleo. Pero la realidad es bastante más cruel de lo que  estos datos reflejan. Esta estadística, que tiene carácter mensual, nos da exclusivamente el número de personas que figuran inscritas en las oficinas  del antiguo INEM, y no las que en realidad están paradas.  Desocupadas hay muchas más, ya que no son pocas las que han sido borradas de esas listas y otras que no fueron inscritas nunca. Para mitigar el terrible impacto de unas listas que crecían desmesuradamente, el intranscendente ministro de Trabajo Jesús Caldera redujo esas listas de una manera considerable.
Desde entonces, se falsea absurdamente la realidad borrando de las listas del paro a todos aquellos que no tienen trabajo y realizan supuestos cursos de formación. Son aquellos estudiantes forzosos que, según una expresión sumamente estúpida de Rodríguez Zapatero, "están trabajando por su país". Se excluye igualmente del paro registrado a las personas afectadas por un Expediente  de Regulación de Empleo, los famosos EREs. El camuflaje de parados es tal, que también quedan excluidos de esas listas los del Plan de Empleo Rural (PER) por percibir  un subsidio agrario y los que buscan su primer trabajo. A todos estos, el Ministerio de Trabajo, jugando una vez más al despiste y a la confusión, los incluye bajo un epígrafe que dice así “Demandantes de Empleo No Ocupados.
Todo esto quiere decir que, las listas del paro proporcionadas mensualmente por los Servicios Públicos de Empleo, se acercarían más a la realidad si las incrementamos en unos 800.000 parados más. Son bastante más fiables los datos que nos suministra la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística. Se trata de una investigación continua y de periodicidad trimestral, realizada por este organismo autónomo, mediante la cual conocemos detalladamente las personas que trabajan y las que están desempleadas. Según  la Encuesta de Población Activa, son personas desempleadas todas aquellas que, no estando ocupadas, han hechos esfuerzos concretos para encontrar un empleo, o están esperando a ser llamadas de alguna empresa.
Y los datos de la última encuesta, referidos al cuarto trimestre de 2011, no pueden ser más desalentadores. Según dicha encuesta, la tasa de desempleo en España al finalizar diciembre alcanzaba  el 22,85% de la población actica. Lo que quiere decir que son 5.273.600 las personas que cierran 2011 en la preocupante situación de desempleadas forzosas. Nunca en la historia de España un número de parados tan alto, y lo más descorazonador es que, según todos los indicios, esa lista de parados sigue creciendo alocadamente. Doblamos prácticamente la media de los países desarrollados, a años luz de Alemania y Francia. Nos sigue Grecia con un 19,20% de paro. Vienen detrás, a una prudente distancia, Lituania con un a tasa de paro del 15,00%, Letonia con el 14,80% e Irlanda con el 14,50%.
La economía española lleva muchos años, más de la cuenta, sustentándose en un modelo de producción bastante más intensivo en mano de obra que en capital, lo que es sumamente desfavorable en sí mismo. De ahí que se hayan primado sectores con muy poco valor añadido, como es el caso de la construcción y el turismo. Todo esto nos ha llevado a que el despido se convirtió desgraciadamente en el principal mecanismo de ajuste ante la imparable caída de la demanda. Y el Gobierno anterior no puso freno a semejante  desaguisado porque no supo o no quiso por el enorme coste político y personal que esto conllevaría, o, lo que sería aún peor, por cuestiones ideológicas como insinuó el propio José Luis Rodríguez Zapatero.
Por la incuria del Gobierno anterior y el egoísmo suicida de los sindicatos mayoritarios, estamos a punto de traspasar la línea, más allá de la cual ya no es posible el retorno. Así que el Gobierno de Mariano Rajoy, para evitar tamaño desastre,  no ha tenido más remedio que coger el toro por los cuernos y en menos de dos meses aprobó valientemente una serie de reformas cruciales, entre las que sobresale la reforma laboral. Es cierto que estas reformas, como ha reconocido el propio Rajoy, no van a "producir efectos en el corto plazo" por culpa de la situación económica que padecemos e incluso por el entorno europeo que nos rodea. Pero son sumamente necesarias si queremos sentar las bases para poder crecer sostenida y establemente  en un futuro no muy lejano.
Las distintas reformas que se han ido aprobando sucesivamente están más que justificadas para devolver a los trabajadores y a los empresarios la confianza perdida, ya que es la única manera de que superen juntos la crisis y el despido sea bastante menos rutinario de lo que es hoy. Esto supondrá necesariamente una pérdida de poder importante de las organizaciones sindicales y hasta de la patronal, lo que ha puesto en pie de guerra a los sindicatos mayoritarios y al principal partido de la oposición. Tal es así, que Alfredo Pérez Rubalcaba está dando pruebas fehacientes de que le importa muy poco nuestro hundimiento económico definitivo, si de él se deriva el fracaso rotundo del Gobierno del Partido  Popular.
El líder de la oposición pregona día y noche que el Gobierno que preside Mariano Rajoy “ha roto todos los equilibrios” del tradicional sistema de relaciones laborales y ha dado poderes omnímodos a los empresarios. Dice que “han creado un contrato con un año de prueba, o lo que es lo mismo, un año de despido libre y gratuito”. Insiste una y otra vez en que la nueva reforma laboral es, en realidad, una "enmienda a la totalidad al sistema de relaciones laborales". Que “es algo así como: o aceptas la bajada de salarios o ahí tienes la puerta y ésa no puede ser la fórmula para crear empleo en España". Y no contento con sus peroratas extemporáneas, anima a los sindicatos a que se movilicen y se adueñen de la calle.
Esta reforma laboral, según UGT y CC.OO, está pensada exclusivamente para satisfacer a los empresarios y a los mercados financieros. Claro que lo que más incomoda a una y a otra organización sindicalista es que, con esta ley, pierden poder y pierden dinero al verse privados de parte de las prebendas  de que disfrutaban. Para empezar, pierden la exclusividad de los cursos de formación, perdiendo así una importante fuente de financiación. A partir de ahora, las cuestiones empresariales se dirimirán dentro de la propia empresa y no en las sedes de las centrales sindicales. Dependiendo de la situación económica, los empresarios podrán pactar directamente con los trabajadores modificaciones de sueldos, horarios, descolgarse de los convenios colectivos y hasta iniciar un ERE sin autorización administrativa.
Los sindicatos mayoritarios no soportan esa perdida de protagonismo y mucho menos la perdida de dinero que lleva aparejada. A CC.OO y a la UGT les gustaría embarcarse sin más en una huelga general para paralizar de inmediato el país. Pero no se atreven, ya que han perdido su credibilidad por su complicidad con Zapatero en la gestión de la crisis económica. De momento se limitan  a convocar manifestaciones  por toda España. Quieren comprobar antes su poder de convocatoria que, de momento, no parece muy fiable.
Si los sindicatos quieren de verdad salir de esta y que se comience de una vez a aligerar esa enorme lista de parados, tendrán que aceptar el envite y prestar desinteresadamente su colaboración con el Gobierno. Si salen con la suya y logran dinamitar esa reforma laboral, podrían lamentarlo seriamente. O ponemos ahora en orden  nuestra economía, o algún día los sindicalistas se acordarían de aquel conocido poema, falsamente atribuido a Bertolt Brecht, y que no fue más que un sermón en la Semana Santa de 1946 del pastor luterano Martin Niemöller y que comenzaba así:
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
Guardé silencio,
Porque yo no era comunista.
(…)
Y Martin Niemöller termina así su reconvención:
Cuando vinieron a buscarme a mí,
No había nadie más que pudiera protestar.
Los sindicalistas tendrían que cambiar la palabra nazis, por las palabras crisis económica, pero, si esto no se remedia, hasta los sindicalistas pasarían a engrosar más pronto o más tarde esas listas del paro.
Gijón, 16 de febrero de 2012
José Luis Valladares Fernández

viernes, 17 de febrero de 2012

LOS CLANES EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los socialistas españoles han perdido una buena ocasión para remendar los rotos que les ha dejado Rodríguez Zapatero en su paso por la Secretaria General del partido y, sobre todo con su desastrosa gestión al frente del Gobierno. En la pasada cita de Sevilla, se olvidaron por completo de las severas derrotas cosechadas, tanto en las elecciones locales de mayo como en las generales de noviembre. Ambos candidatos nos prometieron reiteradamente, durante la preparación del Congreso, que en el mismo habría un interesante debate ideológico. Dieron a entender que, cada aspirante a secretario general,  expondría a la consideración de los delegados el modelo de partido que quería, y que analizarían, por supuesto, los motivos del desastre electoral y el monumental fracaso cosechado al frente del Ejecutivo.
Pero nada de esto ocurrió. Ni hubo “debate sobre ideas”, ni nada por el estilo. Todo se redujo a un enfrentamiento personal entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, buscando cada uno de ellos  el apoyo del mayor número posible de delegados. En semejante lucha, Chacón llevaba las de perder. Su contendiente partía con la ventaja de disponer de cartas marcadas para la partida. Desde sus tiempos como todopoderoso vicepresidente del Gobierno, Rubalcaba se convirtió en la cabeza visible del clan que maneja a su antojo todo el aparato del partido socialista.
Es cierto que Carme Chacón supo calentar el ambiente mejor que Rubalcaba. Su discurso carecía de contenido, pero su tono mitinero y excesivamente repetitivo, siguiendo quizás pautas marcadas por el publicista Miguel Barroso, cosechó bastantes más aplausos que el de su oponente. Contaba además, según todos los indicios, con el apoyo de las dos principales agrupaciones socialistas, la andaluza con José Antonio Griñán a la cabeza y la catalana por pura lógica. Así que, en vista del aparente entusiasmo manifestado por los delegados en cada una de las intervenciones de la ex ministra de Defensa y las promesas previas de andaluces y catalanes, se vio ya investida Secretaria General del PSOE.
 Tan segura estaba Carme Chacón de su victoria, que se la vino el mundo encima con los resultados de la votación. Se sintió inmisericordemente  traicionada y vejada por muchos de los que habían prometido su apoyo. Su conmoción fue tal que, llena de rabia, tuvo que retirarse a su habitación para llorar desconsoladamente su fracaso. Pecó de incauta al presentarse por su cuenta y minusvalorar el extraordinario poder de los clanes que luchan para hacerse con el aparato que corta y raja en el partido. Y por si fuera poco el no contar con el paraguas protector de alguno de los  grupos dominantes, va y proclama en su discurso que hay “mucho PSOE por hacer”, dando así a entender que proyecta emprender algo nuevo y diferente.
No es de extrañar que, ante tal proclama, muchos delegados hayan reconsiderado su promesa inicial, sobre todo los de la vieja guardia. Como quieren seguir saliendo en la foto, procuran estar siempre con el aparato que, como si fuera un lobby poderoso, hace y deshace en el partido a su antojo. De ahí que la mayor parte de los aplausos fueran para Carme Chacón y los votos se los llevara mayoritariamente Alfredo Pérez Rubalcaba. Los Congresos de cualquier partido, al final, los gana siempre el que quiere el aparato. Y por lo que parece, el aparato está con Rubalcaba. En este caso concreto, si se hubiera elegido secretario general en unas Primarias, probablemente la ganadora hubiera sido Chacón. Pero aquí se utilizó un Congreso.
Es por eso que  Rubalcaba, sabedor de que Carme Chacón le hubiera ganado muy posiblemente en las Primarias previstas para designar candidato a la Presidencia del Gobierno, la apartara de las mismas sin el menor recato para quedar él como “único” aspirante, que es tanto como ser elegido a dedo. Los partidos políticos en España huyen todos de las Primarias como de la peste, y más si estas son totalmente abiertas. Tienen un terrible miedo a la libertad. Por eso prefieren la vieja práctica de los Congresos, ya que es más fácil controlar el proceso desde el aparato con los tradicionales delegados o compromisarios.
Y aunque el miedo guarda la viña, ha habido algún que otro osado que se atrevió a apoyar a Carme Chacón, más que por beneficiar a esta, para evitar la elección de Rubalcaba, ya que no comulgaban plenamente con él. Su audacia ya tuvo consecuencias. Como el que manda,  manda, a excepción de Griñán, los demás ya han sido relegados y confinados en el frio invierno de una dura oposición interna en el seno del partido. Y no valen ni los servicios prestados anteriormente. Quien se equivoca de  candidato en el PSOE, puede darse por perdido. Igual da que sea el inoportuno Tomás Gómez, que casi nunca acierta,  o la planetaria y polivalente Leire Pajín, o cualquier otro. Por su audacia, serán enviados inapelablemente a las tinieblas exteriores.
Quien echa un pulso a uno de  estos grupos dominantes que operan en los partidos políticos, lleva siempre las de perder, sobre todo si se trata del clan que se ha impuesto a los demás y maneja el aparato. Y no te digo nada si el que está al frente del mismo es Alfredo Pérez Rubalcaba. La existencia de semejantes clanes ha impedido la democratización interna de los partidos, ya que toda su labor se centra en el debate por el poder, sin que quede tiempo para otras discusiones. Semejante lucha por el poder termina siendo una trampa saducea que conduce inevitablemente a que los partidos políticos acaben siendo casi siempre dirigidos por los intereses particulares  de unas pocas personas y no por todos los afiliados del mismo.
Y este no es un pecado que afecte exclusivamente al PSOE. Adolecen  todos ellos del mismo mal, los partidos políticos grandes y hasta los más pequeños. Son lacras  manifiestas que enturbian lamentablemente el devenir diario de las distintas formaciones políticas. Son tres o cuatro los que, a través de un clan,  manejan a su antojo el partido. Se rodean siempre, eso sí, de personas afines, no precisamente las más válidas, sino más bien las obedientes, las que adulan  continuamente  al líder y exaltan de manera desmedida sus virtudes. Completan ese grupo afortunado con viejas glorias del pasado, que se han vuelto extremadamente dóciles para seguir ocupando puestos de salida en las listas electorales, aunque no sean ya más que  antiguos figurones hoy perfectamente inútiles.
Todo esto indica que los partidos políticos aún no han sido capaces de democratizarse, puesto que son siempre los mismos los que acceden a los puestos disponibles. No hay sitio en esas listas para gente nueva que aporte ideas. Es muy difícil hacerse un hueco en ese grupo de elegidos si no hay de por medio una auténtica catástrofe electoral, o una rendición incondicional al clan que maneja a su antojo los distintos resortes del partido. Aunque, por lo que vemos, en el PSOE no es suficiente la debacle electoral. Hace falta algo más para barrer de la escena  a los responsables de la mayor derrota de su historia. Rubalcaba es extraordinariamente duro y, de momento, ni un terremoto es capaz de apartarlo del poder. Carme Chacón por lo menos, no; demostró estar aún demasiado verde. 
Gijón, 11 de febrero de 2012
José Luis Valladares Fernández

domingo, 12 de febrero de 2012

ASÍ ES LA IZQUIERDA ESPAÑOLA

Es muy habitual que los hombres de izquierda piensen que solamente ellos están capacitados para decir quién es demócrata y quién no y quién cumple íntegramente los requisitos requeridos para ser un progresista consumado. Pero en realidad, se trata de personas que no han sido capaces de borrar totalmente los rastros que ha dejado en ellas el marxismo. Cuando menos lo esperas, dejan ver la oreja y aparecen sus comportamientos mesiánicos y totalitarios. Una conducta bastante frecuente en personajes como Cayo Lara y Gaspar Llamazares, que se han dejado cautivar por la dictadura cubana y que aún lloran la caída del Muro de Berlín.
No es normal que, a estas alturas de la película,  Cayo Lara y Gaspar Llamazares tengan ese tipo de actitudes y quieran encabezar las procesiones absurdas en defensa de Baltasar Garzón. Pero aún así, es perfectamente comprensible. Sin embargo, extraña bastante más la conducta miserable del PSOE que, por lo que parece, siguen anclados en la primera mitad del siglo pasado. Todavía no han sido capaces de desprenderse de los viejos demonios que aprisionaron a su fundador Pablo Iglesias, y siguen haciendo causa común con las huestes de Cayo Lara y en perfecta armonía con los titiriteros de la ceja para atacar dialécticamente al Tribunal Supremo, por sentar en el banquillo de los acusados a Baltasar Garzón.
Es evidente que Pablo Iglesias no creía en la Justicia que no le diera la razón. Ahí están para confirmarlo las amenazantes palabras que soltó en las cortes el 5 de mayo de 1910: “Este partido está en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones". Y los socialistas de hoy, como su fundador, tampoco creen en la Justicia si ésta no les es favorable y se adapta plenamente a sus expectativas. Por eso unen sus voces a las de Cayo Lara,   Llamazares y todo su séquito, entre los que destaca Pilar Bardem y algunos jueces y fiscales, y corean juntos insultos de grueso calibre contra los jueces del Tribunal Supremo. Entre otras lindezas, gritan desaforadamente: "fuera fascistas del Tribunal Supremo" o "Tribunal Supremo, suprema impunidad".
Toda esta tropa se desgañita  lanzando al aire furibundas consignas contra el franquismo y contra los jueces del Tribunal Supremo, entremezcladas con otras de apoyo al juez Garzón. Son incapaces de ver que Baltasar Garzón se ha pasado unos cuantos pueblos al considerar que puede impartir justicia, urbi et orbi,  sin cortapisa alguna. Al tratarse de un juez de izquierdas, como él mismo ha dicho, tiene bula para actuar como le venga en gana, venga o no venga a cuento. Los medios que se utilicen son lo de menos. Todos son útiles y justificables, siempre que ayuden a conseguir el fin propuesto. Justifica la intervención de las conversaciones de los implicados en la “trama  Gürtel” con sus abogados, ya que así impedía que los miembros de esa red delictiva continuaran blanqueando dinero y evadiéndolo fuera de España.
También encuentra escusas Garzón para investigar los crímenes de la dictadura. Al no existir un censo de los desaparecidos en la Guerra Civil, ni de las fosas comunes utilizadas durante la contienda, se imponía una investigación seria y precisa para dar una satisfacción a los represaliados por el franquismo. La amnistía general de 1977, según el juez Garzón,  solamente alcanza a Santiago Carrillo y a los demás responsables del Gobierno de la República. Quedan fuera de su paraguas, sin embargo, los que se levantaron en armas contra el Gobierno legítimo y el orden constitucional. Y es que para Baltasar Garzón, en los asesinatos de Paracuellos, por ejemplo, no había delito contra altos organismos de la Nación. Los asesinatos y las desapariciones provocadas por Franco y sus secuaces “eran crímenes contra la humanidad, de genocidio, que perduran en el tiempo” y que, por consiguiente,  “estaban dentro de la competencia de la Audiencia Nacional”. Para justificar su actuación, aduce como jurisprudencia los juicios de Núremberg contra los nazis.
En el caso  Gürtel, digan lo que digan Garzón y sus voceros,  avasalló los derechos fundamentales de los inculpados al suspender  sus garantías procesales con las escuchas de las conversaciones, realizadas en la cárcel con sus abogados. En el caso de la represión franquista se excedió palpablemente en sus atribuciones jurídicas. Y es precisamente por esto,  por lo que está sentado en el banquillo de los acusados por segunda vez, y no por investigar los crímenes del llamado bando nacional, como quieren hacernos ver  el coro mediático que le defiende y esa especie de jauría política que le jalea a diario a las puertas del Tribunal Supremo.
Y aunque no venga al caso, Baltasar Garzón quiere hacer ver a los jueces que lo juzgan que se sintió moralmente obligado a investigar esos casos que obedecían a “un plan sistemático y preconcebido de eliminación y desaparición de miles y miles de personas”. Y continua impertérrito con su alegato: “No investigué crímenes políticos, sino delitos contra la humanidad. Hice realmente lo que creí que tenía que hacer por encima de ideologías, porque aquí ha habido cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos y el juez tiene la obligación de investigar esos hechos y dar protección”. Garzón insiste una y otra vez, en lo que se refiere a este caso, que actuó siempre por encima de cualquier ideología. Pero esto es lo de menos. Lo que se investiga aquí es si actuó por encima o de acuerdo con la ley.
Los incondicionales del juez estrella no se conforman con arroparle con todo entusiasmo en sus entradas y salidas del tribunal que lo juzga. Entregaron además un escrito en el Supremo, solicitando la dimisión de los integrantes de la Sala de lo Penal que lo juzgan y reclamando "justicia democrática para el juez y para toda la ciudadanía española y verdad, justicia y memoria para todas las víctimas de la dictadura del general Franco". Y por si todo esto fuera poco, organizaron una manifestación intimidatoria, a la que asistieron juntamente con lo más granado de la izquierda díscola y sectaria que padecemos, algunos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que, por lo que parece, no tenían nada mejor que hacer.
El lema de esta manifestación no podía ser más claro e impertinente: "Contra los juicios de la vergüenza. Contra los crímenes del franquismo. En apoyo al juez Baltasar Garzón". Estaba encabezada, como no podía ser menos, por los líderes sindicalistas Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez; el coordinador de IU Cayo Lara y el diputado de esta coalición Gaspar Llamazares; los socialistas Pedro Zerolo y Soraya Rodríguez y, faltaría más, la impertinente Pilar Bardem, Marisa Paredes y Lola Herrera. Al mismo tiempo que la manifestación, hubo concentraciones en Granada  y en la localidad malagueña de Vélez-Málaga para protestar contra los juicios abiertos al juez Garzón y para homenajear a las víctimas de la Guerra Civil.
Son significativas las declaraciones de algunos de los asistentes a esta manifestación. Según Cayo Lara, el Supremo, al juzgar a Baltasar Garzón, está "tendiendo puentes de plata a la corrupción y un muro de silencio al genocidio franquista". No ha estado menos expresiva Soraya Rodríguez, lamentando que se dude  de la actuación de quien ha intentado en todo momento “   aplicar con valentía la ley de memoria histórica, que no es un ajuste de cuentas contra nadie, sino un encuentro con nuestra realidad". Según Cándido Méndez, el juez Garzón no ha hecho otra cosa que intentar hacer un "saneamiento democrático" de la sociedad española, “para cerrar las heridas del franquismo y que haya reconciliación". La inefable Pilar Bardem va aún más lejos y califica a este juez como "símbolo para los derechos humanos, que no son ni de derechas ni de izquierdas”.
Una cosa queda muy clara. Esta izquierda que padecemos solamente cree en la Justicia cuando les favorecen las resoluciones judiciales, siempre que condenen, eso sí, a los de la otra acera ideológica, a los de la derecha. Esto pone al descubierto el alto déficit democrático que padece toda esta tropa cavernícola que no ha sabido homologarse con la izquierda moderna de los países democráticos. 
Gijón, 3 de febrero de 2012 
José Luis Valladares Fernández

martes, 7 de febrero de 2012

ESTO ES MÁS DE LO MISMO

Cuenta el historiador de la Roma Imperial, Quinto Curcio, que Alejandro Magno, al invadir los territorios del rey de Frigia, se encontró con un yugo atado al carro de Gordio con un nudo sumamente complicado y con la leyenda de que quien fuera capaz de deshacerlo sería el señor de Asia. Ni corto ni perezoso, Alejandro Magno sacó su espada y con  un golpe certero corta el famoso nudo gordiano, a la vez que decía: esto es muy sencillo, ya que da lo mismo cortar que desatar. Más o menos, es lo que sucedió ayer en el 38 Congreso del PSOE celebrado en Sevilla. Daba lo mismo que saliera elegido Rubalcaba que Chacón.
Se impuso finalmente  Alfredo Pérez Rubalcaba, aunque por un escasísimo margen, Ganó Rubalcaba, Pero no fue Carme Chacón la que en realidad perdió. Tampoco perdía Rubalcaba si hubiera sido elegida Chacón. Quien de verdad ha perdido ha sido el PSOE y, con él, España y la democracia española. Alfredo Pérez Rubalcaba compendia en su persona lo más negativo del felipismo y lo más nefasto del zapaterismo. En cuanto a Carme Chacón, ya sabemos lo que dijo de ella el inefable ex presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra: “Chacón es Zapatero con faldas”.
A la vista del terrible y desmoralizador fracaso en las pasadas elecciones, el PSOE necesitaba una regeneración urgente, y esto no lo puede hacer Rubalcaba y tampoco  Carme Chacón. Ambos han sido claramente responsables de la funesta deriva, sufrida por el partido con José Luis Rodríguez Zapatero. Y con cualquiera de ellos en la Secretaría General, el PSOE continuará irremediablemente siendo fiel a sí mismo, tramposo, oportunista y sectario, tal como lo alumbró Pablo Iglesias. Haría falta un secretario general con ideas que, dejando a un lado los delirios y las ensoñaciones de Zapatero, emprendiera un nuevo rumbo, plenamente homologable con la manera de actuar de la socialdemocracia moderna de los países de nuestro entorno. Y como temieron semejante  posibilidad, el aparato del partido organizó a toda prisa este Congreso para no dar tiempo a que nuevos aspirantes prepararan su candidatura.
Y con Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario General, no podemos esperar nada nuevo y tampoco nada bueno. Por supuesto nada distinto a lo que venía haciendo Rodríguez Zapatero. Que nadie espere que un personaje, que desde siempre ha estado reñido con la verdad y hasta con la decencia política, cambie ahora su manera tan insidiosa de proceder. Al igual que Zapatero, no cree ni en la Nación, ni en la libertad y mucho menos en la Ley. Acostumbrado a coger siempre el primer atajo que se presenta, Rubalcaba es por naturaleza desleal hasta consigo mismo, incapaz por lo tanto de articular una oposición honesta y democrática, que ayude desinteresadamente a salir de este terrible pozo en que nos metió el Gobierno anterior, siendo él vicepresidente del mismo.
Si en vez de la candidatura de Alfredo Pérez Rubalcaba hubiera triunfado la de Carme Chacón, los resultados hubieran sido igualmente preocupantes y negativos. Ahí están sus llamadas a colaborar con los sindicatos y a la movilización de la calle para luchar contra las medidas impuestas por Mariano Rajoy. Como hizo Rubalcaba, también Chacón presentó su credencial que justifica su adscripción a lo más granado de la izquierda tradicional. Por eso ha clamado por una España laica, para que “ningún poder no democrático” imponga su moral. Ha dicho, levantando la voz, que quiere “una sociedad libre de tutelas convencionales, con una separación clara entre la esfera pública y las creencias privadas”.
Y por lo que parece, el anticlericalismo sigue siendo dentro del PSOE, como en tiempos de Pablo Iglesias, lo que avala y determina el grado de autenticidad de la izquierda.  Buena prueba de ello es que Rubalcaba no era capaz de calentar el ambiente en el Congreso. El auditorio se mantenía bastante frio y los delegados si aplaudían, lo hacían con desgana y simplemente por compromiso. Pero esta situación cambió radicalmente cuando el ex vicepresidente la emprendió contra la Iglesia, diciendo  que acabará con “el acuerdo con la Santa Sede”. Ante esta solemne promesa de ruptura con la Iglesia, apareció la euforia en la audiencia y le dedicó el aplauso más caluroso de la jornada.
Ninguno de los dos candidatos se acordó en esta ocasión de los pobres, de los desheredados de la historia, de los que, para seguir subsistiendo, tienen que acercarse a las puertas de los comedores sociales de la Iglesia. Haciendo gala de su habitual demagogia,  han dicho muchas veces que subirán  mucho más los impuestos a los ricos, a  los que más tienen. Pero ha sido a los trabajadores públicos a los que recortan el sueldo y congelan las pensiones a los jubilados. Ha tenido que venir un Gobierno del Partido Popular, para que se rebajaran ostensiblemente los elevados sueldos de los banqueros.
Tanto Rubalcaba como Chacón se han lanzado a la yugular de la “derecha” con críticas extremadamente acervas y oportunistas. El ex vicepresidente socialista hizo incluso una llamada a derrotar a los caciques del siglo XXI, sin pensar por un momento que son ellos los que suelen utilizar con mayor frecuencia lo del “ordeno y mando”. Ambos protagonistas han escenificado su descontento con las primeras iniciativas legislativas del Partido popular. Consideran que, con la limitación de algunos de los supuestos para la interrupción del embarazo y la supresión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, están recortando abusivamente los derechos sociales de los ciudadanos.
Hay que subrayar que las críticas de Rubalcaba a la derecha y al Gobierno de Rajoy fueron mucho más incisivas, serenas y ordenadas que las de Carme Chacón que, aunque puso más corazón, lo hacía de un modo enteramente caótico y deslavazado. Según Rubalcaba, el Partido Popular tenía mucha prisa por llegar al poder para quitar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Tenían mucha prisa, sobre todo, “para laminar también el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su maternidad, ¡mucha prisa!, y en 30 días han sido capaces de retroceder 30 años”. Y esto es muy serio, ya que, como sigue diciendo, “si retrocedemos en todo, si quieren sistemáticamente romper todos los consensos, si quieren volver atrás 30 años, nosotros aceptaremos el reto, volveremos también a hace 30 años y nos replantearemos nuestras posiciones, que han sido sensatas en pos de la convivencia y cohesión social”.
Así las cosas, llegó el momento de la votación, y los delegados eligieron a Rubalcaba. Aunque saben que esta opción no va a sacar del atolladero al partido socialista, ni habrá indicios de renovación alguna, prefieren apostar por el continuismo y por quien resulta perfectamente previsible en todas sus actuaciones. Se desconoce, en cambio, el resultado que pueda dar Carme Chacón en el  futuro. De momento, todos sus méritos se reducen a su amistad con Zapatero y a que, al menos aparentemente, deja de ser una acérrima nacionalista catalana y se convierte en una fervorosa andaluza y española. El tiempo dirá en qué termina todo esto.
Todos sabemos que Alfredo Pérez Rubalcaba no es el secretario general que se necesita para acometer una valiente renovación del PSOE, o incluso su refundación. Rubalcaba es más de lo mismo y tiene, además,  un pasado muy siniestro: fue el portavoz de los GAL y de la corrupción generalizada con Felipe González. Está también su actuación sospechosa en el 11-M, quebrantando intencionadamente hasta la jornada de reflexión que imponen nuestras leyes en todos los procesos electorales. Después vendría lo del caso Faisán aún no aclarado y los bochornosos acuerdos con ETA durante su etapa como ministro del Interior. Pero no hay más cera que la que arde, así que habrá que esperar al próximo Congreso para ver si aparece alguien dispuesto a renovar y a regenerar el partido.
Gijón, 5 de febrero de 2012
José Luis Valladares Fernández

jueves, 2 de febrero de 2012

HACIA UNA NUEVA IMAGEN DE LA JUSTICIA

Hasta que a Alfonso Guerra se le ocurrió asesinar a Montesquieu, aunque hubiera sus cosas, la Justicia guardaba cierta compostura y simulaba al menos ser honesta,  imparcial y hasta independiente. La tradicional división o separación de poderes era admitida sin más como algo característico de los países democráticos. Pero con la muerte oportuna del Barón de Montesquieu, provocada intencionadamente en plena efervescencia del felipismo, todo cambió y el derecho pasó a ser simplemente un fiel servidor de los fines políticos de la nueva mayoría. Desde entonces, el Consejo General del Poder Judicial pasó a ser un reflejo del Parlamento, quedando así el poder judicial sometido al poder político.
Esta reproducción exacta en el órgano de gobierno de los jueces del esquema político que impera en el Congreso fue aceptada y bendecida sin rechistar por las asociaciones judiciales adscritas de alguna manera a los dos partidos mayoritarios. Protestaron los jueces no inscritos en las conocidas asociaciones, calificando el acuerdo de “apaño” y de “fraude de ley”, pero aceptaron el hecho sin más los de Jueces para la Democracia vinculada al PSOE y los de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura afín al Partido Popular. Con ese reparto absurdo del poder en el Consejo General del Poder Judicial entre los partidos mayoritarios, la Justicia se debilita, al estar siempre a expensas de los políticos, de sus decisiones arbitrarias y hasta de sus caprichos. Todo un despropósito de la política judicial.
Fue en este contesto, en el que el entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, pronunció aquella polémica frase que se hizo muy famosa: “La Justicia es un cachondeo”. Desde que los miembros del Consejo del Poder Judicial español pasaron a ser elegidos por el Parlamento, la opinión pública comenzó a desconfiar de la Justicia de manera creciente. Y ese desprestigio, cada vez mayor, aparece reflejado claramente en las distintas encuestas de opinión que se realizaban entre el público en general y, sobre todo, entre los usuarios de la propia Justicia. Los usuarios de la Justicia, los que se han visto inmersos en algún procedimiento judicial, tienen una imagen aún más negativa del mundo judicial que el resto de los ciudadanos.
Ya son extremadamente alarmantes los datos de una encuesta, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas allá por  el año 1996. En una  muestra muy amplia, realizada en toda España y con una valoración de 1 a 10, los encuestados calificaron  con un simple 3,9 a la Justicia española, lo que supone un suspenso sin paliativo alguno. Ya de aquella, de una serie de instituciones sometidas a examen entre la opinión pública, la Justicia quedaba muy por detrás de la prensa, de los partidos políticos y hasta de la administración local. La valoración de la Justicia por los ciudadanos se encuentra ahora en uno de los momentos  más bajos desde la reforma de 1985. Su valoración es muy similar a la obtenida por el Gobierno de Zapatero al final de su mandato.
El desprestigio de la administración de Justicia ha crecido tanto, que son muchos los ciudadanos que están plenamente convencidos de que los tribunales se dejan llevar por los intereses del Gobierno y que se amilanan ante las presiones que ejercen ciertos grupos económicos y sociales, e incluso ante los medios de comunicación. Han terminado por convertirse en sicarios del poder político y, a veces, hasta del económico. Un porcentaje muy alto, alrededor de un 65%, considera que los jueces, consciente o inconscientemente, favorecen de manera muy clara a los miembros del partido que gobierna, y  perjudican sin mayores problemas a los políticos de la oposición.
Un paradigma evidente del juez politizado es Baltasar Garzón. Quizás sea porque se trata de un juez de izquierdas, como él mismo ha dicho, aunque si es de izquierdas no vale para juez, como tampoco valdría uno que fuera de derechas. Y como juez politizado que es, Garzón ha manejado el cajón de la mesa de su despacho con una maestría y una eficiencia inigualable, unas veces para dormir los casos cuando convenía y otras para despertarlos y desempolvarlos oportunamente. A más de uno le ha hecho pasar injustamente, eso sí, un terrible calvario, aunque después haya sido declarado inocente. Garzón era un mal instructor. Ahí están las estadísticas para corroborarlo. Pero en cambio, ha sabido manejar muy bien los hilos de la prensa española y extranjera, para dar esa imagen  de súper juez o juez estrella, que está incluso por encima del mal y del bien.
Obsesionado por la fama, el juez Garzón se las arreglaba para que los casos más sonados fueran a parar todos a su juzgado. Y como todo le parecía poco, para agrandar su notoriedad internacional, emitió una orden de arresto contra el ex dictador chileno, Augusto Pinochet, por la muerte y tortura  de ciudadanos españoles durante su mandato. Se quedó con las ganas de investigar  al ex secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger, por lo de la Operación Cóndor, mediante la cual se instauraron en Sudamérica varias dictaduras. En abril de 2001, solicitó al Consejo de Europa que desaforara al entonces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, ya que le consideraba incurso en una causa de fraude fiscal, vinculada a Telecinco. Y en 2003 ordenó el arresto del famoso terrorista Osama bin Laden.
Embriagado con los aplausos derramados por la izquierda política y mediática, Baltasar Garzón llegó a creer que, más que un guardián de la ley,  era su propia encarnación y que, por consiguiente, podía actuar sin limitación alguna. Y para incrementar al máximo su popularidad, nada mejor que encausar a sus adversarios políticos  favoreciendo así los intereses del PSOE,  y embarcarse tontamente en la investigación de los crímenes atribuibles a la dictadura de Franco. Y nada mejor que  la Audiencia Nacional para emprender, con toda clase de ventajas,  esa guerra absurda contra el Partido popular
La ocasión se la facilitó José Luis Peñas, antiguo concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda, que en noviembre de 2007 presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra su amigo Francisco Correa. Utilizando las grabaciones que José Luis Peñas entregó con la denuncia, el juez Garzón pone en marcha, en febrero de 2009,  la tan traída y llevada operación Gürtel. Se detiene a Francisco Correa y a otros cuatro más entre los que está Álvaro Pérez, apodado “El Bigotes” y el militante del Partido popular Arturo González Panero, alcalde de Boadilla del Monte. Se les acusa de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
Acto seguido Baltasar Garzón se va de caza a Jaén, con el ministro de Justicia de entonces, Mariano Fernández Bermejo. En la montería, coinciden sospechosamente con la fiscal Dolores Delgado y con el ya famoso comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, que suele ocultar su identidad tras el acrónimo JAG. Como, más que de una operación anticorrupción, se trataba de una operación política de gran envergadura, tenían que preparar cuidadosamente la caza de miembros destacados del Partido Popular, entre los que irán apareciendo el eurodiputado Gerardo Galeote, el senador y Tesorero del partido Luis Bárcenas y Francisco Camps, que posteriormente,  o no fueron citados por el  Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o fueron exculpados o declarados no culpables.
Permaneciendo aún incomunicados en el calabozo y sin tomar declaración a ninguno de los detenidos, se comenzaron a filtrar documentos desde el juzgado de Garzón a El País, con la clara intención de desacreditar mediáticamente al Partido popular. Se revelaron delictivamente al periódico del Grupo Prisa, secretos y conversaciones privadas, logradas mediante interceptación de llamadas y conversaciones privadas. Cegado de su obscena soberbia, se atreve a  vulnerar conscientemente hasta las  garantías constitucionales más elementales y ordena grabar las conversaciones entre varios de los imputados, que estaban en la cárcel por el caso Gürtel,  y sus abogados.
Con anterioridad a estos hechos delictivos, Garzón había empezando a investigar formalmente los crímenes del franquismo y ordenó abrir varias fosas de la Guerra Civil, a pesar de la advertencia clara de la Fiscalía, indicándole que semejante caso escapaba a su competencia. Es evidente que Baltasar Garzón se extralimitó puniblemente en el caso de las escuchas en el caso Gürtel y también en la investigación de los crímenes del franquismo. Esto dio lugar a sendas querellas por presunta prevaricación, una de ellas del abogado Ignacio Peláez, perjudicado con la grabación las conversaciones con su defendido implicado en el Gürtel; y la otra del Sindicato Manos Limpias por investigar la represión franquista sin tener competencia para ello.
Ambas querellas fueron admitidas a trámite por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, acordando la apertura de juicio oral en ambas causas. Esto determinó que el Consejo General del Poder Judicial suspendiera cautelarmente a Garzón por las escuchas ilegales primero y después por su decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la dictadura de Franco. Además de en estos dos casos, tendrá que sentarse una tercera vez en el banquillo de los acusados, acusado de cohecho impropio por los cobros durante su estancia en Nueva York.
Llama la atención que un juez como Baltasar Garzón, después de estar en el ajo durante tantos años, no crea en la Justicia. Eso indica al menos su manifiesta desconfianza hacía tantos jueces del Tribunal Supremo. No cree en su imparcialidad y, por eso, esas sonadas recusaciones de la mayor parte de los magistrados que debían juzgarle.  Y a pesar de conseguir que le aceptaran la recusación de cinco de los siete jueces designados para juzgarle, por previsible falta de imparcialidad objetiva, sigue con sus suspicacias y tremendamente receloso del comportamiento de los que, al final, le van a juzgar.
De ahí que Garzón, si no moviliza directamente a sus fans, alienta las esperpénticas protestas que realizan a las puertas del Tribunal Supremo. Y como aún le parecen poco estas carnavaladas, requiere la presencia en el juicio de ciertos jueces y juristas extranjeros, supuestamente defensores acérrimos de los derechos humanos, para chantajear abiertamente a los miembros del tribunal que lo juzgan. Y si un juez desconfía de la Justicia tan ostensiblemente, ¿qué no harán los ciudadanos de a pié, que no pueden esperar cierto grado de debilidad o comprensión debidas al corporativismo o a cualquier otro motivo?
Menos mal que, con el cambio de Gobierno, es muy posible que desaparezca de una vez la crisis que ha venido perturbando gravemente el funcionamiento de la administración de justicia desde la interesada reforma de 1985. Esa fue, al menos, la promesa de Mariano Rajoy, repetida una y otra vez en todas sus intervenciones en la última campaña electoral. Y según parece, en contra de lo que pensaba el gran cínico de la política Tierno Galván, la llamativa promesa de despolitizar los órganos judiciales fue hecha para cumplirla. Ahí están, para demostrarlo, las recientes declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría en la Comisión Constitucional del Congreso y las del nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante la Comisión de Justicia del Congreso.
En este sentido, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría anunció que el Gobierno llevará a las Cortes una Ley orgánica que garantice que "las funciones del Tribunal Constitucional se ajustan a la Carta Magna", confirmando además la recuperación del  recurso previo de inconstitucionalidad y amparo. Dejó bien claro que el Gobierno que preside Mariano Rajoy pretende separar "el poder Ejecutivo, sin paternalismos, del resto de poderes". La posición del nuevo ministro de Justicia tampoco deja lugar a dudas, En esa comparecencia  suya ante la Comisión de Justicia adelantó que se iba a modificar el sistema de  elección del Consejo del Poder Judicial, volviendo al procedimiento utilizado antes de la reforma de 1985.

Una muestra evidente de que esto va en serio, es el perfil del nuevo Fiscal General del Estado. Nos suena a nuevo que el Fiscal General deje es estar al servicio del Gobierno para ponerse incondicionalmente al servicio del Estado. Si se completan todos los cambios prometidos para hacer efectiva la separación de poderes, los ciudadanos volverán a creer en la Justicia

Gijón, 29 de enero de 2012

José Luis Valladares Fernández