domingo, 29 de abril de 2012

ASÍ NO VAMOS A NINGUNA PARTE


Somos muchos los que hemos criticado duramente a José Luis Rodríguez Zapatero por su enorme torpeza a la hora de hacer frente a la crisis económica. Al intentar atajar esta crisis a base de improvisaciones y con escasas medidas, todas ellas manifiestamente ineficientes, ni siquiera fue capaz de paliar los devastadores efectos de la misma y mucho menos evitar que se convirtiera en la más grave y peligrosa de nuestra historia. El Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, censuró frecuentemente, y sin piedad alguna,  esta actitud irresponsable del anterior presidente del Gobierno.

Rajoy mismo, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, le echaba en cara de vez en cuando su prolongado empecinamiento en negar la crisis y que con su falta de decisión para adoptar medidas oportunas para minimizar la crisis, no generaba confianza alguna en los mercados financieros. No andaba muy descaminado Mariano Rajoy cuando afirmaba rotundamente que el Gobierno de Zapatero, lejos de solucionar la crisis, la agravaba considerablemente con sus improvisaciones y sus “ocurrencias” ocasionales proponiendo hoy una cosa y otra muy distinta al día siguiente.

En las elecciones del pasado día 20 de noviembre, Mariano Rajoy cosechó un gran triunfo, logrando la mayoría absoluta más amplia de toda nuestra historia democrática. Tan pronto se hizo cargo del Gobierno, sorprendió a todos con una serie de reformas, todas ellas necesarias y extraordinariamente valientes, entre las que destacaba la reforma laboral. Esto hizo pensar a los españoles, a los miembros de la Unión Europea que, por fin, había un Gobierno serio y riguroso, con las ideas claras para poner en orden nuestra economía. Y como es lógico, se calmaron momentáneamente los mercados y se moderó la prima de riesgo.

Pero todo fue un espejismo pasajero. El hechizo terminó muy pronto al ver que el Gobierno se contentaba con andar por las ramas y daba muestras de que no se atrevía a taponar el principal sumidero por donde se van ingentes cantidades de dinero público. Después de su entusiasmo inicial, se arruga ante la necesidad perentoria de adelgazar nuestra elefantiásica administración, suprimiendo puestos repetidos hasta diecisiete veces, eliminando organismos inútiles que no sirven más que para gastar dinero y recuperando para el Estado aquellas competencias que son básicas para conservar la unidad y la igualdad de todos los españoles, como es el caso de la Educación, la Sanidad y la Justicia.

En vez de cortar decididamente tanto derroche privatizando las televisiones públicas y las autonómicas, acabando de una vez con la cultura de la subvención y suprimiendo los chiringuitos políticos, el exceso de asesores y los cargos de confianza inútiles, se limitan a poner paños calientes ideando auténticas “ocurrencias” que les llevan a recortar donde, en realidad,  hay muy poco que recortar. Y así hacen pagar el pato a los de siempre, a los de la sufrida clase media que, además, tienen muy poco margen de respuesta. Y encima, dando la sensación de que se les está engañando miserablemente.

En el Partido Popular, en efecto, siempre se ha estado contra la subida de impuestos, por lo menos de una manera teórica, pues, según dicen, se recauda bastante más dinero si los impuestos son moderados y no extremadamente altos. El mismo Rajoy, durante la campaña electoral, prometió solemnemente no subir ninguno de los impuestos. Pero el hachazo llegó sin que lo esperara nadie con la subida del IRPF, en una proporción que va del 0,75% al 7%, con varios valores intermedios, siempre  de acuerdo con el montante de los ingresos. Sube también  el tipo de gravamen de las rentas del ahorro un 2%, un 4% o un 6% según el volumen del ahorro. Y por último sube el IBI, la contribución urbana  que se paga simplemente por poseer algún inmueble. Y esta subida será del 4%, el 6% o el 10%, dependiendo, claro está, de la antigüedad de la revisión catastral.

Por si esto fuera poco, se encareció considerablemente la luz, el gas y el transporte. Con las subidas inesperadas de impuestos y la elevación descarada del precio de artículos básicos, no se arregla la situación pero se desestabiliza gravemente los presupuestos de muchas familias españolas. Para hacer algo diferente a José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy prometió solemnemente en  su discurso de investidura no recortar salarios y revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC previsto. Y aunque materialmente cumplió esta promesa, en realidad es como si hubiera hecho esos recortes de frente. Pues la subida de impuestos, y más si va asociada a una elevación generalizada de los artículos más utilizados por todos, supone siempre un recorte notable de los salarios y de las pensiones.

Pero aún hay más. Una vez que el nuevo Gobierno manifiesta palpablemente que no va a tocar nuestra estructura administrativa, y que renuncia a exigir que se cumpla estrictamente la ley en las taifas díscolas para poner fin a tanto desmadre autonómico, vuelve la desconfianza de los mercados financieros, se dispara otra vez la prima de riesgo y se desploma la bolsa. Está meridianamente claro que la falta de valentía del Gobierno y la actitud irresponsable de la oposición y de los sindicatos de clase nos han devuelto al borde de la intervención.

Como no hay dinero para pagar los servicios básicos, tal como ha reconocido Rajoy, el Gobierno trata de solucionar los problemas a base de parches y por entregas, que es tanto como no solucionar nada. Pervirtiendo intencionadamente el lenguaje, la ministra del ramo dice que, para que la sanidad siga siendo “pública, universal y gratuita”, los perceptores de una pensión pública contributiva tienen que costear parte de los medicamentes que utilicen.  Si abonamos algo por los medicamentos ya no estamos ante un servicio gratuito, y eso sin contar que la sanidad la hemos ido pagando a lo largo de la vida laboral. También habla de un “pago compartido”, sabiendo perfectamente que se trata de un sobrecoste decretado por decisión política, obviando otras fórmulas de ahorro mucho más efectivas y justas.

Estamos posiblemente ante la medida más injusta de cuantas ha tomado el Gobierno de Rajoy. No es de recibo que se imponga a los pensionistas un gravamen extra para mantener su salud. Hay que tener en cuenta que, durante muchos años, estuvieron cotizando religiosamente a la seguridad social y que no son culpables en absoluto de los despilfarros que han vaciado las arcas del sistema público de previsión social. No fueron ellos los que impusieron el actual sistema de reparto para cubrir eficientemente las necesidades sanitarias de quienes no cotizaron al sistema, de los extranjeros que aterrizan ilegalmente en nuestra tierra y de los que practican el turismo sanitario. No es de recibo que se  sigan cubriendo gratuitamente los caprichos excusables de algunos, como el cambio de sexo, y se exija a los jubilados que abonen un  canon por una prótesis de cadera o rodilla.

Se disculpa Mariano Rajoy, indicando que semejante medida supone muy pocos euros al mes. Va aún más lejos el secretario nacional de Sanidad y Asuntos Sociales del Partido Popular  y actual Consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, con su insolente   afirmación de que el copago farmacéutico de los pensionistas “solo son cuatro cafés al mes”. Como se han movido siempre con sueldos de escándalo, no piensan que, una inmensa mayoría  de jubilados está viviendo al límite de sus posibilidades. Y el gasto de esos ocho euros en medicinas supone para ellos un gran sacrificio, sobre todo si se trata de enfermos crónicos. Nada que ver con el sacrificio baladí de los que así hablan  cuando se gastan alegremente 2.000 o 3.000 euros en simples banalidades.

No es de recibo la justificación de este nuevo canon dada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, regentado por Ana Mato. Dicen que pagamos menos impuestos que en el resto de países europeos. Ni más ni menos, la misma disculpa que han dado habitualmente los socialistas en circunstancias similares, por ejemplo, cuando subieron el IVA. Y tanto los socialistas entonces,  como ahora los responsables del Partido Popular, silencian descaradamente que nuestro poder adquisitivo es bastante inferior al de esos  países europeos que, es verdad, soportan una carga impositiva superior a la nuestra.

Como  Mariano Rajoy no entra decididamente  en el fondo de nuestro mayor  problema, continuará abierto el sumidero de nuestra desmesurada estructura administrativa, por donde se va desgraciadamente la mayor parte de nuestro dinero. Nuestros ingresos no dan para tanto. Pero aún así no hay ningún otro país que compita con nosotros en defensores del pueblo, tenemos más altos cargos y muchos más asesores y jefes de protocolo que nadie. Y esto cuesta mucho dinero. Menos mal que, aunque tarde, arregló en parte lo de RTVE, eliminando consejeros y dejando sin sueldo a los que quedan. Y digo en parte, porque debiera haber ido más lejos, poniendo en marcha su privatización y urgiendo a las distintas comunidades que hicieran lo propio con sus televisiones autonómicas.

Al no reducir drásticamente nuestros exagerados gastos corrientes, continuaremos con muchos frentes abiertos, cuya atención simultanea es poco menos que imposible porque escasea el dinero. Y querer cerrar tanto foco por entregas, por muy buena voluntad que pongan los miembros del Gobierno, no va a resultar efectivo, ya que  antes de cerrar definitivamente alguno de ellos, aparecerán otros nuevos, tan apremiantes  o más que los anteriores. La urgencia de alguno de esos problemas y la falta endémica de fondos suficientes, obligará a los ministros a romper, muy a su pesar, alguna de sus promesas, por muy sinceras y solemnes que estas sean. Y lo que es peor de todo, darán la desagradable sensación de que nos están mintiendo.

Es lo que pasó al principio de la legislatura con el IRPF y volvió a pasar ahora con el copago y con las tasas universitarias, a pesar de las famosas líneas rojas que, según decían, marcaban claramente hasta dónde se podía llegar en sanidad y en educación. Y es muy posible que, antes de lo que pensamos, ocurra lo mismo con otras tasas fiscales. Aunque el Gobierno lo niega, cada vez son más numerosos e insistentes los rumores de que está próxima una nueva subida  del IVA y de que vamos a tener que pagar peaje hasta por circular por las carreteras normales.

Gijón, 24 de abril de 2012

José Luis Valladares Fernández

domingo, 22 de abril de 2012

LOS NEGOCIOS DE LOS SINDICATOS MAYORITARIOS

Las organizaciones de CC.OO, y de la UGT, más que Centrales Sindicales al servicio prioritario e incondicional de los trabajadores, son empresas dedicadas ante todo a rentabilizar convenientemente todos sus activos, que no son precisamente pocos. Pues no es tan fácil combinar adecuadamente objetivos financieros con estrictos valores sociales. Son varios los sectores económicos, donde los máximos responsables de ambos sindicatos se convierten en auténticos patronos, decantándose preferentemente  por el ladrillo. Aunque para rentabilizar mejor su labor empresarial, exploran todas las posibilidades que están a su alcance. De ahí que se asocien con grandes multinacionales, buscando intencionadamente los suculentos réditos que suelen dar estas alianzas.

Ambas centrales sindicales resultan, eso sí, mucho más beneficiadas que las demás empresas con las que compiten y, por supuesto, más que el resto de sindicatos. Al figurar como agrupaciones sindicales, los fondos que reciben  de los impuestos de los ciudadanos se ven libres de cualquier tipo de control  y de la fiscalización  exhaustiva que sufren las demás empresas. Cuentan además con un buen número de fundaciones que les reportan alrededor de 500 millones de euros en dinero público. Al figurar como fundaciones sin ánimo de lucro, no están obligados a presentar cuentas pormenorizadas, aunque se trata de dinero público. Les basta con recoger someramente las partidas, sin entrar en detalles, resultando así difícil su fiscalización.

Las centrales sindicales capitaneadas por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez controlan un buen número de sociedades entre limitadas y anónimas, cuyos activos superan con creces los 240 millones de euros. La Confederación Sindical de CC.OO., por ejemplo, es dueña de la promotora Grupo de Proyectos Sociales de Gestión, líder en número de viviendas gestionadas en régimen  de cooperativa. Es sin duda alguna la primera empresa en número de viviendas protegidas entregadas. Solamente en  2010, generó un beneficio de unos 4,8 millones de euros. También es propietaria de las empresas Deinco Inmobiliaria y Habitatge Entorn, ambas relacionadas claramente con el ladrillo. La organización de CC.OO, es asimismo  la propietaria de un grupo importante de promotoras en Aragón.

Las inversiones inmobiliarias  de la UGT, aunque notablemente más modestas que las de CC.OO., alcanzan también cuotas dignas de mención. El sindicato de Cándido Méndez controla el 70% del capital de la empresa Gestión Social Inversiones S.L., propietaria a su vez del 82% de Plazaola Gestión Integral S. L. Este grupo de empresas, participadas un tanto disimuladamente por la UGT, produce unos beneficios muy cercanos al millón de euros. La  empresa inmobiliaria Qualitat Habitatge Social S.A. es quizás la más importante del sindicato socialista. Controlada al 100% por la UGT de Cataluña, cuenta  con más de 15 millones de euros en la casilla de activos y se dedica plenamente  a la ejecución del programa de viviendas sociales.
También se han embarcado estas dos centrales sindicales en el campo empresarial de las consultorías. La empresa Grupo de Proyectos Sociales de Madrid S.A. es quizás la mayor empresa dedicada a la consultoría y está en manos de CC.OO. Ambos sindicatos participan al 50% en la empresa Protección Social Complementaria de los Trabajadores S.L., dedicada principalmente a la prestación de todo tipo de servicios  de dirección, administración y gestión de empresas.

Otro capítulo importante al servicio de la actividad empresarial de los sindicatos de clase es el de las fundaciones. Gracias a las fundaciones,  las centrales sindicales de la UGT y CC.OO. venían gestionando hasta ahora alrededor de los mil millones de euros al año. La organización controlada por Fernández Toxo trabaja al menos con cuatro fundaciones que, entre todas ellas, aportan al sindicato más de 250 millones de euros. La mayor parte de este dinero provenía del presupuesto que el Ministerio de Trabajo destinaba a la formación para el empleo. Las cuentas con las fundaciones en la UGT son prácticamente idénticas a las de Comisiones Obreras.

Pero el afán de los sindicatos mayoritarios por hacer caja les lleva a asociarse activamente con multinacionales del porte del BBVA y de la Telefónica. Entre CC.OO. y la UGT suman el 40% de las acciones de Gestión de Previsión y Pensiones S.A., la gestora del BBVA. Cada sindicato se llevó 853.000 euros a cuenta de los beneficios generados por esta gestora durante el ejercicio de 2010. Esta sociedad gestiona varios planes de pensiones, pero el más importante por su volumen es el de la Administración del Estado con un montante de 537 millones de euros. Por la administración de este plan, la gestora del BBVA, participada por CC.OO. y la UGT, se embolsó en 2011 un  millón y medio de euros en comisiones.

Los sindicatos liderados por Fernández Toxo y Cándido Méndez también son socios de Telefónica, participando cada uno de ellos con el 15% en Fonditel Pensiones. Se trata de la cuarta mayor gestora de España con una proyección enorme, pues además de llevar los planes de pensiones privados de Telefónica, gestiona también los de otras empresas. La participación de cada central sindical en Fonditel Pensiones sobrepasa los once millones de euros en activos, y sindicato se ha embolsado medio millón de  euros de beneficios durante el ejercicio fiscal del año 2010.

Como lo que priva a los sindicatos de clase es el dinero, no podían dejar desatendido  el sector de las aseguradoras. El negocio de los seguros siempre ha dado buenos resultados, por lo que CC.OO. y la UGT, que se apuntan a todas,  entran a formar parte de la multinacional de seguros Atlantis. Atlantis  es filial de tres grandes grupos aseguradores que se dedican a ofrecer otras alternativas al seguro tradicional, subordinando siempre la propia economía al servicio de las personas.

El accionista mayoritario del grupo Atlantis es la aseguradora francesa MAIF, que tiene asegurado al 90% del profesorado francés. Le sigue en importancia la mutua MACIF, también francesa, que engloba a una buena parte de los asalariados de la industria y el comercio. Viene después el grupo UNIPOL nacido inicialmente para asegurar el movimiento cooperativo italiano, pero que hoy ofrece una amplia gama  de seguros y productos financieros. Estas tres aseguradoras protegen a más de 15 millones  de personas en toda Europa.

Los sindicatos de la UGT y CC.OO. participan  en el capital de la aseguradora Atlantis con un 5% cada uno. Y los activos proporcionales que maneja cada uno de ellos alcanzan los cinco millones. La relación de CC.OO y la UGT con Atlantis es tan alta, que la aseguradora  se anuncia en las páginas Web de dichos sindicatos dentro del apartado de servicios, en las que los sindicatos aparecen claramente como entidades vinculadas al grupo. Se da además la circunstancia de que entre los miembros del consejo de la aseguradora Atlantis nos encontramos con cargos de una y otra central sindical.

Habría que agregar a todo este entramado empresarial los departamentos jurídicos de ambas centrales sindicales que atienden gratuitamente a sus afiliados, pero que admiten clientes ajenos a dichos sindicatos, cosechando notables beneficios. Así que, tanto la UGT como CC.OO., funcionan como dos gigantescas empresas, disfrutando pródigamente de ciertas prebendas que no tienen las demás empresas. Para empezar, a estas entidades sindicales no se las  obliga a detallar sus cuentas públicas y nunca han sido auditadas por el Tribunal de Cuentas. Disfrutan gratuitamente de los inmuebles donde tienen sus sedes, edificios que proceden, en su inmensa mayoría, de la sospechosa restitución del patrimonio histórico sindical. Otros muchos edificios fueron cedidos gratuitamente por los poderes públicos y son muy pocos los adquiridos directamente. Pero no pagan renta por ninguno de ellos y ni siquiera abonan el correspondiente IBI, a pesar de que se trata un  patrimonio sumamente  abultado e importante.

Han puesto, eso sí, el grito en el cielo por la reforma laboral elaborada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Achacan a semejante reforma un aberrante e inadmisible abaratamiento del despido. Más aún, para los líderes de la UGT y CC.OO, el nuevo contrato indefinido descrito en la nueva reforma laboral para empresas de menos de 25 trabajadores, permite sin más “el despido libre y gratuito” durante un año. De ahí que pidan insistentemente  la retirada inmediata de semejante reforma y el comienzo de una negociación abierta con las fuerzas sindicales. Por eso los sindicatos, con el apoyo incondicional del PSOE e IU, se han lanzado a la calle organizando ruidosas manifestaciones y montando la huelga general del 29 de marzo pasado.

Hasta aquí todo normal. Normales son las protestas, los alborotos callejeros y hasta la misma huelga general para intentar cambiar el rumbo de la reforma laboral propuesta por Fátima Bañez, actual ministra de Empleo y Seguridad Social. Pero lo que ya no es normal es la incoherencia de los responsables sindicales de CC.OO. y de la UGT, ya que predican una cosa y hacen exactamente la contraria. Protestan airadamente de que las demás empresas puedan despedir trabajadores, pero ellos, en vez de dar ejemplo adoptando medidas menos drásticas, utilizan el despido sin contemplaciones. No se a quien quieren engañar, pero la mayoría de los despidos de los sindicatos son simplemente por  “causas organizativas, técnicas y de producción”.

El pasado año, los sindicatos dirigidos por Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez despidieron a más de 500 trabajadores. Y lo han hecho incluso hasta con veinte días de indemnización  por año trabajado, tal y como recoge la nueva reforma laboral que tanto atacan. Sus despidos son a veces tremendamente injustos, teniendo que intervenir la autoridad judicial competente para corregir tamaños desafueros.  Es llamativo el caso de una trabajadora de CC.OO. de Gijón, que con casi diez años de servicio,  fue despedida por dos veces por dicha central sindical y otras tantas veces los tribunales obligaron al sindicato a readmitirla. Y son los mismos, o similares, los pecados laborales de la UGT. Está visto que no es lo mismo predicar que dar trigo.

Gijón, 19 de abril de 2012

José Luis Valladares Fernández

lunes, 16 de abril de 2012

¡VAYA REFERENTE DEMOCRÁTICO!

Ya va siendo hora de que olvidemos definitivamente los terribles delitos cometidos por unos y otros durante la Guerra Civil, en la que  Santiago Carrillo no fue precisamente un santo. Pues han pasado ya casi 80 años desde entonces y todos aquellos prescribieron ya en vida del propio Franco,  incluidos los cometidos por Carrillo,  flamante consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid. Así lo atestigua un decreto de 1969, declarando prescritos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Y por si esto fuera poco, tenemos también la amnistía de la transición democrática de 1977.

Pero es el propio Santiago Carrillo y quienes quieren hacer de él “un referente sabio y democrático” los que no nos dejan olvidar los desgraciados sucesos de aquellos años trágicos, en los que Carrillo tuvo un protagonismo muy especial. Aunque desempeñó un papel aceptable durante la transición, contribuyendo positivamente al éxito de la misma y a la instauración de la democracia en España, no tardó mucho en aparecer de nuevo el Carrillo siniestro, repartiendo condenas y llamando fascistas a los que no forman parte de la llamada   “casa común de la izquierda”. Sus palabras ante el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, al recibir su título honorífico de “Hijo Predilecto”, le delatan: “para mi es un orgullo que los que han luchado contra la libertad del pueblo y tiranizado cuarenta años este país me consideren un adversario; lo contrario me daría vergüenza”.

En vez de huir intencionadamente de los focos mediáticos y llevar un retiro discreto, huye de la sensatez y se empeña en estar continuamente en el ojo del huracán. Y para colmo de males no hace más que mendigar honores que no se merece. No se si sería la ley de Memoria Histórica la que despertó en él antiguos estereotipos ideológicos. El caso es que se olvidó muy pronto de los acuerdos de la transición democrática, sellados incluso con históricos apretones de manos. El comportamiento posterior de Carrillo da a entender que no fue sincero su abandono de la tesis de “ruptura” de su partido, aceptando aparentemente de manera entusiástica la “reforma” política. Su comportamiento posterior da a entender que lo hizo por puro interés personal y para no quedar políticamente aislado.

El comportamiento de Santiago Carrillo deja mucho que desear. Le gusta dar clases de ética y pontificar sobre “buenos” y “malos” y se presenta como un firme defensor de la libertad y de la democracia. Lo hace frecuentemente ante los micrófonos de la Cadena SER y lo hizo el pasado  día 7 de abril en el programa “Informe Semanal” de TVE. Según Carrillo, los que le acogieron y con él prometieron solemnemente hacer “tabula rasa" del pasado, son unos fachas y, además,  han tiranizando a los españoles durante cuarenta largos años. Con estas acusaciones tan directas de Carrillo, es normal que no se olviden sus crímenes, que fueron muchos, cometidos contra indefensos ciudadanos que no pensaban como él, o que eran sacerdotes o religiosos, o tenían la fea costumbre de asistir a misa.

El arrepentimiento de Santiago Carrillo duró muy poco y volvió a ser el mismo de siempre, el marxista irredento que se enorgullece de su pasado cuajado de horrendos crímenes. De los elogios desgranados por la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, en la entrega del inmerecido título de “Hijo Predilecto”, solamente es verdad que tiene una dilatada vida política y una enorme facilidad dialéctica.  Lo demás son simplemente ditirambos ocasionales que no tienen nada que ver con la realidad. Aunque lo diga la alcaldesa, no es cierto que Carrillo sea un dechado de moderación y tolerancia. No ha tenido nunca lealtad hacia nada ni hacia nadie. Tampoco ha sido un hombre valeroso y su dignidad política y personal ha brillado siempre por su ausencia. No es valeroso ni tiene dignidad quien, por miedo a que peligre su liderazgo, recurre a la purga sistemática y a la eliminación traumática de quienes destacaban dentro de su propio partido. 

Tampoco son ecuánimes las alabanzas de TVE, en su programa “Informe Semanal” del pasado Sábado Santo, para conmemorar el 35 aniversario de la legalización del Partido Comunista de España. El reportero de TVE que dirigió el programa, o desconoce la historia, o no hacía más que reírse de los televidentes, porque el programa estaba concebido a la mayor gloria de Santiago Carrillo, donde se le exaltaba obscenamente, y se le calificaba como “referente sabio y democrático”. Y Carrillo, como era de esperar, aprovechó la tribuna para lanzar el siguiente rebuzno: “Suárez, el PSOE y nosotros nos dedicamos a limpiar el terreno de este país (...) No lo logramos, y me parece que esa ha sido una de las cosas que han influido para que el aparato del Estado y las instituciones que han pesado tanto en la historia de España, como por ejemplo la Iglesia, hayan seguido teniendo la fuerza que tienen”.

Este conspirador nato, mientras viva,  tendrá que cargar con las atroces matanzas de Torrejón de Ardoz y de Paracuellos del Jarama, que aquí obviamos por ser sobradamente conocidos. Diremos simplemente que Carrillo, de manera reiterada, ha tratado de eludir cualquier tipo de responsabilidad sobre los mismos y quiere pasar el muerto a unos “milicianos desobedientes”. También tendrá que cargar con otros muchos crímenes, menos conocidos,  pero tan  detestables o más que aquellos. Y es que convirtió en víctimas a muchos conmilitones suyos. Según se desprende de confesiones y de documentos internos del propio partido, no fueron pocos,  los militantes del PCE represaliados y hasta asesinados por orden de Carrillo en la década de los cincuenta. Había que afianzar,  de alguna manera, su liderazgo entre los comunistas que actuaban en España,  para ver cumplida su aspiración de hacerse con la secretaría general del partido.

La etapa delictiva de Santiago Carrillo no finiquitó con su cese como Consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid ni con la finalización de la Guerra Civil. A pesar de esto, continuó impertérrito con su odiosa y abyecta cadena de delitos, dirigidos ahora contra miembros de su propio partido. El equipo básico utilizado por Carrillo para ejecutar sus sentencias de muerte en esta época, estaba formado por estos tres personajes, duros donde los haya: José Gros, alias “Antonio”, Félix Pérez, de sobrenombre “Sebastián” y Ricardo Navacerrada, apodado “Partebocas”.

La lista de los eliminados violentamente por encargo de Carrillo es demasiado larga y está integrada por comunistas destacados, que operaban en España al margen de la dirección en el exilio. Sentía una especial aversión por los comunistas que integraban el círculo del polémico Jesús Monzón. Le estorbaban los que desempeñaban algún tipo de jefatura entre los guerrilleros, ya que, dada su significación relevante,  podían poner en peligro su flamante liderazgo. Entre las víctimas más destacadas, tenemos a Francisco Corredor, conocido por “Pepito el Gafas”, Gabriel León Trilla, Víctor García “El Brasileño” y Luis Montero, entre otros muchos.

Es llamativo el caso de “Pepito el Gafas”. El equipo de asesinos de Carrillo viene a buscarle a España y cuando lo encuentran en Levante le dicen: “Eres el hombre de la suerte. Venimos a por ti. La dirección del Partido te ha designado para que asistas a la reunión del Consejo Mundial de la Paz que se celebrará en Varsovia. Prepara tus cosas, lo indispensable. Cuando lleguemos a París, se te facilitará todo lo necesario". Y en ese camino de vuelta a París, le asesinan en algún punto entre España y Francia.  A Gabriel León Trilla lo engañan y le hacen acudir al llamado Campo de las Calaveras. Allí lo espera un tal Olmedo, apodado “El Gitano”, que lo asesina de varias puñaladas y después lo desvalija para dar al crimen la apariencia de un robo común. A Luis Montero lo acusaron de haber capitulado con la Guardia Civil. Vienen a buscarlo y poco antes de llegar a la frontera francesa es asesinado.

Merece reseñarse el caso del metalúrgico asturiano Víctor García “El Brasileño. A este guerrillero le matan en 1948 sus compañeros de partido, por orden expresa de Carrillo. Sus asesinos fueron tan cínicos y procaces, que hicieron creer a su mujer, María, y a su hijo de solamente 6 años que había muerto en un enfrentamiento con la Guardia Civil. Esto es lo que dice un documento del PCE gallego, fechado en agosto de 1946: “La lucha con García y su grupo, su liquidación política y física es nuestra mayor preocupación (…), creemos estar en camino de liquidarlo pronto”. Y al final, cómo no,  lo consiguieron, tal como revela una carta del 23 de abril de 1948, dirigida al Partido Comunista de Galicia. En ella se dice: “Por fin lo cazamos. Este canalla se nos resistía como una sanguijuela. Logramos cazarlo en la comarca de Lalín. (…) Es un provocador que nos dio muchos disgustos y, aunque tarde, lo hemos eliminado”.

Cuando al equipo de verdugos le resultaba imposible efectuar la eliminación decretada  por Carrillo, éste los delataba a la policía española. Se valía para ello de Radio España Independiente (“La Pirenaica”) y de las publicaciones del partido, principalmente el “Mundo Obrero”. Entre los guerrilleros más importantes que cayeron de este modo en manos de la Guardia Civil, tenemos a Joan Comorera, a Baldomero Fernández, a Heriberto Quiñones, a Basilio Serrano “El Manco” y a casi todos los delegados que actuaban en España, a su vuelta del VI Congreso del PCE, celebrado en Praga en diciembre de 1959. Entre el grupo de delatados tenemos también a Julián Grimau, que murió convencido de que había sido vendido a la policía española por Carrillo. 

Este es Santiago Carrillo Solares, el personaje siniestro que, dejándose llevar por su enorme soberbia, procuraba liquidar  a los que se atrevían  a discrepar de las decisiones que tomaban en París. La fatídica huella que ha dejado en la Historia de España es indeleble y no se puede ocultar ni maquillar. Por supuesto, no es el “referente sabio y democrático” que quiere vendernos Televisión Española y fue un auténtico despropósito nombrarle hijo predilecto de Gijón.

Santiago Carrillo, eso sí, disimula lo que puede y busca todo tipo de disculpas para sus crímenes. Todo ocurrió porque de aquella, según dice, se dejaba llevar por los juicios, a veces excesivamente tortuosos, de los que se relacionaban directamente con los represaliados. Y como era  tan celoso de la disciplina interna,  “obraba impulsado por la necesidad de combatir todo intento de ruptura del partido”. La biografía de Carrillo es sumamente tétrica, aunque él trata de obviar y eliminar los detalles más siniestros, edulcorando todo aquello que pueda perjudicar su imagen. Para él, claro está, son los otros, los que no están en la “casa común de la izquierda”, los fachas, los anti demócratas y los criminales inmisericordes.

Gijón, 10 de abril de 2012

José Luis Valladares Fernández 

martes, 10 de abril de 2012

¿SINDICALISTAS O APROVECHADOS?

Los sindicatos, tal como los conocemos hoy día,  tienen su origen  en las asociaciones que se fueron creando en Gran Bretaña a raíz de la denominada Revolución industrial, que comenzó en 1776. A este tipo de asociaciones, entonces ilegales, que buscaban colectivamente la manera de mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores, se les dio el nombre de Movimiento obrero. Cuando Inglaterra reconoció en 1824 el derecho de los obreros a formar este tipo de asociaciones, aparece ya el nombre de ‘sindicato’.
Se dio el nombre de ‘sindicato’ a estas asociaciones por analogía con la actividad de los síndicos de la antigua Grecia. La palabra ‘síndico’, procede del vocablo griego Συνδηκου (sindico), utilizado para designar a los que se encargaban de defender a otros ciudadanos en los juicios. Con el paso de los años, la palabra síndico termina por adjetivarse cambiando sensiblemente su significado ampliando la defensa a conjunto de personas o a la propia comunidad. La  palabra  síndico con esta nueva acepción conserva el prefijo Συν (syn) y cambia δηκου por δηκι (dike), lo que vendría a decir “con-justicia”.
Desde el principio, los sindicatos han procurado garantizar el bienestar, los intereses sociales, económicos e incluso profesionales del colectivo obrero. En esa defensa, solían estar incluidos todos los trabajadores, incluso los que no habían querido sindicarse. Y este debiera ser también el objetivo primordial de CC.OO. y la UGT. Lo malo es que no es así. Estas dos centrales sindicales se olvidan frecuentemente  de la defensa de los trabajadores para ocuparse de manera casi exclusiva de sus propios intereses. En realidad, se parecen bastante más a una formación política que a un sindicato. A la vista está, que su comportamiento no es el mismo con un gobierno que con otro.
Tanto Ignacio Fernández Toxo, máximo responsable de CC.OO., como Cándido Méndez, mandamás de la UGT, durante los casi ocho años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, más que líderes sindicales, parecían ministros sin cartera. Aunque el número de parados comenzó a crecer vertiginosamente, aunque se congelaron las pensiones y se recortó el salario de los trabajadores públicos y aunque hubo una subida generalizada de impuestos, estos dirigentes sindicalistas guardaron un escrupuloso e imperdonable silencio que talmente parecían tumbas etruscas. Pero eso si, la llegada del Partido Popular al Gobierno les sacó inmediatamente de tan profundo letargo.
Ante semejante comportamiento, es normal que los trabajadores españoles desconfíen manifiestamente de estas  centrales sindicales mayoritarias. Su descrédito es cada día mayor, pues dan la sensación de que estas organizaciones se han olvidado de su labor sindical y se han convertido en auténticas y enormes burocracias que viven cada vez mejor a base de privilegios y de subvenciones cada vez más generosas. Motivo más que suficiente para que, los trabajadores que quedan,  desconfíen abiertamente de estos sindicatos de clase. Y si así reaccionan los que aún conservan su trabajo, ¿qué no harán los trabajadores autónomos, los que llevan tiempo en el paro y los que buscan infructuosamente su primer empleo.
A pesar de las críticas y los recelos de unos y de otros, los dirigentes de la UGT y de CC.OO. son inconmovibles, preocupándose exclusivamente de sus abundantes chollos y de sus negocios. Utilizan  desvergonzadamente la crisis económica para hacer caja y engrosar de manera considerable sus cuentas. Su indecencia llega hasta el extremo de hacer negocios hasta con el desempleo, ya que cuanto más para haya, más dinero ingresan. Sin el menor rubor se aprovechan descaradamente de la mayor estafa social al cobrar un 10% de las indemnizaciones percibidas por los trabajadores cuando se les obliga a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE).
Para más INRI, los trabajadores desconocen frecuentemente que los porcentajes que se llevan estas centrales sindicales se les descuentan  de las minutas de la indemnización que reciben al ser afectados por el ERE, ya que se trata de una cantidad que no aparece en ningún recibo  ni factura. Y a veces la cantidad detraída de la compensación recibida puede ser importante, ya que la organización sindical se lleva una cantidad extra de entre un 10% y un 15% de cada uno de los trabajadores cuando estos cobran más de  20 días por año trabajado. Y no es normal que se pacten ERE con los 20 días que establece la Ley como mínimo. Como fruto de las negociaciones, habitualmente los ERE aprobados están entre 30 y 40 días por año trabajado y a veces llegan hasta los 45 días.
Los cursos de formación continuados constituyen por sí solos todo un pingüe y suculento negocio del que participan inmerecidamente, a través de la Fundación Tripartita, la UGT y CC.OO. Dicha Fundación  está formada por estas dos centrales sindicales  y por la CEOE. Los recursos financieros, que posibilitan esa formación continuada,  proceden de la recaudación de la cuota de formación profesional realizada por la Seguridad Social, de las ayudas aportadas por el Fondo Social Europeo, además del 3% de los Presupuestos Generales. Y para mayor despropósito, estas cuantiosas subvenciones se les reparten lamentablemente antes de que se impartan esos cursos y sin que exista una fiscalización posterior.
A la animosidad y la animadversión propias de los sindicatos de clase contra toda opción política conservadora cuando gana las elecciones, se une ahora una belicosidad atroz para chantajear deliberadamente a los responsables del Gobierno para que no les toquen sus prebendas  particulares. A los sindicatos de la UGT y  CC.OO. les preocupan  muy poco la nueva  reforma laboral y, menos aún, los nuevos Presupuestos para 2012. Lo que de verdad les saca de quicio es que, con  esta reforma laboral y con estos Presupuestos, pierden parte de su poder tradicional y pierden también mucho dinero.
Saben perfectamente que una reforma electoral como ésta, o muy similar,  era totalmente necesaria para abrir un camino de esperanza a los parados de larga duración y a los jóvenes, incapaces de encontrar su primer empleo. Podrá fracasar, pero de momento está en la onda de las normas laborales que rigen en los países de nuestro entorno y en ninguno de ellos se ha desmadrado el paro como en España. La crisis ha sido igual para todos y, sin embargo, doblamos en paro a la mayoría de ellos. Capitaneamos las listas de desempleados en todo el mundo civilizado. Hasta Irlanda, Portugal e incluso Grecia, que ya es decir,  tienen un porcentaje de parados inferior al nuestro. Y algo tendrá que ver en ello la norma laboral que rige en cada uno de ellos.
Pero ni la UGT ni CC.OO. ha querido esperar a ver los resultados de la reforma laboral. Sin esperar a la redacción definitiva  que saldrá de Las Cortes, se han lanzado a la calle con huelga general incluida  porque, según dicen, acabará con los puestos de trabajo que quedan. Quieren hacernos creer que se movilizan ahora para defender los derechos laborales de los trabajadores. Y ¿por qué no se movieron durante los duros años del zapaterismo, cuando se disparó el paro y se llegó incluso a recortar sensiblemente el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores? La respuesta es muy sencilla. A parte de sintonizar políticamente con el Gobierno de entonces, el  paro les daba pingües beneficios con los famosos ERE.
El problema por el que los sindicatos de clase han declarado la guerra al Gobierno de Mariano Rajoy y se han echado a la calle, es la pérdida de parte de sus propios derechos. Que la nueva normativa  laboral reduzca su capacidad de negociación y que pierdan  el monopolio de la formación de trabajadores es lo que ha hecho saltar todas las alarmas sindicalistas. La reforma laboral propuesta por el Gobierno liberaliza el mercado de la formación laboral, con lo que es muy posible que los sindicatos pierdan esta fuente de ingresos que venían percibiendo tradicionalmente y que ahora pueden esfumarse. Solamente en 2011, la engañifa de estos cursos aportaron a las arcas de estas centrales sindicales casi 500 millones de euros
Otro punto extremadamente sensible lo tenemos en los ERE. Con la nueva normativa laboral, las empresas ya no pactarán los ERE con los sindicatos. La nueva norma permite a las empresas los despidos colectivos cuando se den ciertas circunstancias, previstas en la legislación, prescindiendo de las negociaciones sindicales. Y en caso de conflicto, será un juez y no los sindicatos ni la autoridad laboral la que tenga la última palabra. Y con esto, claro está, se cierra definitivamente otra fuente de financiación notable que aportaba a los sindicatos varios cientos de millones de euros al año.
Ni CC.OO. ni la UGT han digerido aún la pérdida de poder social al reducir sensiblemente su papel en la negociación colectiva. A partir de ahora, prima el convenio de empresa sobre el convenio colectivo. Con la reforma laboral se amplían notablemente las causas que permiten a las empresas descolgarse de los pactos colectivos y tomar ciertas decisiones, como ajustar salarios,  la movilidad laboral y hasta y, si las circunstancias lo requieren, extinguir contratos laborales. Y todo esto, por supuesto, sin previo acuerdo con los sindicatos.
Está muy claro que defienden descaradamente sus propios privilegios como el poder de intermediación y todas aquellas actuaciones que les propiciaban buena parte de sus ingresos extraordinarios y todo ello, sin mucho esfuerzo. Pero esto no lo reconocerán jamás y seguirán quejándose con la torpe escusa de los intereses de la clase trabajadora. Pregonarán que la marginación de los sindicatos deja a los asalariados desprotegidos ante los ajustes de los empresarios en crisis y en la más tremenda de las indefensiones al encarar su despido inmediato sin posibilidad de réplica alguna. Debieran, eso sí, dar ejemplo con sus propios trabajadores que frecuentemente son los más expuestos  a todo tipo de arbitrariedades. 
Gijón, 9 de abril de 2012 
José Luis Valladares Fernández

miércoles, 4 de abril de 2012

LO QUE NOS FALTABA

Todos pensábamos que el zapaterismo, sus maneras de actuar y de subvencionar actuaciones improcedentes, había desaparecido ya para siempre. Y que únicamente quedaría constancia de semejantes desaguisados en las hemerotecas y en algún libro que otro. Pero el Boletín Oficial del Estado del pasado día 27 de marzo nos demuestra que no es así, que seguimos ciegamente la pauta marcada por el anterior Gobierno. Es como si alguien hubiera tenido la desgraciada idea de clonar a Leire Pajín, para que, en el ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dirigido ahora por Ana Mato Adrover, todo siga igual  y no se note el cambio provocado por las pasadas elecciones.
En el ministerio de Sanidad tratan de cubrir sus espaldas y justifican estas subvenciones citando la Orden SPI/1191/2911 dictada por el Gobierno anterior en mayo del pasado año. Pero aunque quieran lavarse las manos, se da la circunstancia de que ahora es Ana Mato la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y, en consecuencia, la que firma dichas subvenciones.  Es cierto que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cometió abundantes dislates y barrabasadas sin cuento, pero quienes nos  gobiernan ahora,  deben corregir cuidadosamente los despropósitos que encuentren y no justificarlos jamás.
En este caso concreto siguen la inveterada costumbre del Ejecutivo anterior de repartir dinero a lo loco, primando generosamente  a  asociaciones con una enorme carga ideológica de izquierdas o patrocinadas directamente por miembros destacados del PSOE. Y a pesar de las dificultades económicas que atravesamos, la cantidad distribuida es importante, nada menos que 207.328.175,50 euros. Se trata de la recaudación efectuada por Hacienda, a través del IRPF,  destinado a cubrir fines sociales. Pero las circunstancias exigían un reparto bastante más equitativo y racional y menos politizado.
Como es imposible hacer una relación de todos los beneficiados por el Ministerio de Sanidad, detallaremos los casos más significativos y chocantes. Al examinar la prolija lista nos encontramos con la Federación de Planificación Familiar, organización que apoya y promueve el aborto sin tapujos, que recibe una subvención de 172.000 euros, desglosados en las siguientes partidas: 112.000 euros para la atención de jóvenes en salud sexual;  otros 31.000 euros, con idéntico destino, pero para jóvenes inmigrantes; y otros 29.000 euros más para atender los derechos sexuales y reproductivos y la confección de una guía de buenas prácticas.
No menos llamativas son las subvenciones concedidas a Save The Children, más que por el importe, por quien está detrás de semejante organización. La mujer de Alfredo Pérez Rubalcaba, Pilar Goya Laza es nada menos la vicepresidenta  primera y la presidenta del Comité de Desarrollo del patronato español de Save The Children. Esta organización, no se si por ser vos quien sois, se lleva 87.454 euros para la dinamización de centros educativos y otros 155.876 euros para grupos infantiles de interés social. También recibe 87.093 euros que deberá dedicar a la atención socioeducativa de los menores a domicilio y 68.648 euros más para prevenir el abuso sexual infantil. Con otros 50.929 euros para promocionar la parentalidad positiva y los 36.000 para organizar consejos, comisiones y foros, Save The Children se embolsó un total de 398.907 euros en subvenciones, con la inesperada aquiescencia del Ministerio de Sanidad.
Como no podía ser menos, la Fundación Mujeres, que preside la actual vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, se llevó también una suculenta tajada  de 619.990 euros con cargo a la asignación del IRPF: 118.000 euros para el programa “Actívate buscando empleo 2012”; otros 221.990 euros para el programa gemelo “Actívate creando empresas 2012” y 280.000 euros para el Servicio de Apoyo Integral a Personas cuidadoras. Tampoco se ha quedado corto el “Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad” de la ex diputada socialista Paquita Sauquillo, al que se le asigna la bonita cifra de 615.204 euros para emplear  en varios programas. Al lado de otras cantidades inferiores,  destacan los 174.400 euros para las oficinas de información en primera acogida; los 114,000 euros para la red ciudadana por la paz y los 84.280 euros para informar y asesorar  a la mujer víctima de violencia de género y en riesgo de exclusión social.
Como venía siendo habitual, tampoco sale mal parada la Federación Estatal  de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales que, por varios conceptos, se embolsa casi 250.000 euros, y otros 25.000 euros la Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Es tremendamente significativo que la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) que dirige Ángeles Pedraza no haya recibido ni un solo euro, mientras que la Asociación 11-M de Pilar Manjón se llevó 180.000 euros y 50.000 la Fundación Víctimas del Terrorismo de Maite Pagazaurtundúa. Ni la misma Leire Pajín lo hubiera hecho mejor.
Es imposible referenciar todas las subvenciones de esta interminable lista de beneficiarios. En el siguiente enlace, puede revisarse el listado completo de las subvenciones concedidas últimamente por el Ministerio de Sanidad que dirige ahora Ana Mato: http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/27/pdfs/BOE-A-2012-4237.pdf.  Pero no podemos pasar por alto a los sindicatos mayoritarios, ya  que, cuando hay reparto de dinero, los encontramos siempre con el cazo preparado en  los primeros puestos de la fila. De la asignación del IRPF destinada a fines sociales, CC.OO y la UGT se llevan 1.296.671, 13 euros para sus programas formativos y de apoyo a la inmigración. En total 73.564,13 euros más de lo que recibieron el año anterior, con Leire Pajín aún al frente del Ministerio de Sanidad.
El sindicato liderado por Ignacio Fernández Toxo se embolsa 488.663 euros para su red de apoyo y defensa de los inmigrantes. CC.OO se lleva otros 120.267,90 euros para sus programas de información y reinserción de personas con problemas de alcohol o de cualquier  otra droga. Recibe también 101,000 euros para realizar diversos planes de formación y de ayuda al empleo. Remata la faena con otros 45.000 euros, que ingresa en sus cuentas,  para asesorar a los emigrantes españoles cuando vuelvan a casa. El total de lo percibido por CC.OO asciende a la cantidad importante de 754.930,90 euros
Tampoco la UGT tiene motivos para quejarse. La central sindical dirigida por Cándido Méndez percibe 238.945 euros para su red de centros de información y orientación social a inmigrantes. Recibe igualmente una subvención de 115.973 euros para su programa  Artemisa, que se ocupa de lograr, al menos teóricamente, la igualdad real entre hombres y mujeres. Para promocionar  el empleo, la UGT ingresa otros 101.000 euros. Así mismo, el proyecto programado para la reinserción sociolaboral de los ex toxicómanos va a proporcionar a este sindicato 36.022,33 euros. Se llevará también 25.000 euros para prestar atención  a emigrantes españoles retornados, más otros 25.000 euros para informar y asesorar a colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social. Lo que quiere decir que el sindicato dirigido por Cándido Méndez se embolsa un total de 541.940,23 euros.
También la Unión Sindical Obrera ha tenido su premio en esta tómbola que reparte los fondos del IRPF destinado para fines sociales. Pero el premio de este sindicato es bastante más modesto que los otorgados a los otros dos sindicatos llamados mayoritarios. La USO tiene que confirmarse solamente con 82.200 euros, repartidos de esta manera: 61.200 euros para su servicio de información, asesoramiento y orientación social para inmigrantes y otros 21.000 euros para  la formación, asesoramiento e inserción de jóvenes y conocimiento de sus derechos laborales.
Se trata evidentemente de un dinero procedente del 0,7% de las declaraciones de la Renta de aquellos contribuyentes que marcaron la casilla “a otros fines sociales”. Por lo tanto, se trata de  un dinero destinado, como muy bien subraya el Ministerio de Sanidad en la resolución correspondiente, a subvencionar “la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales”. Es muy posible que Leire Pajín, al abandonar el Ministerio, haya dejado marcadas ciertas   pautas para repartir este dinero. Pero ahora la responsable de ese Ministerio es Ana Mato Adrover, y no Leire Pajín y, en consecuencia,  es ella la que debe marcar las urgencias sociales que exigen una atención prioritaria y más inmediata.
Debido a la complicada situación económica que atravesamos, hoy hay otras carencias y otras necesidades sociales mucho más acuciantes que la mayoría de las que han sido atendidas con estas subvenciones y que, en todo caso, pueden esperar. Son muchas las familias pobres de solemnidad que, al no tener un trabajo, carecen de lo más elemental y,  para matar el hambre, tienen que acudir con todos sus miembros a los comedores sociales de la Iglesia o rescatar alimentos caducados de los contenedores de basura colocados en las inmediaciones de los supermercados. 
Gijón, 2 de abril de 2012 
José Luis Valladares Fernández