Somos muchos los que hemos criticado duramente a José Luis
Rodríguez Zapatero por su enorme torpeza a la hora de hacer frente a la crisis
económica. Al intentar atajar esta crisis a base de improvisaciones y con escasas
medidas, todas ellas manifiestamente ineficientes, ni siquiera fue capaz de
paliar los devastadores efectos de la misma y mucho menos evitar que se
convirtiera en la más grave y peligrosa de nuestra historia. El Partido
Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, censuró frecuentemente, y sin piedad
alguna, esta actitud irresponsable del
anterior presidente del Gobierno.
Rajoy mismo, desde la tribuna del Congreso de los Diputados, le
echaba en cara de vez en cuando su prolongado empecinamiento en negar la crisis
y que con su falta de decisión para adoptar medidas oportunas para minimizar la
crisis, no generaba confianza alguna en los mercados financieros. No andaba muy
descaminado Mariano Rajoy cuando afirmaba rotundamente que el Gobierno de
Zapatero, lejos de solucionar la crisis, la agravaba considerablemente con sus
improvisaciones y sus “ocurrencias” ocasionales proponiendo hoy una cosa y otra
muy distinta al día siguiente.
En las elecciones del pasado día 20 de noviembre, Mariano Rajoy
cosechó un gran triunfo, logrando la mayoría absoluta más amplia de toda
nuestra historia democrática. Tan pronto se hizo cargo del Gobierno, sorprendió
a todos con una serie de reformas, todas ellas necesarias y extraordinariamente
valientes, entre las que destacaba la reforma laboral. Esto hizo pensar a los
españoles, a los miembros de la Unión Europea que, por fin, había un Gobierno
serio y riguroso, con las ideas claras para poner en orden nuestra economía. Y
como es lógico, se calmaron momentáneamente los mercados y se moderó la prima
de riesgo.
Pero todo fue un espejismo pasajero. El hechizo terminó muy pronto
al ver que el Gobierno se contentaba con andar por las ramas y daba muestras de
que no se atrevía a taponar el principal sumidero por donde se van ingentes
cantidades de dinero público. Después de su entusiasmo inicial, se arruga ante
la necesidad perentoria de adelgazar nuestra elefantiásica administración,
suprimiendo puestos repetidos hasta diecisiete veces, eliminando organismos
inútiles que no sirven más que para gastar dinero y recuperando para el Estado aquellas
competencias que son básicas para conservar la unidad y la igualdad de todos
los españoles, como es el caso de la Educación, la Sanidad y la Justicia.
En vez de cortar decididamente tanto derroche privatizando las
televisiones públicas y las autonómicas, acabando de una vez con la cultura de
la subvención y suprimiendo los chiringuitos políticos, el exceso de asesores y
los cargos de confianza inútiles, se limitan a poner paños calientes ideando
auténticas “ocurrencias” que les llevan a recortar donde, en realidad, hay muy poco que recortar. Y así hacen pagar
el pato a los de siempre, a los de la sufrida clase media que, además, tienen
muy poco margen de respuesta. Y encima, dando la sensación de que se les está engañando
miserablemente.
En el Partido Popular, en efecto, siempre se ha estado contra la
subida de impuestos, por lo menos de una manera teórica, pues, según dicen, se
recauda bastante más dinero si los impuestos son moderados y no extremadamente
altos. El mismo Rajoy, durante la campaña electoral, prometió solemnemente no
subir ninguno de los impuestos. Pero el hachazo llegó sin que lo esperara nadie
con la subida del IRPF, en una proporción que va del 0,75% al 7%, con varios
valores intermedios, siempre de acuerdo
con el montante de los ingresos. Sube también
el tipo de gravamen de las rentas del ahorro un 2%, un 4% o un 6% según
el volumen del ahorro. Y por último sube el IBI, la contribución urbana que se paga simplemente por poseer algún
inmueble. Y esta subida será del 4%, el 6% o el 10%, dependiendo, claro está,
de la antigüedad de la revisión catastral.
Por si esto fuera poco, se encareció considerablemente la luz, el
gas y el transporte. Con las subidas inesperadas de impuestos y la elevación
descarada del precio de artículos básicos, no se arregla la situación pero se
desestabiliza gravemente los presupuestos de muchas familias españolas. Para
hacer algo diferente a José Luis Rodríguez Zapatero, Rajoy prometió
solemnemente en su discurso de
investidura no recortar salarios y revalorizar las pensiones de acuerdo con el
IPC previsto. Y aunque materialmente cumplió esta promesa, en realidad es como
si hubiera hecho esos recortes de frente. Pues la subida de impuestos, y más si
va asociada a una elevación generalizada de los artículos más utilizados por
todos, supone siempre un recorte notable de los salarios y de las pensiones.
Pero aún hay más. Una vez que el nuevo Gobierno manifiesta
palpablemente que no va a tocar nuestra estructura administrativa, y que
renuncia a exigir que se cumpla estrictamente la ley en las taifas díscolas para
poner fin a tanto desmadre autonómico, vuelve la desconfianza de los mercados
financieros, se dispara otra vez la prima de riesgo y se desploma la bolsa. Está
meridianamente claro que la falta de valentía del Gobierno y la actitud
irresponsable de la oposición y de los sindicatos de clase nos han devuelto al
borde de la intervención.
Como no hay dinero para pagar los servicios básicos, tal como ha
reconocido Rajoy, el Gobierno trata de solucionar los problemas a base de
parches y por entregas, que es tanto como no solucionar nada. Pervirtiendo
intencionadamente el lenguaje, la ministra del ramo dice que, para que la
sanidad siga siendo “pública, universal y gratuita”, los perceptores de una
pensión pública contributiva tienen que costear parte de los medicamentes que
utilicen. Si abonamos algo por los
medicamentos ya no estamos ante un servicio gratuito, y eso sin contar que la
sanidad la hemos ido pagando a lo largo de la vida laboral. También habla de un
“pago compartido”, sabiendo perfectamente que se trata de un sobrecoste
decretado por decisión política, obviando otras fórmulas de ahorro mucho más
efectivas y justas.
Estamos posiblemente ante la medida más injusta de cuantas ha
tomado el Gobierno de Rajoy. No es de recibo que se imponga a los pensionistas
un gravamen extra para mantener su salud. Hay que tener en cuenta que, durante
muchos años, estuvieron cotizando religiosamente a la seguridad social y que no
son culpables en absoluto de los despilfarros que han vaciado las arcas del
sistema público de previsión social. No fueron ellos los que impusieron el
actual sistema de reparto para cubrir eficientemente las necesidades sanitarias
de quienes no cotizaron al sistema, de los extranjeros que aterrizan
ilegalmente en nuestra tierra y de los que practican el turismo sanitario. No
es de recibo que se sigan cubriendo
gratuitamente los caprichos excusables de algunos, como el cambio de sexo, y se
exija a los jubilados que abonen un
canon por una prótesis de cadera o rodilla.
Se disculpa Mariano Rajoy, indicando que semejante medida supone
muy pocos euros al mes. Va aún más lejos el secretario nacional de Sanidad y
Asuntos Sociales del Partido Popular y
actual Consejero de Salud de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz Salgado, con
su insolente afirmación de que el copago farmacéutico de
los pensionistas “solo son cuatro cafés al mes”. Como se han movido siempre con
sueldos de escándalo, no piensan que, una inmensa mayoría de jubilados está viviendo al límite de sus
posibilidades. Y el gasto de esos ocho euros en medicinas supone para ellos un gran
sacrificio, sobre todo si se trata de enfermos crónicos. Nada que ver con el
sacrificio baladí de los que así hablan cuando
se gastan alegremente 2.000 o 3.000 euros en simples banalidades.
No es de recibo la justificación de este nuevo canon dada por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, regentado por Ana Mato. Dicen
que pagamos menos impuestos que en el resto de países europeos. Ni más ni
menos, la misma disculpa que han dado habitualmente los socialistas en
circunstancias similares, por ejemplo, cuando subieron el IVA. Y tanto los
socialistas entonces, como ahora los
responsables del Partido Popular, silencian descaradamente que nuestro poder adquisitivo
es bastante inferior al de esos países
europeos que, es verdad, soportan una carga impositiva superior a la nuestra.
Como Mariano Rajoy no entra
decididamente en el fondo de nuestro
mayor problema, continuará abierto el
sumidero de nuestra desmesurada estructura administrativa, por donde se va
desgraciadamente la mayor parte de nuestro dinero. Nuestros ingresos no dan
para tanto. Pero aún así no hay ningún otro país que compita con nosotros en
defensores del pueblo, tenemos más altos cargos y muchos más asesores y jefes
de protocolo que nadie. Y esto cuesta mucho dinero. Menos mal que, aunque
tarde, arregló en parte lo de RTVE, eliminando consejeros y dejando sin sueldo
a los que quedan. Y digo en parte, porque debiera haber ido más lejos, poniendo
en marcha su privatización y urgiendo a las distintas comunidades que hicieran
lo propio con sus televisiones autonómicas.
Al no reducir drásticamente nuestros exagerados gastos corrientes,
continuaremos con muchos frentes abiertos, cuya atención simultanea es poco
menos que imposible porque escasea el dinero. Y querer cerrar tanto foco por
entregas, por muy buena voluntad que pongan los miembros del Gobierno, no va a resultar
efectivo, ya que antes de cerrar
definitivamente alguno de ellos, aparecerán otros nuevos, tan apremiantes o más que los anteriores. La urgencia de
alguno de esos problemas y la falta endémica de fondos suficientes, obligará a
los ministros a romper, muy a su pesar, alguna de sus promesas, por muy
sinceras y solemnes que estas sean. Y lo que es peor de todo, darán la
desagradable sensación de que nos están mintiendo.
Es lo que pasó al principio de la legislatura con el IRPF y volvió
a pasar ahora con el copago y con las tasas universitarias, a pesar de las famosas
líneas rojas que, según decían, marcaban claramente hasta dónde se podía llegar
en sanidad y en educación. Y es muy posible que, antes de lo que pensamos, ocurra
lo mismo con otras tasas fiscales. Aunque el Gobierno lo niega, cada vez son
más numerosos e insistentes los rumores de que está próxima una nueva
subida del IVA y de que vamos a tener
que pagar peaje hasta por circular por las carreteras normales.
Gijón, 24 de abril de 2012
José Luis Valladares Fernández