domingo, 27 de mayo de 2012

QUE SE CALLE RUBALCABA DE UNA VEZ


En un mitin de 1982, organizado en Jerez de la Frontera por el clan de la tortilla, Alfonso Guerra sacó a relucir su lenguaje sarcástico y dijo: "No descansaré hasta conseguir que el médico lleve alpargatas." Y ese era el camino al que nos llevaba irremediablemente la desafortunada actuación  del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero,  a que médicos y  no médicos, todos los integrantes de las clases medias españolas, tuvieran que contentarse con calzar unas simples alpargatas. Y en semejante labor colaboraba entusiásticamente su todopoderoso  vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba.

Y menos mal que los ciudadanos españoles le cerraron el camino hacia La Moncloa con su voto. De no haber sido así, Rubalcaba hubiera continuado sin problema alguno la triste faena, iniciada por Zapatero, de seguir empobreciendo al mayor numero posible de familias españolas. A pesar de su abultada derrota en las urnas, sigue alentando torpemente la insidia y la asechanza entre sus mesnadas, y les pide insistentemente que no den tregua al Gobierno, que lo acosen  y lo desgasten, ocupando calles y plazas y organizando en ellas toda clase de protestas ruidosas y alborotos callejeros. Y fomentar algaradas en  circunstancias económicas tan críticas es, cuando menos, un solemne disparate político.

Ha sido humillante su resultado electoral, el peor de toda nuestra historia democrática. Cualquier otro candidato hubiera dimitido al conocer  los datos oficiales del escrutinio, se hubiera ido a su casa y no hubiera optado ya a la Secretaría General del PSOE y hubiera dejado que otra persona menos visceral se hiciera cargo del partido y tratara de regenerarlo convenientemente. Pero para eso hace falta tener dignidad, y Rubalcaba no  parece tenerla. Y si alguna vez la tuvo, posiblemente la perdió haciendo política durante tantos años  desde las cloacas del Estado. Pero ya que no imitó el gesto señero de Joaquín Almunia, debiera al menos guardar silencio y esperar pacientemente hasta que se conozca el resultado definitivo de la actuación iniciada por el Gobierno del Partido popular.

Pero ni lo uno ni lo otro. Alfredo Pérez Rubalcaba ni se va, ni se calla y, con más moral que el Alcoyano, reconviene constantemente al Gobierno del Partido Popular. Con enorme petulancia, hasta se permite  el lujo de indicar a Mariano Rajoy lo que debe decir a los alemanes cuando vuelva a Bruselas a participar en otra cumbre europea. Pretende aportar soluciones y habla como  si no fuera él tan responsable como Zapatero de todos nuestros males actuales. Dice que es “consenso y diálogo” "lo que le está faltando a España para salir de una crisis que los ciudadanos empiezan a percibir con enorme angustia".

Y como Mariano Rajoy, espoleado por la gravedad de nuestra situación económica y por la urgencia de encontrar rápidamente una solución, no le hace caso, monta en cólera y aparece Rubalcaba  tal cual es, hasta con su vieja costra jacobina y,  lleno de iracundia, vomita toda clase de improperios contra Rajoy y contra todos los miembros de su Gobierno. Con sus tópicos demagógicos de siempre, los acusa abiertamente de que, gracias a ellos, España es ahora mucho “más débil”, de que ejercen el poder de un modo “caótico” y con una desconocida “omnipotencia” que les lleva a no querer acordar nada con nadie, ni con los demás partidos, ni con los distintos agentes sociales. Va aún mucho más lejos y se atreve a decir que los ministros del nuevo Gobierno no tienen “plan” alguno y “corren como pollos sin cabeza” y ¡pásmense! Rubalcaba, precisamente Rubalcaba,  llama “mentiroso” a Rajoy.

Que otra persona cualquiera llame mentiroso a Mariano Rajoy podría admitirse como algo natural. Y mucho más si tenemos en cuenta que, por el motivo que sea, se salta sistemáticamente alguna de sus promesas durante la pasada campaña electoral. Pero no Alfredo Pérez Rubalcaba que, con toda justicia, se ha merecido el apelativo de rey de la mentira. Ni siquiera se ha molestado lo más mínimo por seguir el acertado consejo del dramaturgo francés, Jules Renard, que decía así: “De vez en cuando di la verdad para que te crean cuando mientes”. Lo del secretario general del PSOE es mentir por mentir.

No sabremos nunca de cuando le viene a Rubalcaba esa afición insoslayable de decir lo contrario de lo que piensa, cree y sabe, con la firme intención de engañar. Pudo empezar de pequeño, aún antes de asistir a clase al Colegio del Pilar, en su época de estudiante universitario. O más tarde, como consecuencia lógica de dedicarse invariablemente, durante tantos años, a hacer política desde los albañales del poder. La maestría con que miente aquí y allí y la manera de preparar toda clase de trampas saduceas para forzar al adversario a cometer errores, indica que es algo que viene de muy atrás y que ha adquirido una enorme destreza. Si fuera un simple aficionado a la mentira,  sería incapaz de mantenerse en primera línea tanto tiempo y llevaría ya muchos años siendo un cadáver político.

Que Alfredo Pérez Rubalcaba era todo un profesional de la mentira quedó ampliamente demostrado en su etapa al servicio del felipismo. De ahí que Felipe González, convencido de sus extraordinarias habilidades para camuflar hechos comprometidos, lo nombra en 1993 ministro de la Presidencia y de Relaciones con las Cortes. A partir de entonces, y hasta 1996, Rubalcaba se convierte en el prestidigitador oficial de La Moncloa y se dedica  a defender ardientemente al Gobierno de casos tan graves  como los GAL, Filesa, Fondos Reservados, Roldán, Mariano Rubio y otros muchos, todos ellos extremadamente patéticos y comprometidos. Y no se amilanaba en su intento de eximir a su Gobierno de toda responsabilidad en la guerra sucia contra ETA, negando públicamente su implicación en la creación de los GAL y en sus actos terroristas. Y afirmaba con el mayor descaro: “En este país del GAL solo hablan el PP y ETA”.

Cuando en el año 2000 José Luis Rodríguez Zapatero se hace con la Secretaría General del PSOE, Rubalcaba queda incluso fuera de la Ejecutiva Federal del partido. Había cometido el error de apostar por José Bono  y, por este pecado, parecía condenado al ostracismo político.   Pero esto no le amedrentó. Utilizando convenientemente su ya amplia experiencia de fontanero en la sombra, poco a poco se va introduciendo en la estructura política de Ferraz. Y en 2003 logra, por fin, hacerse cargo de la cocina del partido, iniciando así, de manera entusiástica, su adhesión al zapaterismo.  

Con la llegada de Zapatero a La Moncloa en Marzo de 2004, Rubalcaba  es nombrado portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y se ocupo de algo tan complicado como la negociación con ETA y con los nacionalistas catalanes, el desarrollo del nuevo Estatuto. Es a partir de ahora cuando de manera más frecuente recurre sistemáticamente a la mentira. Comenzó su trepidante campaña de agitación la víspera misma de las elecciones generales,  transgrediendo flagrantemente la jornada de reflexión y animando a los militantes de su partido a cercar las sedes del partido Popular. De este modo y con su grito de guerra que decía: “Los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad… Y la verdad, toda la verdad, se acabará sabiendo”, consigue el más inesperado vuelco electoral que aún estamos pagando todos los españoles.

En mayo de 2006, Alfredo Pérez Rubalcaba cambia el atril de portavoz del Grupo Socialista en el Congreso por el sillón del Ministerio del Interior, para conducir la negociación con ETA, aprovechando la tregua  que había declarado en marzo. Y aunque el flamante ministro del Interior declaró solemnemente, después de una supuesta verificación de la tregua, que “el alto el fuego” era “completo y real”, según informe posterior de la Fiscalía, no hubo verificación alguna de la tregua  y los etarras continuaron mandando cartas de extorsión, recaudando ese año unos 6 millones de euros.

Volvió a mentir descaradamente en octubre de ese mismo año al negar que el Gobierno hubiera negociado con ETA en Oslo. Es el periódico El País el que le desmiente en Junio de 2007, el que confirma esos contactos en la capital de Noruega y desvela  que fueron los servicios secretos noruegos los encargados de la seguridad de las delegaciones. Repitió la mentira en enero de 2007 después del atentado de ETA de la T4. No hay diálogo, dijo, “porque el proceso de diálogo se basa en que ETA muestre una voluntad inequívoca de dejar la violencia; no hay esa voluntad, por lo tanto no hay proceso”. Un año más tarde, es el propio Zapatero el que deja en evidencia a Rubalcaba al reconocer, ante el director de “El Mundo” que los contactos con ETA siguieron después del atentado de la T4.

Siempre hay alguien que le desmiente infaliblemente, pero él miente, miente y vuelve a mentir. Volvió a negar, con todo el descaro y un gran desparpajo, la nueva negociación de 2010 entre el Gobierno y ETA. Un mes más tarde, es Jesús Eguiguren, el presidente del PSE el que reconoce sin ambages  los nuevos contactos del Gobierno con ETA. Hasta aprovechó una comparecencia suya en el Congreso, para negar impávidamente  que se hubiera dado trato de favor a Iñaki de Juana Chaos. Y todos habíamos visto por televisión sus paseos extra carcelarios y su excarcelación posterior, a pesar de los crímenes que tenía a sus espaldas.

El elenco de mentiras de Rubalcaba es prácticamente inagotable, tanto que  podríamos llenar páginas y más páginas con ellas. Y ahora que ha dado ya carpetazo al zapaterismo y ha empezado a gestionar su propia marca, sigue mintiendo profusamente y, como es su costumbre, se salta con facilidad la legalidad vigente. Quizás sea que no le comprendemos porque, como dijo en un mitin celebrado en Mérida en julio del año pasado, trata de elaborar un proyecto político con la vista puesta en los socialistas de hace 100 años y no en los de ahora. Y lo está consiguiendo. Rubalcaba  no puede llamar mentiroso a nadie y lo menos que puede hacer es callarse y aclarar de una vez con quién está, si con los que ocupan la calle o con los que quieren un Pacto de Estado.

Gijón 18 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández

viernes, 18 de mayo de 2012

ERA YA LO QUE NOS FALTABA




En los carteles publicitarios de 1948 comenzó a promocionarse el turismo en España con un slogan, creado por alguien que nos conocía muy bien y que literalmente decía: "Spain is beautiful and different" y que, poco tiempo después, derivó en  "Spain is different" o “spanish is different”. Semejante slogan, en cualquiera de las dos variantes, nos retratan  de cuerpo entero. Los españoles somos incorregibles, vamos por la vida de matones y de perdonavidas. Fanfarroneamos desmedidamente con nuestros logros, con nuestras obras y hasta con la marcha de nuestras instituciones políticas o religiosas.

Una prueba fehaciente de nuestra singularidad es que, si algo sale mal, seguirá siendo bueno y nadie osará modificarlo. Es el caso de nuestro Estado de las Autonomías. Al igual que Pandora, la mujer mitológica de la teogonía del poeta  Hesíodo, abrió su caja para que se desparramaran  libremente todas las desgracias humanas, los padres de nuestra Constitución hicieron prácticamente lo mismo creando las Comunidades Autónomas. La intención sería muy buena: diluir las aspiraciones separatistas de algunos grupos políticos del País Vasco, de Cataluña y de Galicia. Pero el resultado no pudo ser peor.

En vez de calmar a los separatistas, con el Estado de las Autonomías dieron más alas a los partidos nacionalistas para dar pasos comprometedores y de difícil vuelta atrás hacia la separación de España de sus respectivas regiones. Ahí están, para confirmarlo, las reformas estatuarias que se fueron aprobando, tendentes a consolidar los intereses caciquiles y clientelares de los nacionalistas que estaban al frente de los gobiernos autonómicos. Reformas que, por otra parte, tienden lamentablemente  a dinamitar la igualdad entre los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas y la necesaria solidaridad entre los españoles.

Con el Estado de las Autonomías se creo una estructura administrativa tan compleja que, aparte de los inevitables problemas políticos, no hay dinero que aguante su mantenimiento. Ahora ya no tenemos un presidente, tenemos dieciocho presidentes o veinte, si tenemos en cuenta las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además del Congreso y el Senado, tenemos otros diecisiete parlamentos autonómicos, uno por cada Comunidad Autónoma. Y como todos ellos tienen capacidad legislativa, cada Comunidad tiene sus propias leyes particulares que complican enormemente la apertura de nuevas empresas. No tenemos un solo tribunal supremo, tenemos diecisiete tribunales supremos, no se cuantos defensores del pueblo e infinidad de canales  públicos de televisión, algunos nacionales y otros autonómicos,  y varias  emisoras de radio.

Aunque estamos  ante una estructura administrativa completamente enrevesada y atípica, los políticos profesionales reconocen unánimemente, cuando hablan en público, que la implantación  del Estado de las Autonomías ha sido un verdadero acierto, ya que su desarrollo ha resultado altamente beneficioso para la democracia española. Aseguran incluso que fue un auténtico acierto conceder la autonomía a todas las regiones de España porque, de esta forma, se obliga a las autonomías históricas a ser moderadas a la hora de reclamar poderes, ya que saben que habría que dárselos a todas.

Esos mismos políticos, en ambientes privados, reconocen la excesiva  complejidad y hasta el desmadre de las autonomías, y que es urgente al menos la fijación clara de mecanismos de coordinación que  salvaguarden la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, siguiendo el mandato de nuestra Constitución, y que, a la vez,  limite prudencialmente las desmedidas exigencias de los poderes autonómicos. Reconocen igualmente  el desbarajuste económico que supone mantener este sistema autonómico tal como lo conocemos hoy. Pero no van más allá. Nadie se atreve  a simplificar semejante estructura administrativa haciéndola más racional,  bastante más eficaz y menos costosa.

La izquierda, con responsabilidades de Gobierno o sin ellas, está donde estuvo siempre, a su bola, pendiente exclusivamente de sus intereses particulares, de rentabilizar en beneficio propio cualquier situación que se produzca. La izquierda es muy engreída y va siempre  de sobrada. Piensa que ha sido ella la que ha traído el Estado de Bienestar y que, por lo tanto, tiene más derechos que nadie para gobernar. Y si los resultados electorales son adversos, organiza todo tipo de protestas y algaradas y busca en la calle lo que no ha conseguido en las urnas.  La izquierda siempre ha sido mucho  más insidiosa y más falaz que la derecha.

La derecha, en cambio, es bastante más timorata y asustadiza que la izquierda. Parece talmente que se acompleja cuando llega al Gobierno, y es reacia a tomar decisiones. Hasta da la sensación a veces de que pide perdón a sus adversarios políticos por haber ganado las elecciones. Nunca nadie, hasta ahora, había logrado una mayoría absoluta tan amplia como la conseguida por el Partido Popular en las últimas elecciones generales. Los ciudadanos españoles les dieron prácticamente carta blanca para gestionar el Gobierno y arreglar los estropicios  causados por Zapatero en los casi ocho años que estuvo al frente del Ejecutivo.

El Partido Popular es tremendamente reacio a tomar decisiones en solitario que signifiquen un cambio en contra de la voluntad de los socialistas. Es cierto que circunstancias extremadamente graves y urgentes les han obligado a hacer muchas cosas, alguna de ellas muy importantes, entre las que destaca la reforma laboral. Pero llevan ya cinco meses en el Gobierno y no han sido capaces de anular por decreto las subvenciones que cobran oportunamente ciertas Fundaciones y ONGs, la mayoría de ellas vinculadas al PSOE y que fueron aprobadas con toda la malicia del mundo por el Gobierno saliente cuando este  estaba ya en funciones. Las más jugosas van destinadas, como siempre, a atender los derechos sexuales y reproductivos de varios colectivos de mujeres y los consabidos grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.

¿Alguien piensa que, si hubiera sido al revés, los socialistas hubieran dejado pasar cinco meses sin remover hasta los cimientos de las televisiones públicas, del Tribunal Constitucional y hasta del Banco de España y de otros organismos oficiales? Y si se encontraban con alguna norma que lo impidiera, allanarían  inmediatamente el camino con un oportuno decreto ley. El Gobierno de Rajoy, en cambio, espera pacientemente a que se le mueva el cuajo a Rubalcaba y pacte una nueva composición de los mismos.

Han pasado ya cinco meses de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, avalado por una mayoría absoluta abrumadora y Miguel Ángel Fernández Ordoñez continúa siendo el Gobernador del Banco de España, a pesar de su deficiente supervisión de las entidades de crédito. Debido a su punible pasividad y a su olvido del servicio de inspección, no se si intencionado, hemos padecido el mayor desbarajuste financiero español de la historia. No supo o no quiso frenar el insostenible crecimiento del crédito bancario que llevó a las Cajas de Ahorro al borde del colapso.

Y ahí sigue también sin renovarse el Tribunal Constitucional. Se trata de un organismo tremendamente politizado y, en consecuencia, la mayor parte de sus miembros están más preocupados de enmendar la plana al Supremo y de prestar un servicio efectivo al PSOE, que de interpretar correctamente la Constitución.

Y ahí está, sobre todo, la Corporación de RTVE esperando incomprensiblemente ese cambio que no llega. Aunque desde la renuncia de Alberto Oliart en julio de 2011, la presidencia de RTVE está vacante, el personal de la Corporación sigue fiel a los postulados marcados por los socialistas, promoviendo incansablemente, como en los mejores tiempos, el trasnochado sectarismo de izquierdas. Los socialistas procuran estirar esta bicoca para contar, durante el mayor tiempo posible,  con el extraordinario apoyo de los profesionales de medios de comunicación tan importantes como las televisiones públicas. El Partido Popular, sin embargo, respetando pasados acuerdos con el PSOE, aguanta el chaparrón y espera pacientemente algún tipo de acuerdo.

Desde que Mariano Rajoy es presidente, ha habido ya demasiados viernes de dolores para los de siempre, los trabajadores y jubilados. Casi todos los viernes ven desesperanzados como va mermando progresivamente su poder adquisitivo a base de recortes y porque sube la luz, el gas y el transporte y demás servicios básicos. Y esperan de vez cuando la llegada oportuna  de algún viernes de gloria, anunciando el cierre definitivo de los grandes agujeros negros que lastran  nuestra economía y nuestro Estado de Bienestar, por ejemplo la privatización de las televisiones públicas y la simplificación de nuestra estructura autonómica. Aunque todo apunta lamentablemente a que no va a ser así.

El desastre contable de los medios de comunicación públicos no puede ser más claro. Durante 2010, primer año sin soporte publicitario, las televisiones públicas costaron al erario español la friolera  de 2.314 millones de euros, de los cuales  1.918 fueron cubiertos con subvenciones y los 396 restantes a base de aportaciones  de los gobiernos autonómicos. Una cifra, como se  ve, muy superior a los 1.530  millones que se ahorró el Estado con la congelación de las pensiones decretada por Zapatero. Y aún así, a pesar de estas ayudas extraordinarias, cerraron el año con unas pérdidas de 536 millones de euros, que tenemos que sumar a la deuda acumulada de  1.504 millones de euros que vienen arrastrando de atrás.

La privatización de estas cadenas  solucionaría definitivamente este problema y ahorraríamos un dinero que nos vendría muy bien para tapar otros huecos. Pero está visto que ni Rajoy, ni su Gobierno, están por la labor. Prefieren mantener indefinidamente semejante hipoteca, aun que no se para qué, ya que la derecha nunca ha sabido servirse de ella con la maestría con que acostumbra a hacerlo la izquierda. Y aunque el PSOE, en circunstancias similares hubiera actuado autónomamente, el Partido Popular, demasiado tarde para sus intereses, comenzó ya a proponer nombres para consensuar al futuro responsable de RTVE.

El primer nombre propuesto fue el del gallego Francisco Campos que, como era de esperar, fue rechazado por Alfredo Pérez Rubalcaba. Y para alargar lo más posible la situación actual, rechazarán sistemáticamente cuantos vaya proponiendo el Gobierno de Rajoy. Y al final se consensuará a alguien que, de alguna manera, insinúen los socialistas.  Podía ser el caso de Manuel Campo Vidal, actual presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España. Todo el mundo sabe, sin necesidad de ir a Salamanca, que Campo Vidal con quien sintoniza políticamente es con los socialistas, sobre todo con el felipismo. Y aún así, corren rumores fundados de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha llegado ya a un acuerdo con Rubalcaba para que sea este periodista el que rija en breve los destinos de la Corporación  de RTVE. Y esto era ya lo que nos faltaba.

Gijón, 12 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández

domingo, 13 de mayo de 2012

DEL ENGAÑO A LA CRISIS


La actual crisis económica se inició en los Estados Unidos en agosto de 2007. Su comienzo viene marcado por la pérdida de liquidez del sistema bancario estadounidense que llevó a más de medio centenar de bancos y a diversas entidades financieras a la quiebra. Y eso que el Gobierno norteamericano reaccionó inmediatamente y trató de evitar la bancarrota  de las mismas inyectando cientos de miles de millones de dólares. Entre las entidades financieras involucradas están el banco de inversiones Lehman Brothers y la aseguradora AIG.

Todo este proceso sirvió para colapsar la poderosa economía americana. La situación se hizo cada vez más grave,  ocasionando la pérdida de muchos empleos,  provocando lamentablemente la caída de los valores bursátiles y destruyendo la capacidad de consumo y de ahorro de la población. No tardó  mucho esta crisis económica en dar el salto a otros países, expandiéndose rápidamente por toda Europa. Y afectó principalmente a los países más ricos, a los más desarrollados, ocasionando en ellos grandes perjuicios económicos. Y España no fue precisamente una excepción.

El país europeo que primero entró en recesión, fue Dinamarca. El pueblo danés, después de tener  los salarios más altos del mundo y  la tasa de desempleo más baja, cayó en la recesión en el primer trimestre de 2008. En dicho trimestre su PIB sufrió una contracción del -0,6% y un -0,2% en el cuarto trimestre de 2007. Ya en el segundo trimestre de 2008, la economía de la eurozona se contrae un -0,2%, destacando la contracción del -0,5% de Alemania y del -0,3% de Francia. Curiosamente en ese periodo España evita la recesión y sigue creciendo aunque muy débilmente, un +0,1% testimonial.

Algo tendría que ver el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el comportamiento de la crisis financiera en España, siendo así  que, sin estar en la “Champions League de la economía", estábamos mejor preparados que otros países para hacerla frente. Tardó efectivamente en afectarnos más que a nadie, no entrando España en recesión hasta el cuarto trimestre de 2008. Pero cuando empezó a afectarnos, lo hizo desbocadamente y no hubo manera de poner freno a la misma. En el tercer trimestre de 2008, la economía española registró una caída del -0,3%, bastante moderada aún, yéndose en el cuarto trimestre al -1,1%.

Los efectos de la crisis económica han tenido un fuerte impacto en el sector de la construcción. Durante el año 2008, como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la posterior caída de las ventas, fueron muchas las empresas dedicadas a la construcción que se vieron obligadas a presentar suspensión de pagos, algunas tan importantes como Martinsa-Fadesa, con un pasivo  de más de 4.000 millones de euros. Aparte  de las inmobiliarias, hay otras muchas empresas de todo el arco productivo que, por causa de la crisis, tuvieron que cerrar ya en 2008, o se vieron obligadas  a presentar el correspondiente expediente de regulación de empleo, lo que derivó desgraciadamente  en un crecimiento desmesurado de la destrucción de puestos de trabajo.

Se discute incesantemente sobre los motivos de que el paro haya aumentado mucho más en España que en el resto de los países de nuestro entorno. Las conclusiones son muy variadas. Hay quien lo achaca a un crecimiento considerable  de la población activa y otros culpan del desaguisado a la indiscutible rigidez laboral. Pero la mayoría lo atribuye, sin más, a la propia crisis mundial, y olvidan intencionadamente que los demás países también padecieron esa misma crisis y, sin embargo, supieron mantener el desempleo dentro de unos márgenes mucho más racionales. Lo que indica que nuestro Gobierno no supo afrontar correctamente esa crisis y lo hizo tarde, mal y nunca.

La crisis económica afectó más intensamente a España que a los demás países de la Unión Europea porque Zapatero y su Gobierno la  gestionaron muy mal. Comenzaron negándola torpemente, cuando ya estaba haciendo verdaderos estragos en nuestra economía. Y en consecuencia, y para nuestra desgracia, no tomaron medida alguna para minimizarla y mantener a raya los perversos efectos de la misma. Y posteriormente, cuando ya era imposible negar la realidad de nuestra situación crítica, esperaban que llovieran del cielo las soluciones. Y las pocas medidas que tomaron, o eran insuficientes o llegaron demasiado tarde.

Al descontrol presupuestario más absoluto del Gobierno de Zapatero, hay que unir su despilfarro habitual y el de la mayor parte de las Comunidades Autónomas, gastando entre todos, un año sí y otro también, bastante más de lo que se ingresaba, dando así lugar a que se disparara enormemente la deuda pública. A pesar de la magnífica herencia económica que recibió Rodríguez Zapatero de Aznar,  ya en 2007 la deuda de España era del 36,2% del PIB. Y cinco años más tarde, al finalizar 2011, nuestra deuda llega al 68,5% del PIB, alejándose notablemente  del 60% de endeudamiento máximo que permite la UE a los países que la integran.

Nuestra situación económica comenzó  a ser extremadamente preocupante e insostenible. Si además agregamos la deuda implícita contabilizando los compromisos financieros presentes y futuros, asumidos por el Gobierno central y los autonómicos, el problema adquiere tintes verdaderamente dramáticos. Y en vez de intentar buscar soluciones apropiadas, se dedicaron a camuflar y a encubrir datos, alterando las cifras definitivas y reales de las cuentas. Y de este modo engañaron miserablemente a Bruselas y a los españoles. Dijeron que habían logrado cerrar  2011 con  el déficit acordado del 6%, cuando en realidad ese déficit alcanzó el 8,51%. Si traducimos este porcentaje, vemos que se trata de algo más de 93.000 millones de euros. Que es tanto como decir que quemaron casi 30.000 millones de euros más de lo que dijeron.

La credibilidad de Zapatero y de todo su Gobierno hacía tiempo ya que había saltado por los aires como consecuencia de sus desvaríos irresponsables y de su intolerable insensatez. Los mercados financieros dejaron de confiar en nosotros y estuvimos a punto de tener que declararnos en quiebra. Se disparó peligrosamente la prima de riesgo y cayó bajo mínimos la bolsa. El resultado de esa desconfianza se traduce en un sobreprecio del dinero que nos prestan con el consiguiente riesgo de que se desestabilicen nuestras finanzas públicas. A comienzos del año 2010, por ejemplo, apenas si pagábamos un 0,5% más que el tesoro alemán por los bonos a 10 años. Nuestra prima de riesgo estaba en los 50 puntos básicos. La falta de credibilidad ha hecho que, desde entonces,  nos distanciemos considerablemente  de los alemanes. Mientras que el bono alemán se coloca a un interés  del 1,70%, el español sube hasta el 5,80%.

Es en estas circunstancias de descontrol mayúsculo cuando Mariano Rajoy se hace cargo del Gobierno. Todos los indicadores económicos y morales están en situación de alarma, la credibilidad por los suelos, las arcas del Estado vacías, el tejido empresarial deshecho y alguna de las Comunidades Autónomas en plena  rebeldía. Sabe perfectamente Rajoy que su labor debe ir bastante más allá de lo que es una simple política económica. Sabe igualmente que debe iniciar de inmediato serias y complicadas  transformaciones sociales y que, sobre todo,  debe abordar cantidad de reformas impopulares y de recortes sumamente molestos.

El Gobierno de Rajoy comenzó su labor con enorme entusiasmo de modo que, antes de cumplir los cien días de rigor, ya había hecho por España bastante más que, en casi ocho años,  los Gobiernos de Zapatero y Rubalcaba. En un principio, parecía que estábamos recuperando credibilidad y que los mercados financieros comenzaban a confiar en nosotros, ya que bajó la prima de riesgo, resultaba relativamente fácil colocar nuestra deuda a unos intereses aceptables y comenzó a recuperarse la bolsa. Todo indicaba que estábamos volviendo aceleradamente al camino de progreso y  que habíamos encontrado la manera de  salir de la crisis.

Pero todo fue un espejismo momentáneo. Volvió la desconfianza de los mercados financieros, no somos fiables para las instituciones comunitarias. Somos sospechosos para el Banco Central Europeo y para el Fondo Monetario Internacional. En consecuencia, ha vuelto a subir la prima de riesgo, cayó otra vez la bolsa y han vuelto nuevamente las complicaciones para colocar nuestra deuda. Alaban, eso sí,  las reformas ya hechas por Rajoy, y dicen que van por el buen camino, pero quieren que vaya más allá y que sea bastante más ambicioso. Aparte de la reforma laboral, todo lo demás se reduce a simples recortes económicos a los mismos de siempre, a los ciudadanos de a pié, a los de la clase media, reduciendo peligrosamente su capacidad de consumo.

Pero resulta que el principal sumidero por donde se van cantidades ingentes de dinero son las instituciones y no los ciudadanos corrientes. El problema es nuestro desmesurado Estado Autonómico, en el que hay cantidad de órganos y multiplicidad de cargos repetidos unas cuantas veces. Tenemos también un buen número de empresas públicas carentes de toda lógica, muchas de las cuales no tienen ni trabajadores pero sí nutridos consejos de administración, utilizados para dar cobijo a un buen número de políticos en excedencia. Sobran, cómo no, las televisiones públicas y las autonómicas. Y no digamos nada de los trasnochados sindicatos que han olvidado sus funciones y se dedican exclusivamente a vivir del cuento y del erario público. Son muchas las estructuras burocráticas y administrativas totalmente inútiles que solamente sirven para dar ocupación a una nube de políticos vulgares y mediocres.

Y Mariano Rajoy  es plenamente consciente de todo esto. Pero por cobardía o por miedo a levantar ampollas, es reacio a promover una simplificación de esta verbena autonómica. Se limita sencillamente a proponer de una manera muy vaga que hay que “repensar” el Estado autonómico para que sea más eficiente y menos costoso. Y Bruselas y los mercados financieros quieren algo más que  insinuaciones o promesas dudosas; quieren que Rajoy tenga un gesto de valentía y se comprometa seriamente a reducir esa estructura autonómica tan estrafalaria y catastrófica para hacerla plenamente operativa y moderna.

 Si  Mariano Rajoy  afrontara decididamente toda esta serie de reformas, recuperaríamos sin  problemas el prestigio de la Marca España, y no dudaría nadie en aportar todo tipo de esfuerzos y recursos para reflotar nuestra economía. Pero Rajoy es reacio a embarcarse en solitario en semejante empresa, aunque sabe perfectamente  que no puede contar con nadie de la oposición y menos con Alfredo Pérez Rubalcaba. El Secretario  General del PSOE, al que le importa un bledo la marcha titubeante de nuestra economía, busca intencionadamente hacer el mayor daño posible a España porque sabe  que así se lo hace a Rajoy. Dice que Rajoy está solo, que ningún otro partido le apoya. Pero ¡cuánto daría Rubalcaba por disfrutar de semejante  soledad, para no verse obligado a salir a la calle para que alguien pueda escuchar sus ladridos!

Y aunque Rubalcaba sabe que con su postura ocasiona un grave daño a nuestra credibilidad, huye de la prudencia y de la mesura y critica ferozmente las reformas y los recortes de Mariano Rajoy. Lo único que le preocupa es el desgaste y el desprestigio del Gobierno actual y lo busca desesperadamente, para ver si así le llega la oportunidad de optar a la Presidencia, antes de que se le pase definitivamente el arroz. Pero Rubalcaba no está solo en esa dura lucha contra la actuación del Gobierno. Además de sus mesnadas socialistas y los de izquierda unida, están también los sindicatos de clase con sus algaradas y sus luchas callejeras. También cuenta, cómo no, con sus legiones ocasionales, formadas por  los “indignados”, los “anti sistema” y un buen número de “tontos útiles” que no saben ni de qué lado están vueltos.

Y mientras tanto, y a la espera de una mejor oportunidad, sigue creciendo lamentablemente el desprestigio de la Marca España, continua siendo esquiva esa credibilidad que necesitamos y los mercados financieros siguen desconfiando de nosotros. Todo un desastre, una verdadera lástima que, sin embargo, llenará de felicidad a más de un insolidario.

Gijón, 6 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández

domingo, 6 de mayo de 2012

CORTEMOS POR LO SANO DE UNA VEZ

Los enormes y casi siempre disparatados derroches de José Luis Rodríguez Zapatero dejaron las arcas públicas hasta sin telarañas. En esos casi ocho años al frente del Gobierno, batió todos los records de despilfarros. Mariano Rajoy, al hacerse cargo del Gobierno, hereda un déficit fiscal de 90.000 millones de euros, 27.000 millones más de lo que mendazmente aseguraban los responsables  del Gobierno socialista saliente. La situación para el nuevo Gobierno es extremadamente complicada, ya que el total de la deuda acumulada alcanzaba la escalofriante cifra de 340.788 millones de euros y los intereses de la misma rondan los 29.000 millones de euros anuales. No hay dinero ni para pagar los servicios sociales básicos.

A Mariano Rajoy le pasó con Zapatero lo que a Vespasiano con el extravagante Nerón. Cuando Vespasiano llegó al trono imperial de Roma, se encontró sin dinero. El alocado despilfarro de Nerón y la guerra civil desatada para sucederle dejaron las arcas del Imperio completamente vacías, sin un solo sestercio disponible. Investido ya como emperador, Vespasiano demostró ser un buen administrador, redujo al mínimo los gastos superfluos,  reorganizó de una manera más racional la administración y, además de una nueva serie de impuestos,  introdujo algunos tributos  muy especiales que incrementaron rápidamente  la recaudación.

Esperemos que Rajoy sea tan hábil como Vespasiano para reordenar nuestra maltrecha economía, a base de racionalizar los gastos y de controlar adecuadamente nuestras fuentes de ingresos. Las necesidades presupuestarias son tan agobiantes que el Gobierno de Rajoy, no ha tenido más remedio que incrementar el impuesto del IRPF y establecer un tributo, el copago farmacéutico, que está resultando extremadamente polémico. De todos modos, no tan polémico y tan controvertible como el “vectigal urinae”, el gravamen especial que el antiguo emperador romano impuso a los establecimientos que utilizaban la orina recolectada en las letrinas y en la vía pública para el curtido de pieles o para la limpieza de textiles.

Desde que en diciembre de 1942 se crea el Seguro Obligatorio de Enfermedad, hasta nuestros días, la sanidad española, ha experimentado varios y profundos cambios. En 1978 se crea el Insalud y se establece la universalidad del derecho a la salud. La UCD, en 1981,  comete una garrafal torpeza al traspasar a la Comunidad Autónoma de Cataluña los servicios sanitarios que venía gestionando el Insalud. En 1984, dos años después de llegar al Gobierno, el PSOE hace lo propio con Andalucía. Es en 1986 cuando el Insalud, se transforma  en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y se traspasan las  competencias sanitarias a Valencia, al País Vasco, a Navarra y a Galicia. A Canarias le llega el turno diez años más tarde, en 1984. El proceso de descentralización sanitaria culmina en 2002, que es cuando el Partido Popular trasfiere las competencias sanitarias a las diez comunidades restantes, regidas por el artículo 143 de la Constitución.

El 1 de enero de 2002, el Gobierno central cede definitivamente su labor gestora y organizativa del servicio público de salud a las distintas Comunidades Autonómicas. Pasa a desempeñar exclusivamente el papel de simple coordinador del sistema sanitario descentralizado. A partir de esa fecha, son los gobiernos autonómicos los que se responsabilizan de la gestión y de la organización de los servicios de salud y, por consiguiente, de la financiación adecuada de los mismos.  

Es cierto que la sanidad española vive desde hace mucho tiempo, y por muy diversas razones, en un constante estado de déficit estructural y sus presupuestos son manifiestamente cicateros. Hasta la descentralización del sistema sanitario, los déficits de cada año no eran preocupantes porque se enjugaban oportunamente, al final de cada ejercicio, con la socorrida deuda del Estado. Al transferir este servicio público de sanidad a las Comunidades Autónomas, el problema crece desmesuradamente, ya que se dispara el consumo de medicamentos. Se mantienen, es cierto,  los servicios de sanidad, e incluso se mejoran en algunos, pero es siempre a base de acrecentar sistemáticamente el déficit de cada Comunidad Autónoma.

Por este motivo, algunas comunidades se han endeudado más de lo razonable y apenas si pueden hacer frente ya a los gastos farmacéuticos. De hecho, hay comunidades que están pagando los medicamentos a más de 800 días vista, ocasionando así un grave perjuicio económico a los proveedores sanitarios habituales. Y esto es tan injusto e inaceptable como obligar a los pensionistas a pagar parte de los medicamentos, implantando por decreto el dichoso copago farmacéutico.

Está meridianamente claro que el Gobierno de Mariano Rajoy huye de manera instintiva de las complicaciones, escabulle el bulto cuando otea algún obstáculo espinoso. Y para no tener problemas con las Comunidades Autónomas  rebeldes, optó por lo más fácil: en vez de adelgazar de una vez nuestra absurda y abultada estructura administrativa y recuperar nuevamente las competencias sanitarias, exige sacrificios y privaciones a los de siempre e impone a los jubilados una tasa recaudatoria por enfermedad. Con las competencias sanitarias en manos del Estado, dejaría de ser tan acuciante la necesidad de buscar ingresos más o menos atípicos  y de rebote,  contribuiría notablemente a devolver la necesaria igualdad entre los españoles al tener acceso todos a las mismas prestaciones sanitarias.

Es evidente que algo urgente había que hacer, pues la sanidad española llevaba ya tiempo en crisis y peligraba seriamente su sostenibilidad. Pero es absurdo imponer  gravámenes por el hecho de estar enfermo, y continuar soportando tanto gasto ineficiente como hay en la administración pública. Y para colmo de males, viene la ministra de Sanidad, Ana Mato, y justifica ese tipo de terapia, dando a entender que, por culpa de la gratuidad del servicio, los pensionistas abusan del sistema sanitario consumiendo cantidades enormes de medicamentos. Y no es  así. Se ha llegado a esta situación económica lamentable de la sanidad, porque los gestores de la misma, en vez de utilizar criterios empresariales, la han regido aplicando criterios estrictamente políticos. Este es, y no otro, el principal motivo de que el gasto en el sistema sanitario se haya doblado desde que las autonomías se hicieron cargo de su gestión.

Pero aún así, el gasto sanitario en España es francamente moderado si lo comparamos con los países de nuestro entorno, y eso que nuestra sanidad es bastante más completa que la del resto de Europa. Si nos atenemos al informe que realizó  la Organización Mundial de la Salud en 2011, nuestro gasto sanitario público está 821 dólares por habitante y año por debajo de la media de la Unión Europea de los 15 países, entre los que se encuentra España. Si nos comparamos con la Unión Europea de los 27, entonces estamos solamente 43 dólares por debajo de la media. Esto es debido a que Rumania, Bulgaria  y los tres países bálticos de Lituania, Estonia  y Letonia gastan muy poco en sanidad.

Es inadmisible, por lo tanto, que intenten justificar la implantación del copago por el excesivo gasto farmacéutico,  y menos  por el descontrol en el gasto de los mayores.  Y encima quieren hacernos ver que no se trata de una medida recaudatoria, que solamente buscan fomentar el ahorro. A la ministra Ana Mato le importa muy poco pervertir el lenguaje, ya que, a la vez que da ese rejonazo a los mayores, quiere hacernos creer que se trata simplemente de garantizar la asistencia “gratuita, universal y de calidad”. Y esto se lograría reduciendo un 10% la factura sanitaria para  ahorrar unos 7.000 millones de euros al año.

Para lograr esto, acuden a la vieja terapia de Vespasiano: impuestos y más impuestos. Los pensionistas, los que durante su vida laboral soportaron todo tipo de tributos y deducciones sociales para tener cubiertos estos servicios asistenciales, tienen que volver a pagar esa nueva tasa por enfermar. Y estamos otra vez con lo de siempre. Dice la ministra del ramo sanitario, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de los distintos países, que somos los que menos pagamos y la faltó un pelín decir que somos los que más medicamentos consumimos. Se contuvo finalmente y dijo que España es el segundo país del mundo en consumo de medicamentos. Pero que alguien me diga cómo  se compagina esta afirmación con lo que dice la Organización Mundial de la Salud, según la cual, en 2011, en gastos sanitarios ocupamos el penúltimo lugar en la UE de los 15 países.

Está bien que se elimine el turismo sanitario y se controle el acceso a la tarjeta sanitaria de los extranjeros. Sería también interesante que se adecuaran  los envases  de los fármacos de una manera más racional, teniendo en cuenta la duración estimada de los tratamientos. Así no irían tantos medicamentos a los Puntos SIGRE de las farmacias o, lo que es peor, directamente a la basura.  Todo esto aligerará en parte los gastos farmacéuticos, pero no será suficiente. Hace falta algo más. La sostenibilidad del sistema sanitario terminara lamentablemente siendo inviable si la administración central no asume de nuevo esas competencias. Y después gestionarla, claro está, con criterios estrictamente empresariales y no políticos.

Y los recortes hay que hacerlos donde merezca la pena y donde se eliminen gastos inútiles y que no aporten nada, como es el caso de las duplicidades en las  administraciones públicas. Nuestra estructura administrativa, al tener un volumen tan desmesurado, además de ser ineficiente, genera unos gastos desorbitados. Y los ciudadanos le han dado Mariano Rajoy esa mayoría tan notable para que racionalice esa estructura y la haga viable,  operativa y moderna. Y ya es hora de que se ponga las pilas y comience a recortar donde hay mucho que recortar, simplificando la administración y no donde los recursos son escasos.

Que no me digan que no sobran en España parlamentos y parlamentarios. Sobran también defensores del pueblo y consejeros. Sobran coches oficiales y multitud de cargos de confianza. Por sobrar, sobran ayuntamientos, y por supuesto sobran televisiones públicas y hasta sobran privilegios de los políticos y de los amigos de los políticos, además de otras muchas cosas. Esperemos que Rajoy se deje de remilgos y se moje de una vez, que es lo que le piden los que le dieron sus votos.

Gijón, 2 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández