martes, 26 de junio de 2012

NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL EJÉRCITO ESPAÑOL


El paso de José Luis Rodríguez Zapatero por el Gobierno, aunque terminó en fracaso, supuso un duro golpe para la idiosincrasia española y para todas nuestras instituciones más representativas. Nada más desembarcar en La Moncloa, se dedico febrilmente a promulgar nuevas leyes, a poner en marcha nuevos reglamentos y a imponer otro tipo de políticas. Trató una y otra vez de destruir hasta los cimientos de las instituciones básicas de nuestra  sociedad para imponer descaradamente su proyecto ideológico que comporta la sustitución de los valores tradicionales por otros muy poco acordes con la cultura y la historia de España.

Es en el discurso pronunciado por Zapatero en el 37 Congreso del PSOE de 2008, donde nos aclara concluyentemente su manera sectaria de actuar. Dice que para él “el Gobierno es el instrumento” y no la meta. Su mesianismo y su idealismo enfermizo le llevaron a intentar cambiar tanto el rumbo como el carácter de la historia de España. Quiso trastocar nuestra propia identidad asaltando impunemente la sociedad española para cambiar su modelo, subvirtiendo los valores de siempre y abrir así paso a un laicismo y a un relativismo de nuevo cuño para dar así cabida al feminismo radical, convertir el aborto en un derecho, generalizar los famosos lobbies de homosexuales y trocear más fácilmente lo que quedaba de España.

No creo que Zapatero formara parte  del club de  Bilderberg, ni habrá sido nunca invitado, ni siquiera como observador,  a ninguna de sus reuniones cabalísticas. Su talla intelectual no da para tanto. Pero muy pocos jefes de Gobierno habrán hecho tanto como él para poner en marcha los designios más o menos inconfesables de tan elitista club. Y las intenciones más o menos ocultas de semejante grupo son, cundo menos, conspiratorias contra el orden por el que se rigen tradicionalmente los pueblos. No es que quieran imponer por la fuerza el dominio pleno de un capitalismo aberrante, como les acusan los sectores de la izquierda. Para la derecha, en cambio, el grupo de Bilderberg trata de imponer un Gobierno mundial  y una economía planificada.

Decir que el club de Bilderberg trata de imponer por la fuerza un Gobierno mundial, es quizás exagerar demasiado, pero no podemos decir que sea algo totalmente desacertado. Por lo que ha trascendido de ese foro supuestamente masónico, todo apunta a que sus integrantes buscan incansablemente la manera de llevar a la humanidad hacia un nuevo orden mundial de tipo oligárquico. En esto coinciden plenamente con otro grupo que aspira a implantar una New Age o Nueva Era. Y esto exige destruir previamente los Gobiernos particulares de cada país, que fue lo que trató de hacer aquí en España Rodríguez Zapatero, y a punto estuvo de conseguirlo.

Para cumplir con su macabro objetivo,  utilizó maliciosamente todos los resortes e instrumentos de presión que le ofrecía su condición de jefe de un Ejecutivo sumiso y obediente. Cambió leyes, dictó otras nuevas y se valió de su mayoría parlamentaria y de su alianza cómplice con formaciones políticas radicales, de marcado carácter nacionalista y separatista, para romper con los modelos sociales y culturales vigentes desde tiempo inmemorial en la sociedad española. Para conseguir sus propósitos y poner fin a toda una tradición secular española, centró toda su artillería política y mediática para acabar con los tres pilares básicos que más han contribuido a mantener incólume nuestra identidad a lo largo de tantos años: la familia, la Iglesia y el Ejército.

Para desestructurar la familia, Rodríguez Zapatero se arroga en exclusiva la educación moral de los hijos negando ese derecho a los padres. Para ejercer esa labor de adoctrinamiento de los escolares,  pone en marcha la nefasta asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. A la Iglesia quiso recluirla en las sacristías y para minar sus fundamentos, además de del laicismo extremadamente agresivo y el más absurdo de los relativismos, puso de moda la violencia doméstica, los matrimonios homosexuales y la intempestiva reforma de la ley de Libertad Religiosa. Tampoco respetó los sentimientos del Ejército que había estado siempre  a favor de la unidad de España, y para contrariarlos, alentó los nacionalismos y propició la aprobación de nuevos Estatutos de Autonomía que sobrepasan con creces la Constitución de 1078, llenando nuestro suelo de pretendidas naciones.

Desde el principio  de su mandato, José Luis Rodríguez Zapatero intentó  neutralizar desde dentro al Ejército y casi lo consigue. Para lograr su objetivo, subvertir libremente la idea de nación y descuartizar a España, ideó un  plan totalmente maquiavélico para desprestigiar y  ridiculizar al Ejército español, destrozando su dignidad y humillándole incluso ante otros ejércitos extranjeros. Recuérdese al respecto  la vergonzante escena que tuvieron que vivir nuestros soldados,  ante el resto de tropas aliadas, al ser retirados prematuramente de Irak, y a punto estuvo de repetirse la misma escena en la precipitada huida de Kosovo.

Como ni José Bono primero, ni José Antonio Alonso después hicieron mucho para minar la contrastada moral del Ejército, Zapatero decide poner al frente del Ministerio de Defensa a Carme Chacón, una mujer que milita en el socialismo catalán y que frecuentemente ha dado muestras de simpatizar demasiado con un  nacionalismo excluyente y de odiar incluso a España. Ocultó sus sentimientos separatistas, claro está,  en vísperas del 38 Congreso Federal del PSOE para disputar la Secretaría General a Alfredo Pérez Rubalcaba. Recordemos si no su decidido apoyo al desafortunado Pepe Rubianes con aquel “Tots som Rubianes”.

Tan pronto como Carme Chacón se hizo con las riendas del Ministerio de Defensa, comenzó inmediatamente su labor intensiva de acoso y derribo de las costumbres y tradiciones castrenses más arraigadas y queridas por los distintos cuerpos militares.  Como era de esperar, dedicó todo su esfuerzo a erradicar por completo los distintos elementos religiosos que aún perduran en las Fuerzas Armadas. Con este fin elaboró un  nuevo Reglamento de Honores Militares en el que se prohíbe expresamente a los legionarios rendir honores  al famoso Cristo de la Buena Muerte de Málaga. El caso malagueño se repite en la procesión del Corpus de Toledo al prohibir que los militares de la Academia de Infantería rindan honores al Santísimo y la banda militar interprete el Himno Nacional, aunque se trata de una tradición de unos doscientos años de antigüedad.

Que Carme Chacón buscaba conscientemente la manera de humillar gratuitamente al Ejército, infra valorizándolo y pisoteando sin piedad sus sentimientos quedó ampliamente demostrado con el affaire del “chapiri” famoso, el típico gorro de la Legión. Con el pretexto absurdo de mejorar la imagen de los legionarios, sustituyen su gorra tradicional con borla por una boina de paletos, lo que provocó un general cabreo. Ya se les había obligado a recortar su barba, a prescindir de sus características  patillas y de las camisas abiertas. Llegó a presumir incluso de que, bajo su mandato, se había logrado por fin el Ejército soñado por Azaña hace ahora 80 años.

El recochineo llegó a tal extremo que, por indicación de Zapatero, Carme Chacón, la nieta del famoso anarquista Piqueras, nombra como Director General de Enseñanza Militar a Javier García Fernández, un catedrático de Derecho Constitucional, de ideología típicamente republicana. Todo un experimento social, puesto en práctica de manera artera, para hundir definitivamente la carrera militar.  El nuevo Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, siguiendo disciplinadamente las indicaciones emanadas del Ministerio correspondiente, habilita un “nuevo modelo” de formación de oficiales del Ejército.

A partir de ese momento,  las nuevas promociones de Tenientes procederán del Centro Universitario de la Defensa creado con ese fin y que, para el Ejército  de Tierra, depende en todo de la Universidad de Zaragoza. Es normal que los cadetes afectados por este plan de estudios, aunque hayan iniciado su carrera militar con el mayor entusiasmo del mundo, se desanimen y desengañados opten finalmente por abandonar la milicia. Su situación se hace insostenible desde el momento en que, sin esperarlo y en condiciones adversas, se encuentran estudiando simultáneamente dos carreras dispares, como es la de oficial del Ejército y la de ingeniero de organización industrial.

Los muchachos que aspiran a ser oficiales del ejército llevan una vida muy sacrificada en la Academia General Militar. Son muchas las horas que consumen en interminables marchas, maniobras, desfiles, prácticas de tiro y otros ejercicios requeridos expresamente por su formación específica, sin contar las guardias, los cuarteles y las imaginarias correspondientes. ¿De dónde, pues, van a sacar tiempo para preparar debidamente las asignaturas de la ingeniería que se les exige? No podrán competir jamás con quienes son dueños de su tiempo y lo dedican estrictamente a los estudios exigidos para hacer esa ingeniería. Tendrían que ser superhombres y los superhombres no existen nada más que en la cabeza de Nietzsche.

A los aspirantes a oficiales del Ejército de Tierra, apenas si les queda tiempo libre para preparar adecuadamente las materias específicas de la ingeniería que se les exige. Y esto se traducirá inevitablemente en una cantidad exagerada de suspensos y en un número excesivo de repetidores, como no se habría visto nunca  en la AGM. Y habrá cadetes auténticamente vocacionales que, después de dos años de ilusionados esfuerzos, tendrán que volverse a casa y reorganizar nuevamente su vida, porque volvieron a suspender alguna asignatura de ingeniería que ni añade ni quita nada a la carrera militar.

Como resulta poco menos que  imposible conjugar adecuadamente los tiempos de ambas carreras, la de oficial del Ejército de Tierra y la de ingeniero de organización industrial, se manejó la posibilidad de reducir los tiempos de Instrucción y Adiestramiento militar, en detrimento de su formación específica y a favor de la ingeniería. Creo que una Directiva, aparecida en 2010, aconsejaba adoptar esta aberrante solución. Con tan esperpéntico plan de estudios, los alumnos de la Academia General Militar que, después de dar muchos tumbos, logren terminar su carrera, se moverán con total desparpajo por las matemáticas, pero cuando lleguen a las unidades del Ejército de Tierra… ¿estarán capacitados de verdad para ejercer diestramente su profesión?

Menos mal que, con  las pasadas elecciones generales de 2011 y la estrepitosa derrota socialista,  se puso fin definitivamente a la lamentable etapa de Carme Chacón. Es de esperar que, con la llegada de Pedro Morenés Álvarez-Eulate al Ministerio de defensa, cambie radicalmente el sistema de enseñanza iniciado en  el pasado curso en la AGM y se libere a los nuevos tenientes de la obligación absurda de graduarse simultáneamente en ingeniería. De momento, el nuevo ministro de Defensa ya cesó al anterior Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el civil Javier García Fernández, y ha puesto en ese cargo a un experimentado profesional de la milicia, el general de división Juan Antonio Álvarez Giménez. 

No tenemos porque dudar de la competencia de Javier García Fernández como profesor universitario. Pero no es la persona más indicada para tutelar y dirigir la formación de los futuros oficiales del Ejército. Es sobradamente conocida su querencia republicana y su fervor desmedido por la llamada “memoria histórica” impulsada por Rodríguez Zapatero. Sin embargo el recién nombrado Director General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, el general Juan Antonio Álvarez Giménez, es un profesional con un amplio historial en el mando de tropas y un gran experto en enseñanza militar. Ha estado destinado  en el Tercio Duque de Alba de la Legión, en el Estado Mayor del Ejército entre otros destinos. Ha sido director  de la Academia General Militar y, en la actualidad, estaba al frente de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento Y Evaluación del Mando de Adiestramiento y Doctrina.

Aunque aún quedan en el Ministerio de defensa algunos altos cargos de los nombrados por Carme Chacón, es de esperar que, con la sustitución de Javier García Fernández por el general Álvarez Giménez, van a cambiar muchas cosas en la Academia General Militar de Zaragoza, entre otras el plan de estudios. A partir de ahora, los cadetes tendrán la oportunidad de prepararse adecuadamente para ser en el futuro, antes que ingenieros, unos buenos mandos del Ejército de Tierra.

Barrillos de Las Arrimadas, 20 de junio de 2012

            José Luis valladares Fernández

lunes, 18 de junio de 2012

AHORRAR REDUCIENDO GASTO PÚBLICO


Los que hemos tenido profesionalmente algo que ver con el mundo de la electrónica, estamos habituados a realizar todo tipo de ajustes en los distintos circuitos. Para cada ajuste se cuenta normalmente con dos potenciómetros, uno para ajuste grueso y otros para lo que llamamos ajuste fino. Por pura lógica, comenzamos la operación poniendo el potenciómetro de ajuste fino en el punto medio. Actuamos seguidamente sobre el otro potenciómetro, el del ajuste grueso, para que el valor predeterminado de salida quede dentro de unos márgenes de referencia. Es después de esta operación cuando maniobramos sobre el potenciómetro de ajuste fino, para fijar exactamente el valor de salida requerido.

Hay cierta analogía entre ese ajuste electrónico y el ajuste económico que deben realizar los Gobiernos cuando, por la circunstancia que sea, escasean las tostadas. Es el caso de Mariano Rajoy que recibió de José Luis Rodríguez Zapatero una herencia económica catastrófica y extremadamente complicada. Pero  Rajoy, una vez que se hizo cargo de la complicada situación, obvió el ajuste grueso y pasó directamente al ajuste fino. En vez de reducir gastos públicos para controlar el déficit, optó por sacar más dinero a los ciudadanos particulares, a la sufrida clase media, con recortes inoportunos y subiendo inesperadamente el IRPF.

Antes de acudir a los de siempre, a los que cobran un salario o una pensión, el nuevo Gobierno debió hacer una composición de lugar y analizar con detenimiento todos los gastos que se producen constantemente, ver los que son imprescindibles, los que son simplemente suntuosos o estrictamente graciosos y los que no tienen justificación posible. Y comenzar el ajuste grueso para reducir el déficit eliminando los gastos injustificables, que son muchos, y todos aquellos otros que  no son rigurosamente necesarios.

En esa composición de lugar podrán cerciorarse de que estamos manteniendo más de 4.000 empresas públicas o con participación estatal, alguna de las cuales fueron creadas precisamente para pagar favores políticos o para colocar familiares o amigos. Hay cantidad de empresas municipales y autonómicas que, más que empresas, son agencias de colocación de los partidos y somos nosotros los que las mantenemos con nuestros impuestos.

Tenemos más políticos que los demás países de nuestro entorno, 445.568 exactamente. Es escandaloso el número de liberados, unos 65.130 sindicalistas y 31.210 de la patronal que consumen cantidades ingentes de dinero público en forma de subvenciones. Están también  los 40.000 políticos que, sin ser cargos electos, desempeñan cargos de confianza de otros políticos. Además de los cargos de confianza, proliferan los asesores personales de los políticos electos y también asesores que asesoran a otros asesores. Están después la televisión pública y las televisiones autonómicas que tiran constantemente  del presupuesto público. Hasta dentro del sistema sanitario y educativo se han montado chiringuitos, que dan trabajo respectivamente a 8.260 y 9.320 empleados, cuya misión se reduce exclusivamente a controlar a los demás empleados.

Lo que demuestra fehacientemente que el nuevo Gobierno tenía un amplio campo para eliminar gastos y reducir así el asfixiante déficit, aunque quizás le faltó voluntad y atrevimiento. Podía haberse dedicado, como primera providencia, a racionalizar el gasto público desmontando tanto pesebre inútil como existe, cerrando alguna de esas empresas públicas y vendiendo otras, privatizando la televisión pública y las autonómicas, suprimiendo las subvenciones a sindicatos, a la patronal y a los partidos políticos. Y si todo esto no es suficiente para adaptar nuestro elevado déficit a las exigencias de Bruselas, entonces, y  solo entonces se podría acudir a la socorrida vía recaudatoria. Pero eso sí, imponiendo a los políticos, a los que viven del presupuesto público, las mismas cargas fiscales y los mismos esfuerzos y sacrificios que soportan los demás ciudadanos de a pie.

Pero no ha sido así. Los políticos siguen siendo una casta protegida y conservan todos  sus privilegios. Como son tremendamente corporativistas, se defienden unos a  otros sin complejo alguno. Todo sigue en pie. No se ha eliminado ninguno de los comederos tradicionales, se mantienen intactos todos los chiringuitos que venían de atrás y se respetan escrupulosamente hasta los acuerdos tomados por el Gobierno anterior cuando ya estaba en funciones. No se han atrevido a suprimir ni las subvenciones sospechosas de amiguismo, concedidas in extremis  a distintas  Fundaciones y ONGs de filiación socialista. Y los sindicatos, lo mismo que la patronal, conservan prácticamente intactas todas sus prerrogativas y exenciones y siguen cobrando sus millonarias subvenciones.

Los verdaderos paganini de la crisis son siempre los mismos, los ciudadanos corrientes, los que viven honradamente de su trabajo o de su pensión. Son también los que tendrán que apechugar con las consecuencias que inexcusablemente se deriven  de los recortes en Sanidad y Educación. No se si es porque ya están acostumbrados a recibir continuos sablazos y a que se les pida constantemente que se aprieten el cinturón que, aunque pierdan parte de su pelo en la gatera de la salida de la crisis, aceptan estoicamente su lamentable situación y ya ni siquiera se molestan en protestar. Para qué, si saben que nadie les hace caso.

Con la subida imprevista del IRPF, se han empobrecido las clases medias, se han quedado sin capacidad de ahorro y no han tenido más remedio que restringir drásticamente  su consumo. Esa reducción tan evidente de renta disponible en los hogares españoles ha dado lugar a que cayera un 1% el consumo familiar durante el primer trimestre de 2012 y, por consiguiente a una recaudación fiscal menor de lo esperado. Para complicar aún más las cosas, a la inevitable caída de la demanda interna tenemos que agregar el recorte del 5,2% en el consumo público y la contracción del 8,2% soportada por la inversión.

La caída notable del consumo de las familias afecta gravemente al comercio, sobre todo al comercio minorista. Si comparamos el volumen de ventas del pasado mes de abril con el mismo mes del año 2011, nos encontramos con un descenso en las ventas del 9,8%. A este respecto, es revelador el descenso del tráfico en las carreteras de pago que, en los cinco primeros meses del año, descendió un 11% en relación con el mismo periodo del año anterior.

La subida de impuestos, sobre todo los imprevistos, provocan en las familias una sensación de miedo, lo que se traducirá forzosamente en una restricción aún mayor de su consumo. Y ya sabemos que el consumo privado juega un papel muy importante  en el comportamiento del PIB. Hay otros factores  que influyen decididamente en la marcha negativa de nuestra economía. Por ejemplo, durante el primer trimestre de 2012 cayeron las exportaciones de servicios un 5%, con relación al último trimestre de 2011 y se contrajo también un 3,8% el gasto que los no residentes suelen hacer en España.

Para rizar aún más el rizo, ya solo nos faltaba que tuviera razón Rubalcaba y se cumplieran sus malintencionados vaticinios. Este personaje insidioso pronostica descaradamente que seremos los ciudadanos corrientes los que devolvamos a la Unión Europea esos 100.000 millones  de euros concedidos a España para reflotar las antiguas Cajas de Ahorros. Con otras palabras, que seremos los mismos de siempre los avalistas involuntarios de ese préstamo, que ha abierto Europa,  como línea de crédito,  para recuperar la solvencia de las Cajas reconvertidas en Bancos. Claro que, para Rubalcaba y para Joaquín Almunia, se trata de un  rescate financiero en toda regla que “lleva  aparejado unas obligaciones  y compromisos” y “algún otro tipo  de condiciones”.

Se trate de un rescate financiero o de una simple línea de crédito como dice Mariano Rajoy, es un dinero que necesitábamos urgentemente para recuperar esas entidades bancarias. Es una buena noticia, aunque supone un incremento del 10% de nuestra deuda. Y esto, en consecuencia, si no se racionaliza adecuadamente nuestra estructura administrativa para reducir de una manera drástica el gasto público, puede ocasionarnos algún trastorno negativo más adelante. Aunque el actual Gobierno no quiera verlo, el Estado de las Autonomías, tal como lo conocemos,  desborda por completo nuestra capacidad económica para financiarlo.

Gijón, 12 de junio de 2012

José Luis Valladares Fernández

lunes, 11 de junio de 2012

"OVERBOOKING" DE POLÍTICOS


Resulta muy raro, sobre todo cuando se habla de hostelería  y de viajes en avión,  que no aparezca el término ingles overbooking, pues es relativamente frecuente vender más servicios de los que, en realidad, pueden atenderse. La sobreventa es una práctica muy extendida en el sector turístico para asegurar la ocupación plena del espacio disponible. Hoy día, aquí en España, también podemos utilizar semejante vocablo para referirnos al exagerado número de políticos que viven de los presupuestos oficiales, bastantes más de los que tiene cualquier otro  país de Europa. Hay claramente overbooking de políticos.

El número de políticos españoles que cobran sus sueldos de los impuestos de todos los ciudadanos es prácticamente el doble de los que hay en Francia y en Italia. Llama la atención que en España haya  300.000 políticos más que en Alemania, siendo así que los alemanes nos doblan en población y, además, están mucho más descentralizados que nosotros. En total, son casi medio millón de ciudadanos, 445.568 para ser exactos, los que ocupan un cargo político en la administración pública española. Salimos aproximadamente a un político por cada 50 trabajadores. Tenemos más políticos que médicos, policías y bomberos juntos. Tenemos exactamente 165.967 médicos ejerciendo y 154.000 policías, lo que quiere decir que tenemos 2,7 políticos por médico y 2,8 por policía.

La cifra de 75.864 políticos, que obtenemos sumando los 350 diputados, los 266 senadores, los 1.206 parlamentarios autonómicos, los 8.112 alcaldes y los 65.896 concejales, con ser sumamente abultada, se queda en un simple aperitivo. Hay posiblemente una inflación de Ayuntamientos, en cuyo caso sobrarían algunos  alcaldes y un número más amplio de concejales. Pero lo que sobra, sin ningún género de dudas, es el Senado y, con él, los 266 senadores. El Senado aparece por primera vez  en 1834, por decisión de la regenta de Isabel II, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Con la Constitución de 1978 resurge de nuevo el Senado, pero como cámara de representación territorial. A parte de la labor inútil de segunda lectura, el Senado tiene la atribución exclusiva, siempre que lo apruebe por mayoría absoluta, de autorizar al Gobierno adoptar medidas concretas contra alguna Comunidad Autónoma.

Después de 35 años de restaurado el Senado, una cosa queda muy clara, que estamos ante una institución perfectamente inútil y que, a lo largo de estos años, se ha convertido en el símbolo evidente del despilfarro más desvergonzado en la estructura de la administración española. En la pasada legislatura, los senadores tuvieron la desfachatez enorme de permitir el uso de las diversas lenguas cooficiales, obligando así a introducir la traducción simultanea. Da grima ver a estos representantes del pueblo, que podían entenderse perfectamente hablando castellano, que es la lengua común de todos, utilizando traductores que pagamos todos nosotros. El inefable José Montilla justificaba este hecho diciendo que “las lenguas no tienen precio”. Es absurdo mantener instituciones que, como el Senado, no tiene función alguna y, sin embargo, nos cuesta mucho dinero. Su presupuesto para el año 2011 alcanzó la respetable cifra de 55 millones de euros.

Hay otros muchos sitios donde pulula un buen número  de gorrones y vividores. Nada menos que 131.250, vegetan  en empresas públicas o con participación estatal, muchas de las cuales fueron creadas precisamente para pagar favores políticos o para colocar a familiares,  a sus propios amigotes y allegados. Tanto las Comunidades Autónomas como  los Ayuntamientos se comportan como si  fueran agencias de colocación de los partidos políticos. Se sirven para ello de las empresas municipales o autonómicas de la vivienda, de las empresas de transporte y de la proliferación de todo tipo de observatorios  y organismos varios.

Tenemos también, ahí es nada,  65.130 sindicalistas liberados que toda su labor se reduce a cobrar sin trabajar y a encarecer los costes de sus empresas. Su proverbial responsabilidad les empuja a trabajar sin descanso. De ahí que organicen constantemente todo tipo de manifestaciones y protestas callejeras. Y si les queda algo de tiempo libre, procuran mejorar sus emolumentos ejerciendo de consejeros en cualquier Caja de Ahorros, en RTVE o similar. La pauta ejemplar la marca, sin duda alguna, José Ricardo Martínez, líder indiscutible de la UGT madrileña. La patronal cuanta también con 31.210 liberados. Unos y otros realizan funciones políticas y sus organizaciones nutren sus arcas con dinero público.

No olvidemos que tenemos  40.000 políticos, desempeñando  cargos de confianza de otros políticos. Esta cifra es tan alta porque los grupos municipales y los parlamentarios autonómicos se han aficionado últimamente a nombrar por menos de nada cargos de confianza. Además de los cargos de confianza, proliferan los asesores personales al servicio de los políticos electos. Y hasta nos encontramos frecuentemente con  asesores que asesoran a otros asesores. Es el llamativo invento de alguna Comunidad Autónoma. Tanto los asesores como los cargos de confianza forman un buen grupo de enchufados, que ni ellos mismos saben cual es su labor.

En el sistema sanitario y en el educativo nos encontramos con 8.260  y 9.320 empleados políticos respectivamente,  dedicados de manera casi exclusiva a controlar a los demás empleados públicos. El resto de políticos contratados para cobrar y no hacer prácticamente nada útil hasta completar los 445.568 los encontramos en los lugares más variados, sean estos organismos públicos, fundaciones, consejos o cualquier otro tipo de entidad susceptible de vivir del cuento. Una muestra evidente del enchufismo  que ha proliferado profusamente entre nuestra clase política que aspira a ocupar puestos que estén, eso sí, magníficamente retribuidos pero que no exijan esfuerzos. Se aferran descaradamente a la práctica de la dulce holgazanería.

En la actualidad, son muchos los empresarios que, para mantener a flote sus empresas, acuden frecuentemente a los expedientes de regulación de empleo (ERE) para despedir a parte de sus trabajadores. Y es muy posible que la mayoría de estos despidos estén plenamente justificados. Pero nadie se acuerda de los organismos públicos, donde vegetan cada vez más vividores inútiles. Aquí si que es urgente aplicar un ERE, si es que queremos reducir el gasto público y dignificar convenientemente la profesión política.

Gijón, 30 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández

domingo, 3 de junio de 2012

SUBIDAS FISCALES Y DÉFICIT PÚBLICO


Los ingresos del Estado proceden mayoritariamente de los impuestos, que pueden ser directos e indirectos. Y una buena parte de ellos corren a cargo de los simples ciudadanos, y se recaudan principalmente  a través del IRPF y del IVA. Hay veces que  el Gobierno de turno necesita hacer caja inmediatamente para mantener equilibradas las cuentas públicas. Entonces, si la urgencia de dinero es perentoria, opta casi siempre por subir la presión fiscal, pero eso si, después de preparar debidamente el ambiente. Y suelen hacerlo, indicando que se trata de una subida de impuestos temporal y afirmando sin el menor recato que nuestra presión fiscal es de las más bajas y que, en consecuencia, pagamos menos impuestos que los vecinos de los países de nuestro entorno.

Semejante falacia fue utilizada profusamente por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando subió el IVA dos puntos, eliminó la deducción anual de los 400 euros en el IRPF, suprimió sin más la deuda hipotecaria en la vivienda y aumentó los impuestos especiales a la gasolina o el tabaco. ¿Quién no recuerda la expresión de José Blanco: "si queremos unos servicios públicos y unas infraestructuras que estén a la altura de los países más avanzados, no podemos seguir teniendo el IVA más bajo de Europa", que pronunció en el Club de Encuentro Manuel Broseta de Valencia, en el transcurso de una conferencia?

Y fue el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro el que, sin ponerse colorado, repitió la misma memez de Blanco. Fue el pasado día 16 de mayo, en unas jornadas sobre presupuestos cuando Montoro aseguró descaradamente que “el nivel de presión fiscal en España es realmente absurdo”. Quizás busque con semejante frase, preparar debidamente a los de siempre, a los asalariados y a los pensionistas, para exprimirles un poco más, exigiéndoles un nuevo esfuerzo fiscal, ya que los ingresos procedentes de los impuestos siguen desplomándose continuamente.

Claro que, como escribió Calderón de la Barca, “En la vida todo es verdad y todo es mentira”; o, como afirmó más tarde  Ramón de Campoamor, “nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira”. Si no entramos en otras consideraciones y comparamos sin más los tipos de IVA que soportamos en España, está muy claro que somos uno de los países que menos pagamos por este concepto. Solamente Chipre y Luxemburgo, con un tipo general del 15%,  estarían por debajo de nosotros. El tipo general de España es del 18%, mientras que Alemania, los Países Bajos y Grecia están en el 19%; en el Reino Unido se despachan  con el 20% y en Bélgica con el 21%; en Francia hasta ahora estaban en el 19,6%, pero subirán al 21,1% a partir del próximo día 1 de octubre.

Vistas así las cosas, estamos un 2,9% por debajo de la media europea que alcanza actualmente  el 20,9% para el tipo máximo. De todas maneras, el termino “presión fiscal” no guarda relación alguna con los tipos impositivos que pueden ser más altos o más bajos. Pues la recaudación tributaria estará siempre en consonancia con el estado de la actividad económica. Cuando esta actividad está deprimida, esa recaudación se reducirá de acuerdo con la reducción que experimenten  las bases imponibles sobre los que se aplican dichos tipos. Y esas bases imponibles han venido cayendo sistemáticamente desde el año 2008.

Hay que tener en cuenta que la presión fiscal no guarda relación alguna con el esfuerzo fiscal. Se puede tener una presión fiscal relativamente baja y, sin embargo,  soportar un esfuerzo fiscal demasiado alto. Todo depende del poder adquisitivo de cada país. Y está muy claro que el esfuerzo fiscal de los españoles es uno de los más elevados de Europa. El lugar que ocupamos en la lista de los países que cuentan con un salario mínimo fijado por ley es buena muestra de ello. Entre los países más representativos de Europa, tenemos a Dinamarca con 2.000 mensuales de salario mínimo; a Luxemburgo con 1.682,76, a Francia con 1.398,37 y al Reino Unido con 1.070 euros. Ese salario mínimo interprofesional en España se queda en 641,40 euros. La diferencia  con los países de nuestro entorno es francamente notable.

El ejemplo  de Dinamarca es paradigmático. La presión fiscal de Dinamarca es 49,24% más alta que la de España, pero el esfuerzo fiscal que soporta es un 19,4% más baja que la española.  Encontraríamos casos similares en Luxemburgo, en Austria, en los Países Bajos y en Noruega. El caso contrario lo encontraríamos en Bulgaria y en Rumania. La presión fiscal en estos países es inferior a la de España y, sin embargo, su esfuerzo fiscal es considerablemente más alto que el de los españoles.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), al que hemos de hacer frente todos los españoles, rompe todos nuestros esquemas fiscales y tributarios, ya que es superior al que se paga en Francia, en Alemania o en Italia. Con la última e inesperada  subida, el tipo marginal máximo de nuestro IRPF pasa del 45 al 52% y se convierte en el tercero más alto de toda Europa, por detrás  de Suecia y Bélgica y empatando con Holanda. Todavía son más escandalosos, claro está, los casos de los españoles  que cumplen con el fisco en las Comunidades Autónomas de Cataluña, cuyo tipo máximo  es del 56%,  en Asturias que es del 55,5%, en Andalucía, Extremadura y Cantabria que es del 55% o el de Valencia que es del 54%, superadas solamente por Suecia.

Hay que señalar que el número de españoles obligados a apechugar con el tipo marginal más alto del IRPF no pasará de ser meramente testimonial. Pero es exactamente lo mismo si nos atenemos al tipo marginal medio que, con toda seguridad, afecta a muchos más españoles. Mientras que la media de la Unión Europea, para este tipo, está en el 37%, en España llegamos al 45,8%. Podemos extender la comparación a otros países, alguno tan importante como Estados Unidos, y el resultado no es en absoluto más halagüeño. El tipo marginal medio de España estaría siete puntos por encima de Norteamérica y unos diecisiete puntos por encima de Brasil, Rusia, India y China.

Algo parecido ha pasado con las rentas del capital y del ahorro. Hasta el 31 de diciembre de 2009, tributábamos por los ahorros al tipo único del 18%. En esa fecha, José Luis Rodríguez Zapatero subió este impuesto y lo hizo en dos tramos, el primero de ellos hasta 6.000 euros y el segundo de 6.000 euros en adelante. El tipo aplicado durante los años de 2010 y 2011 fue del 19% para rentas de capital del primer tramo y de 21% para el segundo.

Al menos para los años 2012 y 2013, por decisión del nuevo Gobierno de Mariano Rajoy se modifica también al alza la tributación sobre las rentas del capital y del ahorro y se añade un tramo más. Para las rentas inferiores a 6.000 euros se establece un tipo impositivo del 21%. Entre los 6.000 y los 24.000 euros, ese tipo será del 25%. Para las rentas del capital que superen los 24.000 euros se establece el tipo impositivo del 27%.  Con esta nueva imposición fiscal al ahorro, dejamos de tener unos tipos impositivos relativamente competitivos frente a los países de nuestro entorno y pasan a ser similares a los del Reino Unido y Alemania. Por lo que será poco menos que imposible atraer el ahorro y las inversiones exteriores que necesitamos imperiosamente para iniciar nuestra recuperación.

Con esta subida de impuestos se exprime otra vez más a la clase media, ya que va a cargar ella solita con el  85% del  incremento fiscal, destinado según parece a enjugar nuestro déficit público.  Y esto se va a notar claramente en el consumo interno que empeorará hasta límites insospechados y sin consumo no va a ser fácil salir de la crisis, ya que las economías privadas están prácticamente al límite de sus posibilidades. Hay que tener en cuenta, además,  que el déficit público proviene de un gasto público extremadamente alto y no porque los ingresos fiscales fueran demasiado bajos. Por lo tanto, esta considerable subida de nuestras cargas fiscales servirá exclusivamente para seguir manteniendo ese Estado tan sobredimensionado y tan ineficiente como  es el nuestro.

Gijón, 23 de mayo de 2012

José Luis Valladares Fernández