jueves, 20 de diciembre de 2012

ABUSOS DE LOS POLÍTICOS


La administración pública española cuenta con más políticos por habitante que ningún otro país de Europa.  Hay un estudio que, según las malas lenguas fue elaborado por tres asesores de la Presidencia del Gobierno, según el cual son  445.568 los políticos que, de una manera u otra, viven  espléndidamente bien a costa de nuestro presupuesto público. Según ese mismo estudio,  tenemos 300.000 políticos más que Alemania, algo inconcebible ya que Alemania nos dobla en población. Superamos también en número a los políticos de  Italia y Francia, y eso que Francia se caracteriza por una administración pública muy sobredimensionada.

Con el estrepitoso fracaso de la burbuja inmobiliaria y, por tanto, sin los estupendos ingresos proporcionados por permisos de obra,  por calificaciones de terrenos y por otros muchos capítulos, nos resulta extraordinariamente difícil mantener a tanto político. Y a ese abultado número de políticos tenemos que añadir sus asesores y alguno de sus familiares y amigos que también viven a nuestra costa. Para eso están precisamente las empresas públicas, las fundaciones, las agencias y todo tipo de observatorios, para colocar  a dedo a toda esa tropa de adeptos, allegados y demás colegas.

Nuestra administración  ha crecido desmesuradamente, sobre todo a nivel autonómico y municipal. Y todo para que ningún político se quede sin su correspondiente cargo, sea éste electo o contratado. Es escalofriante la cifra de cargos electos, que suma en total 73.515 políticos. A los 350 diputados del  Congreso, hay que añadir los 266 senadores y los 1.218 diputados autonómicos que sobran evidentemente. Tenemos también 68.462 entre alcaldes y concejales, 1.810 consejeros comarcales y 1.409 diputados provinciales y consejeros insulares.

jueves, 13 de diciembre de 2012

VI.- CATALUÑA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA


Los nacionalismos surgieron evidentemente a la sombra del Romanticismo, y no tardaron mucho en extenderse por algunas regiones de España.  Lo que un principio no era más que un movimiento impreciso, cobró nueva fuerza y se consolido definitivamente con la restauración de la monarquía. Con la decisión del general Martínez Campos de poner fin a la Primera República proclamando a Alfonso XIII como rey de España el 31 de diciembre de 1874, los movimientos  de carácter nacionalista cobraron mucha más fuerza. Fue una especie de reacción contra la uniformidad y el centralismo que trataría de imponer  nuevamente la monarquía.

El nacionalismo catalán, es cierto, dio un paso más, pero sin llegar nunca al separatismo propugnado hoy día por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y, últimamente, por Convergencia i Unió. Esquerra Republicana fue fundada en 1931, pocos días antes de la proclamación de la Segunda República, y de aquella era simplemente un partido federalista. Buena prueba de ello es que el 14 de abril de 1931, el mismo día que Madrid, Francesc Macià proclamó la República Catalana, pero dentro de una federación de pueblos hispanos y no como país independiente.

Con la aprobación de la Constitución republicana, se permitió a las regiones la posibilidad de declararse autónomas. Los catalanes lo hicieron. El Estatuto de la nueva autonomía se aprobó en  1932, instaurándose  legalmente un Gobierno y un  Parlamento autónomos en Cataluña. El primer presidente de la Generalidad fue Francesc Maciâ y, cuando éste murió en diciembre de 1933, ocupó el cargo Lluís Companys.

En 1934 entran en el Gobierno, que seguía presidiendo Alejandro Lerroux, tres ministros de la CEDA, que era la coalición ganadora de las elecciones de 1933. Este hecho fue utilizado, sobre todo, por los socialistas para convocar en toda España la huelga general revolucionaria de 1934.  En vista del éxito que la Revolución de 1934 tuvo en Asturias, Lluís Companys se levanta contra el Gobierno y  proclama el Estado Catalán, dentro, eso sí,  de la “República Federal Española”, conculcando gravemente la legalidad republicana.

A Companys, sin embargo, le dio la espalda el movimiento obrero. Solamente pudo contar con el apoyo armado de los Mozos de Escuadra y de los milicianos de su propio partido. Al contar con tan escaso número de fuerzas revolucionarias, el levantamiento fue aplastado fácilmente por el general Domingo Batet.  Companys fue detenido y encarcelado y las instituciones autónomas catalanas suspendidas. El Gobierno español nombró un ejecutivo provisional compuesto principalmente por miembros de la Lliga Catalana y de los radicales de Alejandro Lerroux. Pero en las elecciones de 1936, el Frente Popular se hace con el Gobierno. Como era de esperar, amnistiaron a los participantes en la tentativa revolucionaria de 1934 y colocaron nuevamente a Lluís Companys al frente del Gobierno Catalán.

El  caos revolucionario se fue adueñando de la sociedad. La crispación política y social dio paso a un clima de violencia callejera tan extremadamente cruel que, como era de esperar, hizo inevitable la Guerra Civil española. El asesinato de José Calvo Sotelo fue el detonante que concitó a un buen número de militares a levantarse contra la actuación suicida del Frente Popular. Así evitaron el golpe de Estado que estaba preparando Francisco Largo Caballero para instaurar plenamente la dictadura del proletariado.

El alzamiento militar en Barcelona fue liderado por el general Manuel Goded. Tiene que enfrentarse a la Guardia de Asalto, a los Mozos de Escuadra y a los militantes  de los sindicatos y de los partidos de izquierda que disponían ya de suficientes armas. Pero al general Goded le falló la Guardia Civil que, a última hora,  decidió mantenerse fiel al Frente Popular. Este hecho fue determinante para el estrepitoso fracaso de la tentativa militar en toda Cataluña. A partir de entonces, esta región quedaría teóricamente bajo la autoridad del gobierno republicano, aunque el poder real estaba en manos de las milicias populares.

El levantamiento frustrado del general Manuel Goded desató toda una oleada de represión indiscriminada en Cataluña contra los sospechosos de sintonizar con los sublevados. Los milicianos montaron una cacería feroz contra los simpatizantes  de la Lliga Catalana y contra los religiosos consagrados. En esa lista entraban también los militares sospechosos, los terratenientes y los industriales. Y esa lista se iba ampliando infamemente a medida que arreciaba la contienda en toda España. Los enemigos a abatir ya no eran solo los políticos de la derecha, lo eran también sus votantes;  a las listas de sacerdotes y religiosos católicos, agregaban ahora a los que eran sospechosos de asistir regularmente a misa.

Los ánimos entre los milicianos catalanes llegaron a estar tan exaltados que, en mayo de 1937, terminaron por enfrentarse a tiros entre ellos mismos. Se formaron dos grupos antagónicos perfectamente diferenciados: los anarquistas de la CNT-FAI y los del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), dominado ampliamente por los trotskistas. Tanto los del POUM como los de la CNT-FAI eran ante todo partidarios de la revolución social, mientras que  los integrantes del gobierno republicano, como ERC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), la UGT y algún otro grupo minoritario, daban preferencia a la guerra.

El conflicto entre ambos grupos estalló violentamente en  mayo de 1937, al intentar la Generalidad hacerse con el edificio de la Telefónica. La ocupación de Telefónica, en realidad, no fue nada más que una provocación, o una disculpa para acabar con  los trotskistas del POUM, porque resultaban tremendamente incómodos para el dominio hegemónico del PCE y el PSUC, que seguían  ciegamente los dictados soviéticos. Esto, sin olvidar que los trotskistas del POUM estaban enemistados con Moscú, y podían comprometer seriamente las relaciones de la República con su proveedor de armas.

Con absoluta independencia de esta lucha por el poder entre distintas facciones de republicanos catalanes, la presión revolucionaria desatada en Cataluña generó un clima de inseguridad, que escapaba al control de los Gobiernos de Madrid y de la Generalidad. No es, pues, de extrañar que, ante tan peligrosa situación, huyera un buen número de catalanes a Francia, regresando muchos de ellos a la península por la llamada zona nacional para alistarse en distintos cuerpos del ejército mandado por Franco.

Se formó incluso un Tercio de Requetés, formado exclusivamente por voluntarios catalanes evadidos de la zona controlada por el Frente Popular.  Tercio de Requetés que recibe el nombre de Tercio de Nuestra Señora de Montserrat e instala su cuartel general en la ciudad de Zaragoza. El primer mando de este Tercio fue el alférez provisional Pedro Gallart Folch. Aún antes de completar su armamento, la primera sección del Tercio se dirige  a Mediana de Aragón en tareas de vigilancia. Su bautismo de fuego se produce el 23 de marzo de 1937 donde dan muestras de un inusitado valor.

El Tercio de Nuestra Señora de Montserrat interviene activamente en varios frentes, en Extremadura y en la decisiva batalla del Ebro. Y si en todos ellos dio un ejemplo admirable al resto de las unidades, fue en el municipio zaragozano de Codo donde más brillo por su arrojo y valor, defendiendo la  posición ante los ataques de una masa del ejército enemigo muy superior en número y en medios logísticos. Por semejante gesta, Franco les concedió el 12 de noviembre de 1943 a este Tercio la Cruz Laureada de San Fernando Colectiva.

En la aplastante victoria en la batalla del Ebro, la actuación del Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Montserrat fue extraordinariamente concluyente. Dando muestras de una acometividad asombrosa y un valor encomiable, se lanzaron al asalto de las posiciones enemigas sin que nadie pudiera detenerlos. Y fue el 4 de noviembre de 1938, cuando los requetés  del Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, una vez liberada la población de Pinell de Bray, tienen el honor de ser los primeros en atravesar el Ebro. Unos meses más tarde, en julio de 1939 reciben en Barcelona un homenaje público de toda Cataluña.

Tras la trabajada victoria en la batalla del Ebro, y la rotura  en dos del frente republicano con la ocupación de Vinaroz, Cataluña quedaba definitivamente aislada de los territorios controlados aún por la República y a merced de las tropas de Franco. A mediados de enero de 1939 entran en Tarragona, lo que supone el hundimiento total de los efectivos del Frente Popular que, en desbandada huye a Francia. Las fuerzas comandadas  por Franco ocupan ya, sin resistencia, las demás provincias catalanas. La entrada en Barcelona fue apoteósica, siendo ovacionadas entusiásticamente las tropas ya que, por fin, se veían libres del terror impuesto en julio de 1936 por las milicias del Frente Popular.

Queda meridianamente claro que ni los partidarios que se decantaron por Franco, ni los que apostaron claramente por las tesis impuestas desde la izquierda más montaraz, jamás lucharon por la independencia de Cataluña. Ambas fuerzas lucharon denodadamente por España, unos por la España nacional, la España de la libertad y los valores morales, y otros lo hicieron por la España republicana, la España revolucionaria y popular. El  mismo Lluís Companys no era separatista. Defendía celosamente, eso si, sus atribuciones y competencias, pero siempre formando parte de la República Española. El sueño independentista nace mucho más tarde, practica y curiosamente a partir de la transición democrática.

Gijón, 19 de noviembre de 2012

José Luis Valladares Fernández

jueves, 6 de diciembre de 2012

LAS PRERROGATIVAS DE LOS POLÍTICOS


 Usando la terminología del materialismo histórico popularizada por el marxismo, podemos decir que, en Occidente,  bajo el yugo del Imperio Romano, se fue sustituyendo poco a poco el esclavismo por un feudalismo que, aunque algo más humano, consagraba jurídicamente la desigualdad entre los ciudadanos. Y este régimen feudal se mantuvo intacto en España durante varios siglos. Fueron las Cortes de Cádiz las que dieron el primer paso, en 1811, para abolir los injustos dictados de vasallo y vasallaje. Colaboraron positivamente en la supresión del feudalismo, la revolución industrial que llegó por fin a España y la revolución burguesa.

Los últimos vestigios del feudalismo desaparecieron, al menos aparentemente, con la configuración del Estado liberal durante el reinado de Isabel II. Y hoy día, el artículo 14 de nuestra Constitución quiere corroborar esa igualdad absoluta de todos los ciudadanos con estas palabras: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Será verdad que todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otros porque la casta política ha terminado por situarse más allá del bien y del mal. Aunque entre nuestros políticos predomina ampliamente la mediocridad, han sabido instalarse en el privilegio y en el favoritismo más descarado. Funcionan como en un sistema feudal y, con la excepción del período de elecciones, tratan al resto de ciudadanos como si fueran auténticos plebeyos. Ya se han encargado ellos de redactar su propio régimen jurídico y laboral, que les reporta unas prerrogativas excesivas y unos beneficios extraordinarios, que no están al alcance de los demás mortales.

Muchos de esos privilegios, a los que se aferran de manera escandalosa,  quiebran inevitablemente el principio de igualdad consagrado por la Constitución. Hasta se pasan unos cuantos pueblos con la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial reconocido por nuestra Carta Magna. Estas prerrogativas surgieron para proteger la necesaria independencia de los parlamentarios en tiempos de las monarquías absolutistas y no tenían la consideración de privilegios. Se trataba simplemente de garantizar el funcionamiento libre e independiente de las cámaras parlamentarias y hoy ese problema no existe. Aquí en España se va aún más lejos, y se extiende la inmunidad parlamentaria hasta para los delitos de corrupción.

A parte de estas tradicionales y hoy innecesarias prerrogativas, la casta política no ha hecho más  que procurarse egoístamente el mayor número posible de privilegios. Y como lleva más de 30 años acaparando gangas y beneficios, sus ventajas sobre los demás ciudadanos son escandalosamente insultantes y astronómicas. Para la casta política no hay crisis económica que valga, ya que están por encima de cualquier contingencia económica. Las privaciones, las  estrecheces no van con ellos. Eso queda para los currantes, para los ciudadanos de a pié.

La lista detallada de las diferencias de trato entre un político y un ciudadano corriente, sería interminable. Por eso vamos a repasar las más lacerantes y que más desmoralización producen entre las gentes normales. Cuando los diputados electos llegan al Congreso después de una elecciones, con el correspondiente acta que acredita su nombramiento, reciben un  móvil última generación, un Ipad último grito y la conexión, desde su domicilio, a una línea de ADSL Y todo ello sin coste alguno.

Mientras que los currantes están obligados a tributar por el total de sus ingresos, los políticos que se sientan en el Congreso y el Senado solamente lo hacen por los dos tercios de su salario y al insultante tipo del 4,5%. El otro tercio restante no está sujeto al IRPF porque se supone que es una especie de indemnización para cubrir los gastos que origina el cargo institucional.  Pasa lo mismo con los años de cotización que precisan unos y otros para alcanzar la pensión máxima. Mientras que los trabajadores necesitan cotizar durante  35 largos años para conseguir una jubilación de 32.000 euros anuales, a sus señorías les basta con  dos legislaturas en el cargo o siete años de cotización y los primeros espadas alcanzarán los 74.000 euros anuales de pensión. Hay además otros agravantes: las pensiones de los políticos son perfectamente compatibles con otros sueldos de la administración o con cualquier otra actividad económica.

Otra ventaja considerable de estos parlamentarios es el sueldo. El salario medio de un trabajador en España es de 22.511 euros, algo más de 1.800 euros mensuales. Los diputados,  por ejemplo, tienen un sueldo base  de 2.813,87 euros. Pero a esta cantidad hay que sumar toda una serie de ayudas y los más variados e inimaginables complementos, de modo que su salario aumenta considerablemente, acercándose en muchos casos a los 10.000 euros mensuales. Guarda relación, eso sí, según que participe en más  o en menos ponencias y comisiones, y que ejerza o no de portavoz de alguna de ellas. De todos modos, son muy pocos los diputados que se quedan por debajo de los 5.000 euros mensuales.

Uno de esos complementos, que incrementan el sueldo de los diputados, corresponde a los gastos de alojamiento y manutención. Todos los  diputados de circunscripciones distintas  a la de Madrid reciben 1.823,86 euros, para ayudarles a pagar los gastos de manutención y de hotel o alquiler de vivienda en la capital. Los parlamentarios electos por Madrid perciben exactamente por el mismo concepto 870,56 euros. Estas cantidades están, además,  exentas de tributación a la hacienda pública. Y aún hay más: cada vez que los parlamentarios viajan oficialmente al extranjero cobran una dieta de 150 euros diarios y 120 euros si es por España.

No es esto todo. A pesar de las elevadas dietas que cobran para gastos  de alojamiento y manutención, sus señorías pueden utilizar ventajosamente, si así les place, los servicios de restaurante que funcionan con toda normalidad en el Senado, en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid. Los políticos pueden utilizar estos servicios por un precio módico y ridículo, aproximadamente una tercera parte  de lo que pagan, por el menú más barato, aquellos trabajadores que tienen que mantenerse  por su cuenta. Los de la casta privilegiada, que utilicen esos servicios de restaurante,  pagarán 3,55 euros por una comida normal con dos platos, el postre, la bebida y el café. Los mismos escolares madrileños tienen que pagar 25 céntimos más, y eso que solamente se trata de utilizar el comedor y servirse del microondas para calentar la comida que llevan de su casa.

En el Congreso están a la orden del día las comisiones que llaman de trabajo, a las que están adscritos 29 presidentes, 55 vicepresidentes, 56 secretarios, 217 portavoces y 148 portavoces adjuntos y sustitutos. Y todos ellos, claro está, reciben gastos de representación, que oscilan, según el cargo, entre los 697,65 euros y 1.431,31 euros. En el caso del presidente del Congreso, esa cantidad se eleva hasta los 3.327,89 euros. También existe un complemento mensual por gastos de libre disposición que cobra el presidente del Congreso, el vicepresidente, los secretarios y los portavoces. El importe de esta ayuda va de los 600 euros a los 2.728 euros para el presidente.

Además de no pagar ningún medio de transporte, los parlamentarios foráneos que utilicen su propio vehículo  para ir a Madrid, cobran un kilometraje de 0,25 euros por kilómetro. Y a los que no disponen de coche oficial, se les facilita  una tarjeta personalizada, con un límite anual de 3.000 euros que utilizan profusamente para abonar el servicio de taxi en Madrid.  Cuentan además con un plan de pensiones con cargo a la Cámara legislativa, con lo que van a completar  su pensión el día que se jubilen.

Las ventajas de los parlamentarios no terminan aquí. Disfrutan en exclusiva de otros muchos beneficios que no tienen los demás mortales, por ejemplo la indemnización por cese en el cargo, sea este institucional o representativo. Así que, cuando dejen el cargo, percibirán una indemnización equivalente a una mensualidad de su asignación salarial por  cada año de mandato parlamentario en las Cortes Generales hasta un máximo de 24 mensualidades. Otro tanto ocurre con los ministros. Cuando estos cesan en su cargo, cobrarán una indemnización del 80% de su salario durante dos años, perfectamente compatible con la remuneración de cualquier otro cargo público. Disfrutan también de esta Ganga los ex secretarios de Estado. Ahí están para demostrarlo Diego López Garrido e Inmaculada Gómez Piñero.

Pero aún hay más cosas. Mientras no se trate de una votación, no se controla el absentismo de los parlamentarios. Y de hecho, estamos cansados de ver, con demasiada frecuencia, distintas tomas de la televisión mostrándonos cantidad de asientos vacíos. Este comportamiento es impensable en un trabajador normal, porque correría el riesgo de ser despedido inmediatamente.

Pasa otro tanto con los negocios. No son muchos los diputados que se dedican exclusivamente a su labor política. La mayoría de ellos procura engordar sus cuentas corrientes participando asiduamente en empresas privadas o en fundaciones y también, como no, colaborando con algún medio de comunicación.

Así las cosas, no es de extrañar que sean muchos los que quieren dedicarse a la política. Se da, además, la circunstancia de que para político vale cualquiera, ya que no hay que hacer oposiciones como para cualquier otro trabajo. Tienen un inconveniente, eso sí, y es que suelen manchárseles frecuentemente las manos. Es por esto por lo que el Premio Nobel de literatura irlandés, Bernard Shaw,  se guaseó de ellos con una frase que se ha hecho célebre: “Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo y por los mismos motivos”.

Gijón, 23 de noviembre de 2012

José Luis Valladares Fernández