TODO ES POCO PARA LOS POLÍTICOS

Hace ya mucho tiempo que los españoles luchamos contra los políticos, pero nos han ganado la batalla y, además, por goleada. Con la implantación del Estado de las Autonomías en España, comenzaron a llenarse las instituciones de gorrones y de enchufados que se aprovechan descaradamente del presupuesto público. Pero no es fácil determinar el número exacto de estos afortunados que, sin el menor esfuerzo, viven extraordinariamente bien a costa de nuestros impuestos.

De momento, no hay cifras oficiales de los cargos públicos que  ocupan los diversos puestos oficiales de la Administración estatal. Todo indica que son bastante más de 400.000 las personas que actualmente están comiendo la sopa boba. Son evidentemente demasiados. Por eso, la clase política pasó a ser  el tercer gran problema para los españoles, después del paro y de la corrupción. Es tal el desmadre de personal, que hemos pasado  a ser el país con más  políticos por habitante de toda la Unión Europea. En España contamos con una población de 47.500.000 habitantes. Por lo tanto,  tenemos un cargo político por cada 115 ó 120 ciudadanos. En Italia, sin embargo, con 59.750.000 habitantes, esa proporción es más moderada: en números redondos, un político por cada 300 ciudadanos.

Si nos comparamos con Alemania, el resultado es aún mucho más escandaloso. La República Federal de Alemania, con 82 millones largos de habitantes, casi nos dobla en población. Y por si esto fuera poco, está  mucho más descentralizada que España, ya que además de los 16  Bundesländer, cuenta con algunas regiones administrativas, los numerosos distritos y las entidades municipales. Y sin embargo, en vez de doblarnos en cargos públicos, se arreglan exclusivamente con poco más de 100.000 políticos, uno por cada 800 ciudadanos. Nada menos que 300.000 políticos menos que nosotros.

De toda esa nube de políticos que pueblan la administración española, solamente unos 72.000 deben su cargo a un proceso electoral más o menos reglamentario. En esta cifra, aparentemente razonable, están integrados los parlamentarios nacionales de ambas Cámaras, los parlamentarios autonómicos, los diputados provinciales y  los  parlamentarios europeos, además de   la enorme pléyade formada  por todos los alcaldes y concejales españoles.

Pero esa cifra se desmadra con los políticos que aterrizan en la Administración por obra y gracia de algún dedo especial. Es como se cubren habitualmente  los cargos en las empresas públicas o mixtas y en los distintos organismos que dependen de las Comunidades Autónomas o de los Ayuntamientos. Resulta especialmente escandalosa la cantidad que sale de sumar los innumerables cargos de confianza, la nube de asesores y todos los que pululan en los distintos observatorios fantasma creados  ad hoc. Y es que los partidos políticos han convertido las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en auténticas agencias de  colocación para situar de manera digna a sus  familiares, amigos y conmilitones.

Para dar salida a todos sus deudos,  allegados y amistades más próximas, los partidos políticos no han hecho más que montar chiringuitos y tenderetes, sobre todo en Sanidad y Educación.  Así pueden cumplir con los suyos, situándolos mediante designación directa en alguno de esos cargos, donde realizarán preferentemente  tareas de planificación y asesoramiento y, faltaría más, para controlar al resto de empleados públicos.

Y  no acaba aquí la ya enorme lista de aprovechados que viven a costa del dinero público. Tenemos que sumar también a los liberados sindicales y a los de la patronal. El número de liberados sindicales sobrepasan los 60.000 y los de la patronal andan por los 31.000 liberados. Y unos y otros, como el resto de los políticos, se nutren con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas y hasta de los Ayuntamientos.

Una Administración, con esa nómina fija tan amplia, es francamente insostenible, ya que, más o menos, tenemos un cargo político o sindical por cada 105 habitantes. Se trata de una proporción absolutamente descabellada y no hay país, por rico que sea, que  aguante durante mucho tiempo gastos tan desmedidos. La actual crisis económica ha exacerbado aún más el problema y nos ha llevado a tener que afrontar situaciones extremadamente críticas y acuciantes.  Aunque con dificultades, mantuvimos el tipo durante unos años con el dinero fácil que proporcionaba la burbuja inmobiliaria. Pero cuando fracasó el “ladrillo”, los españoles no tuvimos más remedio que cargar con la pesada cruz del endeudamiento y comenzar a recorrer nuestro calvario particular.

Por bien que vayan las cosas, España está ya hipotecada inevitablemente para unas cuantas generaciones. Y a pesar de esto, los dirigentes de ese  Sanedrín de ungidos que rigen a su antojo nuestros destinos, se empeñan en mantener, contra viento y marea, la mastodóntica estructura administrativa que padecemos. Saben, cómo no,  que nuestro mayor problema económico viene dado por el tamaño desmesurado de la Administración Pública, problema que quedaría definitivamente resuelto eliminando las Autonomías. Pero esto es algo que ningún partido político está dispuesto a llevar a cabo. Con la desaparición del Estado autonómico, perderían poder y mucho margen de maniobra y quedarían notablemente reducidas sus posibilidades de premiar con un puesto remunerado a sus serviles acólitos y adláteres.

Los partidos políticos rechazan incluso hasta que las Autonomías devuelvan competencias al Estado, ya que eso comportaría, sin más,  una reducción manifiesta del número de  cargos públicos, cosa que no están dispuestos a aceptar. Quieren mantener como sea el actual modelo de Estado autonómico, aunque saben que, a largo plazo,  es totalmente  inviable e insostenible. Así que, en vez de adoptar una solución drástica para terminar de una vez con esos gastos excesivos de las Administraciones públicas, procuran allegar nuevos ingresos acrecentando injustamente los impuestos, y reduciendo gastos en partidas tan sensibles como Educación, Sanidad y hasta en Infraestructuras.

No son los profesores, ni los médicos, ni las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los causantes de tan espinoso problema. Lo ocasionan evidentemente las decenas de miles de cargos nombrados a dedo y la cantidad exagerada de puestos de confianza que pueblan nuestra administración. El desbarajuste es de tal envergadura que tenemos bastantes más cargos políticos  que médicos, policías y bomberos juntos, aunque estos sean bastante más necesarios que aquellos. Es absolutamente lamentable que se hagan recortes en Educación y en Sanidad,  que se fría a impuestos a los ciudadanos y que, a pesar de todo, se mantengan invariablemente todos los privilegios de la casta política.

Los que mangonean el quehacer diario de los partidos políticos nunca han estado dispuestos a  suprimir las Autonomías y, menos aún, cuando las urnas les han dado responsabilidades de Gobierno. Prefieren equilibrar las cuentas incrementando la deuda pública y, por supuesto,  la presión fiscal. Pero que nadie les hable de suprimir los cargos políticos superfluos que viven a la sombra del erario público.

A veces han hecho promesas, es  cierto, de controlar más directamente las cuentas del Estado, eliminando duplicidades entre las distintas Administraciones, marcando más de cerca a las empresas públicas y a las fundaciones y proponiendo incluso la modificación de la Ley Orgánica del Régimen electoral General. Mariano Rajoy, por ejemplo, prometió, cuando llegó a La Moncloa,  simplificar y racionalizar el enorme entramado de empresas públicas. Pero esa reducción no pasó de ser testimonial, ya que las plantillas siguen intactas. En este momento hay más de 155.000  personas trabajando en esas empresas.

En la actualidad, tenemos unos 68.000 concejales, y el Gobierno de Rajoy, con la anunciada reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, trata de reducir sustancialmente esa cifra, fusionando Ayuntamientos pequeños y transfiriendo a las Diputaciones Provinciales la jurisdicción de los que no llegan a los 20.000 habitantes. Es lo que han hecho ahora Grecia e Italia. Alemania, Suecia y Dinamarca hicieron algo parecido, pero antes de la llegada de la crisis económica.

Es cierto que estos entes locales no son los que más impacto negativo causan en las arcas públicas, ya que un buen número de los concejales afectados por esa reforma o no cobran, o cobran muy poco por su trabajo público. Sería bastante más beneficioso para la economía nacional, por ejemplo, suprimir el Senado, que es organismo perfectamente inútil,  y los Parlamentos Autonómicos  que, además de contribuir directamente en la ruptura de la unidad de mercado, ahondan de manera perniciosa las diferencias entre unos españoles y otros.

Esta reducción de alcaldes y concejales, propuesta por Mariano Rajoy, tendría una influencia global muy pobre en la solución del problema que nos afecta. Pero algo es algo. Sería un primer paso positivo hacia esa necesaria reducción del tamaño desmesurado e insostenible de la Administración Española. Pero no cantemos victoria antes de tiempo, ya que el borrador de dicha Ley ha conmocionado al mundo  municipal y puesto en pie de guerra a los alcaldes. Esa reforma es completamente inadmisible para los socialistas que, desde que apareció el borrador, no han hecho más que lanzar   toda clase de invectivas contra el Gobierno. Gaspar Zarrias, responsable actual de la política municipal del PSOE sin ahorrarse palabras, acusó a Mariano Rajoy de intervencionista y de querer volver a la época en que los gobernadores civiles nombraban a los alcaldes.

Ante la protesta unánime de los regidores municipales y las acusaciones malintencionadas de las gentes del PSOE, Mariano Rajoy se arruga y, momentáneamente al menos, paraliza ese proyecto de reforma. ¿Se trata de una simple tregua o de una suspensión definitiva? El tiempo lo dirá. Si nos hacemos caso de Cristóbal Montoro, el  ministro de Hacienda y Administraciones públicas, no se trata de una paralización definitiva. Se trata más bien de una pausa circunstancial para madurar adecuadamente el texto del proyecto. Pero, no sé, hay mucho miedo al ruido mediático, y creo que falta valentía y arrojo para enfrentarse a los que protestan airadamente, , aunque sean más bien pocos.

Gijón, 9 de marzo de 2014

           José Luis Valladares Fernández