martes, 1 de agosto de 2017

A CADA UNO LO SUYO

            V – Desastroso final de la II República Española

A pesar del enorme fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, Francisco Largo Caballero seguía contando con el apoyo de los socialistas adscritos al sector “bolchevique”  o “leninista”. Y quería conseguir el poder, para cambiar el rumbo de la República burguesa e impulsar el socialismo soviético. Reconocía, eso sí, que había cometido un error garrafal al tratar de conseguir ese objetivo, utilizando exclusivamente la insurrección prescindiendo por completo del sistema institucional representativo.
Es verdad que Largo Caballero buscó afanosamente la manera de  importar la revolución rusa, para convertirse inmediatamente en el indiscutible “Lenin español”. Y tardó demasiado tiempo en comprobar que es prácticamente imposible imponer por la brava el socialismo marxista en los pueblos donde la clase media tiene una gran implantación. Y menos aún si, como ocurre en España, los oficiales y los mandos del Ejército proceden de esa clase media o, incluso, de la clase alta.
Tras el morrocotudo fracaso de la Revolución de Octubre de 1934, Largo Caballero y sus acólitos, aceptan sumisamente los consejos de la Komintern o III Internacional, y comienzan a organizar una especie de frente antifascista, coaligando a todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierda. Y para que esa alianza tuviera un aire más obrerista, exigieron que entrara a formar parte de ella  el Partido Comunista de España (PCE). Y esa coalición entre los republicanos de izquierda y los socialistas se oficializó, por fin, el 15 de enero de 1936, firmando el PSOE por el PCE, por el Partido Sindicalista de Ángel Pestaña y por el POUM.
Y la República defendida por esa coalición, que comenzó a llamarse Frente Popular, discrepaba substancialmente con los dictados de la II República. Y con el fin de reconvertir el sonado fracaso de octubre en una indiscutible victoria popular, incluyeron en su programa la amnistía de los delitos políticos y sociales y, por lo tanto, la excarcelación de todos los detenidos por la famosa Revolución de Octubre. Semejante consorcio comenzó a ser operativo tras las elecciones generales, que se celebraron el 16 de febrero de 1936.
No se habían resuelto totalmente los problemas derivados del famoso escándalo del estraperlo, cuando estalló el caso Nombela. Y esta circunstancia es aprovechada inmediatamente por José María Gil-Robles para forzar la dimisión del presidente del Consejo de Ministros, Joaquín Chapaprieta, retirando su apoyo al Gobierno de coalición con el Partido Republicano Radical. Y Gil-Robles completa la faena, exigiendo la presidencia del Gobierno para sí mismo.

Como era previsible, el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, obvió intencionadamente la lógica reivindicación de Gil-Robles, y el 14 de diciembre de 1935 encomienda a Manuel Portela Valladares la formación de un nuevo Gobierno. Pero por culpa del enfado razonable del partido mayoritario de la derecha y la falta de representatividad de los nuevos ministros, era muy posible que ese Ejecutivo no recibiera la perceptiva confianza del parlamento. Y Alcalá-Zamora trató de eludir el problema, decretando la suspensión de las sesiones parlamentarias durante quince días.
La imprevista paralización de las cortes, sin embargo, sentó realmente mal a los diputados de la CEDA y, sin esperar a más, convocan para el día 7 de enero la Diputación Permanente de las Cortes, para que dictamine si, con semejante decisión, hay, o no hay, una usurpación de funciones. Pero el presidente de la República, temiendo perder la inevitable votación, decide disolver las Cortes y convoca elecciones para el 16 de febrero de 1936.
La coalición electoral entre republicanos de izquierda y los socialistas del PSOE y de la UGT, que recibe el calificativo de Frente Popular, lleva en su programa las supuestas reformas sociales del bienio reformista 1931-1933, paralizadas o eliminadas por los gobiernos conservadores del segundo bienio. Y ofrece, cómo no, más libertad que nunca, grandes dosis de bienestar y amnistía completa para todos los implicados en la Revolución de Asturias en 1934. Con la libertad y el bienestar, faltaría más, intentaba camelar a los trabajadores, y con la amnistía, buscaba expresamente el voto de los anarquistas.
La izquierda siempre ha hecho lo mismo. Se pavonea constantemente de cosas que no tiene y, por supuesto, de actos que jamás ha practicado. Para los prebostes de aquella izquierda, el Frente Popular practicaba una democracia auténtica y modélica. La derecha de entonces, sin embargo, sería todo lo contrario y trataría de imponernos una “España hitleriana, una España ignorante y con hambre, una España sin libertad, sometida al terror de la reacción y el fascismo”.
Los líderes izquierdistas de la República quedaron perfectamente retratados en la campaña electoral de febrero de 1936. Su apuesta por la democracia no es real. O estamos ante una fanfarronada de mal gusto o, más bien, ante una auténtica falacia y ante un engaño manifiesto. Ahí está, por ejemplo, la campaña gansteril que hicieron. En vez de arrepentirse y pedir perdón por la Revolución de Octubre de 1934, se vanagloriaban  de unos actos tan  subversivos como aquellos. Y completaban la faena, con constantes y desmedidas loas al totalitarismo de Stalin, al que deban la calificación, ahí es nada, de auténtico paraíso democrático.
Las elecciones de febrero de 1936 se celebraron en un ambiente extremadamente  complicado y violento. Eran habituales las amenazas, menudeaban las agresiones tanto verbales como físicas y, por supuesto, sin respetar en absoluto la legalidad vigente. Y esto, claro está, influyó en el resultado de aquellas elecciones. El Frente Popular ocupo las calles antes de terminar el recuento de los votos, proclamando sin más, su victoria electoral. Y a instancias de algunos dirigentes irresponsables de la coalición, estos alborotadores se apoderaron de los documentos electorales.
Según investigaciones recientes de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, en aquellas elecciones hubo mucha manipulación y fraude. Tanto la izquierda como la derecha obtuvieron unos resultados muy parecidos, en torno a los cuatro millones y medio de votos. Y si el centro se llevó algo más más de 600.000 votos, ¿dónde está la victoria del Frente Popular?
En las elecciones de febrero de 1936, utilizaron el pucherazo y la manipulación en el escrutinio para conseguir, esta vez sí, lo que no logaron en octubre de 1934, la conquista del poder. Hubo provincias donde ganó claramente la derecha, como es el caso de La Coruña, Lugo, Cáceres y alguna más. Y en otras hubo una situación de empate técnico. Pero desaparecieron varias actas y otras fueron convenientemente manipuladas para que ganara el Frente Popular. Y lo consiguieron, faltaría más, cometiendo toda clase de irregularidades.
La comisión encargada de revisar las actas parlamentarias fue elegida por esa coalición de izquierdas, con el apoyo, claro está, de los reaccionarios vascos. Y como era de esperar, esa comisión realizó alegremente cantidad de chanchullos a instancias de socialistas y comunistas. En las provincias donde perdió claramente la izquierda, por ejemplo, anularon arbitrariamente 23 escaños a la derecha y proclamaron diputados a otros tantos candidatos de la izquierda que habían salido derrotados. Y sin embargo, aceptaron sin rechistar todas las actas de aquellas comarcas donde escamotearon aproximadamente unos 30 escaños a la derecha.
De esa manera tan fraudulenta y escandalosa, el Frente popular se hace con 278 escaños, una mayoría absoluta excesivamente holgada.  Y los líderes de esa coalición comenzaron a actuar como si fueron los auténticos dueños de vidas y haciendas. Y sin pérdida de tiempo, los secuaces de Francisco Largo Caballero comenzaron a demoler el sistema primigenio de la República desde dentro, para sustituirlo por otro eminentemente revolucionario. Trataban de instaurar por la brava una dictadura del proletariado socialista. De ahí, esas llamadas del PSOE a los demás grupos de la coalición para “constituir en todas partes, conjuntamente y a cara descubierta, las milicias del pueblo”.
Y para lograr este propósito, instauraron una censura de prensa extremadamente rígida y, sin pérdida de tiempo, destituyeron todas las corporaciones municipales que consideraban hostiles o simplemente neutrales. Se las arreglaron, incluso, para destituir a Niceto Alcalá-Zamora, que acababa de abrirles el camino hacia el poder con la última convocatoria de elecciones. Le acusaron, ahí es nada, de haber disuelto las Cortes por dos veces  y de manera manifiestamente inconstitucional.
Tras la llegada del Frente Popular al Gobierno, los socialistas y los comunistas utilizaron miserablemente la violencia en la calle para imponer su ley, deteriorando gravemente el orden público y la convivencia social. Comenzaron a menudear nuevamente los asesinatos y la quema de iglesias, la invasión de fincas, el cierre de periódicos de derechas y el asalto a las sedes de los partidos de la oposición. Ante la falta de derechos de los ciudadanos, los partidos obreristas aplicaban su programa revolucionario sin cortapisas y, al ser partidarios de la acción directa y violenta, sumieron a España en una continua huelga salvaje.
Y para complicar aún más la situación, la fuerza pública comenzó a prestar voluntariamente su apoyo a los partidos que integraban el Frente Popular, apoyo que utilizaban, sobre todo los socialistas y los comunistas, para agredir de manera inmisericorde a los militantes y a los simpatizantes de la derecha y, por supuesto, a los que sintonizaban con la religión católica. No olvidemos que  tanto el PCE, como el PSOE y la UGT, trataban de importar íntegramente la revolución soviética. Los comunistas, incluso, querían que España se convirtiera, sin más, en una simple sucursal de la Unión Soviética, bajo el dictado de Stalin.
Es verdad que los socialistas formaban parte integrante de las fuerzas republicanas de izquierdas adscritas al Frente Popular. Pero Francisco Largo Caballero, que contaba con un amplio respaldo dentro del partido y del sindicato, se negó tajantemente a que su formación política entrara en el Gobierno de esa coalición. También se opuso a que Indalecio Prieto sustituyera a Manuel Azaña en la presidencia del Gobierno, cuando éste se hizo cargo de la presidencia de la República.
De aquella, Largo Caballero, se dedicaba fundamentalmente a mimar  a las distintas “organizaciones obreras”, para ayudarlas, cómo no, a preservar íntegramente su unidad y su ilusión. Preveía que el fracaso de los “burgueses republicanos” era ya algo inevitable y que no iba a tardar en producirse. La clase obrera, por lo tanto, no podía descuidarse y tenía que estar preparada,  para poder conquistar el poder cuando llegue ese momento. Después vendría la imposición de la “dictadura del proletariado” y, por supuesto, la sustitución de la república burguesa o democrática por otra claramente más revolucionaria y totalitaria.
Y esa oportunidad llegó, pero demasiado tarde. Cuando Francisco Largo Caballero asumió la presidencia del Gobierno, España estaba ya sumida en la Guerra Civil. Tras el supuesto triunfo del Frente Popular, la movilización intempestiva de la clase obrera y campesina generó desgraciadamente una agitación social y laboral, desconocida hasta entonces, que provocó  un aumento considerable de la violencia política. De las intimidaciones y las amenazas iniciales, se pasó  muy pronto a las agresiones físicas y a los asesinatos indiscriminados por cuestiones estrictamente ideológicas.
En mayo de 1936, cuando Manuel Azaña asume la presidencia de la República y encarga la formación de un nuevo Gobierno a Santiago Casares Quiroga, el clima que se respiraba en España era ya extremadamente convulso e irrespirable. Y Casares Quiroga, cuando puso en marcha ese Gobierno, comenzaba a oírse el eco lejano de los tambores de guerra de la España tradicional que no se resignaba a morir, y que protestaba airadamente porque  el Estado se había convertido ya en un “instrumento sectario puesto al servicio de la violencia y del crimen”.
La situación política en España llegó a ser tan crítica y caótica que, tras la trifulca parlamentaria con José Calvo Sotelo, Julián Besteiro, sumamente preocupado, hizo este acertado comentario: "Si el gobierno no cierra el Parlamento hasta que se aquieten las pasiones, seremos nosotros mismos los que desencadenaremos, aquí dentro, la guerra civil". Y así fue. Toda la derecha española quería enderezar el rumbo suicida iniciado por la República y poner fin definitivamente a esa revolución de corte soviético que trataba de liquidar las libertades públicas y que había comenzado a sembrar el terror rojo en la sociedad española.
Y el alevoso asesinato de Calvo Sotelo, que se produjo el 13 de julio, une por fin a toda la derecha. Y una vez puestos de acuerdo, aceptan el reto de restablecer el orden,  la cordura y las libertades públicas que se habían perdido y, el 18 de julio, ponen en marcha el llamado “Alzamiento Nacional”. Cuentan con la complicidad de una parte importante del Ejercito, para acabar urgentemente con la violencia imperante y, faltaría más, con el entreguismo irresponsable de los jerarcas republicanos, que estaban haciendo de España un pueblo esclavo de Rusia y de las veleidades de Stalin.
El Gobierno, sin embargo, no aguantó el envite planteado por el Ejército, y Casares Quiroga dimitió la misma tarde del 18 de julio. Acuciado por la gravedad del momento, y con la intención de frenar la rebelión militar, el presidente de la República, Manuel Azaña, acude inmediatamente al presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, y le insta a que forme un Gobierno lo más rápidamente posible, recomendándole, eso sí, que incorpore a algún que otro miembro de la derecha, excluyendo, por supuesto, a los comunistas. Pero los socialistas, instigados por el propio Largo Caballero, no quisieron participar en el Gobierno.
Y al final, los socialistas y los anarcosindicalistas hicieron causa común con los comunistas y terminaron negándose a reconocer al nuevo Gobierno. Martínez Barrio se asustó y dimitió el mismo día 19. Para solucionar el problema de la mejor manera posible, el presidente de la República requirió el consejo de todos los partidos políticos. Largo Caballero, por ejemplo, condicionó nuevamente la participación de los socialistas al reparto de armas a los sindicatos y, por supuesto, la licencia inmediata de todos los soldados.
Después de escuchar a unos y otros, Manuel Azaña encargó la formación de un nuevo Gobierno a José Giral, que se rodea exclusivamente de republicanos izquierdistas. También estaba de acuerdo con la distribución de armas y con la disolución del Ejército, tal como exigía Largo Caballero. Pero el nuevo presidente fue incapaz de restaurar la autoridad del Gobierno y comenzó a perder incluso hasta el necesario apoyo de la izquierda radical. Esto supuso, claro está, su inevitable y profunda desmoralización, lo que le llevó a presentar su dimisión irrevocable, apenas mes y medio después de haber asumido el cargo. 
Es verdad que Manuel Azaña culpaba a los sindicatos del terrible caos que estaba soportando la República y, en consecuencia, era completamente reacio a que participaran en un Gobierno. Pero en aquella ocasión tan crítica que estaban viviendo, soportando continuos y bochornosos fracasos bélicos, no tuvo más remedio que entregar el poder a Francisco Largo Caballero, líder indiscutible dela UGT. Y en ese su primer Gobierno de coalición, predominaban claramente, es cierto, los ministros socialistas, pero había también unos cuantos ministros republicanos, varios comunistas y hasta uno del PNV.
Hay que tener en cuenta que Largo Caballero esperaba impacientemente que llegara este momento. Tras el fracaso sonado de la Revolución de Octubre de 1934, necesitaba llegar al Gobierno para poder sovietizar más fácilmente a la sociedad española. Pero la oportunidad de acceder al Gobierno le llega en un momento extremadamente complicado, ya que tiene que hacer frente a la Guerra Civil, teniendo además  al ejército de Franco a las puertas de Madrid.
Y a pesar de las enormes dificultades sobrevenidas, Francisco Largo Caballero seguirá intentando importar la Revolución Soviética, aprovechando, claro está, las nuevas facilidades que le da el hecho de presidir  el Gobierno de la República. Para ampliar sus apoyos entre la clase trabajadora, el 4 de noviembre de 1936 da entrada en su Gobierno a cuatro destacados miembros  de la CNT. Y entre ellos estaba, como ministra de Sanidad y Asistencia Social, la famosa anarcosindicalista Federica Montseny.
Entre otras cosas, al Gobierno de Largo Caballero le perdió su afán desmedido por imponer el socialismo revolucionario a los españoles. Estaba tan interesado en la liquidación violenta de todas las libertades públicas, que fue incapaz de gestionar correctamente la defensa de la capital y las demás operaciones bélicas. Para verse convertido en el Lenin español, Largo Caballero era extremadamente condescendiente con sus propias huestes, con los anarquistas y con los trotskistas del POUM. Esto provocó, como es lógico, el descontento de los republicanos de izquierda, de los comunistas y hasta de los seguidores de Indalecio Prieto.
Ante el descontento generalizado de los sectores políticos que integraban la coalición de Gobierno, Largo Caballero emprende la reorganización del poder republicano y, por supuesto, de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas y de las demás fuerzas que se enfrentan al Ejército de Franco. Pero era ya demasiado tarde. Los comunistas, que aún no habían digerido convenientemente la negativa del presidente del Gobierno a fusionar PSOE y PCE para formar un gran partido marxista, comenzaron a protestar de manera airada y a pedir insistentemente su inmediata dimisión.
Y aducen la disculpa de la desastrosa gestión que hace de la guerra, para abroncar tan duramente al presidente del Gobierno. Los comunistas cambiaron inesperadamente de actitud porque Largo Caballero se negó en redondo a ilegalizar al Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), tal como exigía la Unión Soviética. A esa especie de repulsa hacia el presidente del Gobierno, se sumaron seguidamente los socialistas de Prieto y, por supuesto, el presidente de la República, Manuel Azaña. La presión ejercida por estos grupos fue tan alta, que Francisco Largo Caballero presentó su dimisión el 17 de mayo de 1937.
Y ese mismo día, siguiendo fielmente las indicaciones interesadas de los seguidores de Indalecio Prieto, Manuel Azaña entrega la presidencia del Gobierno a Juan Negrín López. Y como buen vasallo y cortesano de Stalin, procuró ignorar bellacamente los asesinatos de Andreu Nin y de los dirigentes más destacados del POUM. Publicó, eso sí, los llamados “Trece puntos de Negrín”, con los que pretendía, entre otras cosas, establecer un principio de acuerdo con los militares rebeldes. Pero Franco se mostró inconmovible,  y mantuvo firmemente su exigencia de rendición incondicional.
Ante la manifiesta imposibilidad de alcanzar la paz utilizando el diálogo, Negrín puso en marcha una gran ofensiva bélica que fracasó rotundamente. Dicha ofensiva se saldó realmente con la derrota humillante de los republicanos en las batallas de Brunete  y Belchite. Además de adueñarse de todo el Norte, las tropas de Franco conquistaron fácilmente Teruel y el importante enclave de Alcañiz en Aragón. Pasa lo mismo en Cataluña, con Lérida y Tortosa y en Castellón, con Vinaroz y Benicarló, cortando así en dos la zona republicana y aislando a Cataluña, donde estaban el Gobierno y las Cortes de la España republicana, sin más salidas que Francia o el mar.
Los republicanos respondieron con la batalla del Ebro que fue, con mucho, la más larga y una de las más sangrientas de toda la Guerra Civil. Y tras cuatro meses de encarnizada lucha, y a pesar de los esporádicos éxitos iniciales, el ejército republicano sufrió una contundente derrota y, humillado, fue obligado a huir, teniendo que cruzar nuevamente el Ebro, pero en sentido inverso. Con esta abultada derrota, el destino de la Segunda República Española estaba ya cantado y, a partir de ese momento, fueron cayendo seguidamente los objetivos pendientes sin un gran esfuerzo.
Una vez derrotado el llamado Ejército rojo y hundida finalmente la República Española, comenzó la desbandada de los prebostes del Frente Popular. Huyeron cobardemente, dejando en la estacada, en muchos casos, a izquierdistas ocasionales que cometieron la torpeza de seguir ciegamente sus consignas. Abandonaron, incluso, a Largo Caballero que se vio aislado en Francia, sin seguidores y hasta sin dinero, aunque fue uno de los máximos gerifaltes republicanos. Todo lo contrario que Indalecio Prieto y Juan Negrín que se beneficiaron desvergonzadamente del gigantesco tesoro expoliado a los españoles, y que llegó a México a bordo del yate Vita.
Cuando la derrota del Ejército Popular de la República era ya inapelable, Juan Negrín se instaló en Francia, trasladándose posteriormente a Londres y continuó, claro está, presidiendo el Gobierno de la República en el exilio. Finalizada la  Guerra Mundial se instala en México y, allí, al aparecer nuevas y graves divergencias con Indalecio Prieto y con Diego Martínez Barrio, Negrín dimite en 1945 de todos sus cargos ante las Cortes en el exilio. Y hasta fue expulsado del PSOE en abril de 1946, aunque lo rehabilitaron en el Congreso Federal que los socialistas celebraron en el año 2008.
A todos los dirigentes del Frente Popular, tanto si están exiliados en un país  o en otro, se les cae la baba confesándose firmes defensores de la II República Española y tildan alegremente a Franco de golpista, acusándole de haber utilizado la violencia para acabar de una vez con el régimen que se habían dado libremente  los españoles. Y ésta falsa posición es asumida invariablemente por todos los izquierdistas que en España han sido.
No olvidemos que la República del 14 de abril de 1931, proclamada de manera francamente irregular, y que terminó siendo aceptada con reparos, y como mal menor, por una mayoría significativa de españoles. Y no es menos cierto que los cabecillas del Frente Popular, en vez de defender la República, la utilizaron indecentemente para hacerse con el poder, para imponer por la fuerza la revolución socialista que había triunfado en Rusia. Fueron ellos los primeros que conspiraron contra la Republica para acabar con la democracia e implantar la famosa Dictadura del proletariado.
 Barrillos de Las Arrimadas, 29 de julio de 2017

2 comentarios:

  1. Desde la progresía interesada se habla del golpe de estado de julio del 36, pero no se da el mismo tratamiento a la Revolución del 34, otro golpe de estado en toda regla contra las instituciones democráticas de la República.

    ResponderEliminar
  2. Largo Caballero murio en exilio,eso si con el dinero del Vita.Que gran diferencia con Zugazagoitia.El llamado Lenin de nuestra gran nacion,hizo merito mas que suficiente para ser fusilado.un abrazo.

    ResponderEliminar