NUEVOS PROYECTOS PARLAMENTARIOS

En las famosas ciudades-estado de la Grecia clásica y de la antigua Roma Imperial encontramos ya estructuras políticas y democráticas, que elegían directamente los ciudadanos. En el Senado romano, se marginaba, es verdad, a los senadores plebeyos, y se le atribuía un rango diferente e inferior al de los senadores patricios. Pero todas esas asambleas electas, tanto las helénicas como las romanas, se comportaban más bien como auténticos órganos municipales, ya que, en vez de controlar a los que ejercían el poder, lo asesoraban, o se dedicaban preferentemente a gestionar la cosa pública.

Para que apareciera en escena el parlamentarismo moderno, tenemos que esperar, nada menos que hasta la primavera del año 1188. Y fue precisamente en León, donde tuvo lugar ese acontecimiento. Y fue precisamente en el maravilloso Claustro de la Basílica de San Isidoro, donde se celebraron las primeras Cortes representativas que se conocieron en Europa y en cualquier otra parte del mundo.

Cuando el joven rey Alfonso IX accedió al trono, se encontró con las arcas vacías, entre otras cosas, por culpa de los gastos ocasionados por la guerra con Portugal y con Castilla. Y para continuar expandiéndose hacia el sur con la Reconquista, la corona leonesa necesita incrementar notablemente sus ingresos y recurre, cómo no, a la imposición de nuevos impuestos, provocando así una subida exagerada de los precios. Esa decisión real molestó enormemente a la clase ciudadana y, para defender sus propios intereses frente a los del monarca, comenzó a exigir contrapartidas. Ante todo, exigía intervenir en la fiscalización de los gastos regios.

 Para acallar esas protestas, el rey Alfonso IX convoca las Cortes del Reino de León, en las que intervienen por primera vez con voz y voto, al lado del clero y la nobleza, los representantes electos de las principales ciudades. En ese Parlamento, además de ampliar los Fueros de León dictados por Alfonso V, se promulgaron varias leyes destinadas a proteger los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, instaurando la inviolabilidad del domicilio y del correo. Y se obligaba al rey a convocar nuevas Cortes, tanto para hacer la guerra como para declarar la paz.

Y ese tipo de Parlamentarismo democrático, que daba voz a la incipiente burguesía, se extendió rápidamente a los demás reinos de la península ibérica y, por supuesto, a todos los estados  de la Europa Occidental. Ahí están, por ejemplo, las asambleas de los Estados generales que se celebraban en el reino de Francia. Y como no podía ser menos,  el rey Juan Sin Tierra recurrió en 1215 a ese estilo de Parlamentos en el reino de Inglaterra para hacer frente a la rebelión de sus barones.

A partir de aquella primera convocatoria de las Cortes Leonesas en 1188, los monarcas y todos los que, de forma democrática, dirigen los destinos de los diferentes Estados se encuentran mediatizados por sus respectivos Parlamentos. Hasta hace muy pocas décadas, los representantes ocasionales del pueblo estaban normalmente a  favor  del bien común y del interés general de los ciudadanos. Y siempre estaban dispuestos, cómo no, a frenar cualquier tipo de arbitrariedad que pudiera cometerse desde el poder.

Pero esa situación comenzó a cambiar cuando los parlamentarios decidieron asumir ese ‘buenismo’ progre, que ha resultado ser radicalmente falso y contraproducente. Siguen, es verdad, marcando férreamente a los que nos gobiernan, pero se olvidan, claro está, de lo que, en realidad, interesa al conjunto a los ciudadanos de a pie. El Parlamento actual español, por ejemplo, ha dado definitivamente la espalda a la familia, a la vida y a la libertad, conculcando valores fundamentales, que han sido sancionados por nuestra Constitución y hasta por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Que todos los partidos políticos que forman el actual arco parlamentario han quedado gravemente contaminados con  la ideología de género, es evidente. Algunos, como es el caso del PSOE, de IU y de Podemos, bautizados certeramente por alguien como la “Santa Inquisición Progre”, presumen incluso de semejante circunstancia. Y el Partido Popular, dando muestras una vez más de su peligrosa indefinición ideológica y de su enorme cobardía,  trata inútilmente de disimular ese contagio. Y acomplejado ante la audacia temeraria de la izquierda, deja de velar por los valores tradicionales, defraudando así  a la inmensa mayoría de sus votantes.

Y gracias a esa especie de contubernio de todos los partidos políticos, compartido ampliamente por los medios de comunicación, los parlamentarios actuales se olvidan de la defensa del interés general de los ciudadanos, y se ocupan exclusivamente de airear iniciativas que atentan claramente contra la democracia y el bien común. Y ya tienen en  cartera, para el nuevo período de sesiones, los cuatro proyectos estrella que comprometen seriamente la libertad y la dignidad de los seres humanos. Dando muestras de un altruismo trasnochado, tratarán de poner en marcha la eutanasia y los vientres de alquiler y afianzar las leyes  de inmersión LGTB y el Pacto de Estado sobre la violencia de género.

Estamos, claro está, ante los cuatro nuevos jinetes del Apocalipsis, tan nefastos y desconcertantes como los que se describen en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis de san Juan. Una vez consolidado el aborto libre, Podemos, Ciudadanos y el PSOE están firmemente decididos a despenalizar la eutanasia. Y aunque sus propuestas son muy diferentes, terminarán poniéndose de acuerdo para legislar sobre el tema.  Aducirán, eso sí, el miserable pretexto, de liberar a los pacientes del encarnizamiento final en el ocaso de sus vidas. Y esperan, esa es otra, que el Partido Popular acepte la eutanasia libre, del mismo modo que aceptó el aborto libre.

Y si la eutanasia atenta directamente contra el derecho a la vida, en los vientres de alquiler, al explotar de manera mafiosa las posibles necesidades económicas de la mujer, se menosprecia gravemente su dignidad. Y al  niño se le despoja, sin más, de su condición de persona y se le convierte en simple mercancía que se puede comprar.

Convertir en Ley las pretensiones ideológicas del lobby LGTB sería una aberración mayúscula e imperdonable.  Los postulados que defiende este colectivo para privilegiar a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, que son grupos francamente minoritarios, vulneran irremisiblemente algo tan básico como la igualdad de todos ante la ley, la preceptiva presunción de inocencia, la libertad de expresión y hasta el derecho a libertad de educación, avalado  por el artículo 27 de nuestra Constitución.

Los que padecen esa diversidad sexual y de género necesitan, cómo no, atenciones muy especiales que tengan en cuenta sus sentimientos reales o inventados, pero es totalmente absurdo que se incluyan esos postulados en los programas de estudio de los centros de Enseñanza Primaria y de Secundaria. Tampoco es de recibo que, colectivos tan significativamente ideológicos como los grupos de presión LGTB, pretendan formar obligatoriamente a los profesionales que se ocupan de la sanidad, de la educación, o de cualquier otro servicio con implicaciones públicas, tanto si son sociales como deportivas o incluso de ocio.

Por otra parte, la disparatada ley  de Violencia de Género, alumbrada en 2004 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, no sirvió nada más que para criminalizar absurdamente a los varones, al dar por hecho que son culpables mientras no demuestren lo contrario. Y para blindar aún más a las mujeres contra la violencia machista, se va a discutir en el Parlamento Español el proyecto de una nueva Ley Integral o Pacto de Estado, que presumiblemente asumirán todos los partidos políticos.

Con ese nuevo Pacto contra la mal llamada violencia de género, se ahondarán aún más las discrepancias insalvables que ya existen entre el hombre y la mujer. Mientras que el varón acrecienta constantemente su fama de agresor, la mujer se afianza como víctima. Basta una simple denuncia falsa por un supuesto delito de malos tratos, para que el hombre vea como se frustra definitivamente su vida personal y profesional, y la mujer comience a disfrutar de los beneficios, aportados generosamente por el erario público.

Y aunque los responsables políticos esperan que, con el Pacto de Estado sobre violencia de género, disminuya significativamente la violencia machista. Pero los hechos, al menos hasta ahora, demuestran todo lo contrario, ya que aumenta constantemente el  número de mujeres que soporta ese tipo de violencia, y hasta el de las que pierden la vida por ese mismo motivo.

Barrillos de las Arrimadas, 5 de septiembre de 2017

José Luis Valladares Fernández